En tiempos en que cifras asociadas a la emergencia provocada por el Covid-19 se han incrementado, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), subrayó la necesidad de institucionalizar, formalizar “y cumplir con todas las normas y estándares de transparencia y probidad que rigen para cualquier ente público” en el caso de las comisiones asesoras, mesas de trabajo con especialistas y miembros de la sociedad civil, u otras instancias similares. Esto, detalló, “dado que en muchos casos son una extensión de la discusión de temas de alto interés público”.
“Los procesos de toma de decisión sobre cuestiones públicas enmarcados en instancias que no tienen un funcionamiento formal, redunda en que no emite información oficial de su conformación y sus integrantes ni tampoco de los fundamentos y ejecución de sus resoluciones”, enfatizó De la Fuente.
Y es que la falta de institucionalidad y transparencia en estas instancias, más aún en momentos críticos como la emergencia sanitaria, “daña a la autoridad que las convoca, que no le da el estatus que corresponde a la incidencia que los propios convocados pueden tener efectivamente en la toma de decisiones públicas, y a la confianza en el trabajo que realizan este tipo de entidades”.
Para la titular del CPLT es importante comprender que “tanto la coordinación de actores, como la disponibilidad de información oportuna, puede hacer la diferencia en la capacidad de impulsar políticas que salven vidas”.
Institucionalidad y transparencia
“Si una comisión asesora no está formalizada y oficialmente institucionalizada, no sólo su funcionamiento estará asociado a ámbitos de incertidumbre y opacidad, sino que dinamitaremos la posibilidad de contar con mecanismos que nos permitan transparentarla. Como Consejo para la Transparencia creemos que una democracia robusta, profunda y participativa, acorde a lo que los tiempos exigen, no puede permitir ese tipo de situaciones”, apuntó la representante del CPLT.
Para ello hizo el llamado a que el Estado en todas las estructuras e instancias de funcionamiento “debe aplicar los más altos estándares y normas de transparencia y probidad”, ya que de lo contrario cuando se dejan en instancias ajenas a la institucionalidad decisiones de implicancia pública “sólo estamos abonando el terreno para la germinación de todos los vicios que la falta de transparencia conlleva, derruyendo la ya debilitada confianza que se ha ido imponiendo al interior de nuestra sociedad”.
Desde el inicio de la Ley de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo declarado por los propios ciudadanos que han presentado sus casos tras denegarse información por parte de organismos públicos ante el CPLT, cerca de mil 400 reclamos se asocian a información solicitada que no existía.
En tiempos en que cifras asociadas a la emergencia provocada por el Covid-19 se han incrementado, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), subrayó la necesidad de institucionalizar, formalizar “y cumplir con todas las normas y estándares de transparencia y probidad que rigen para cualquier ente público” en el caso de las comisiones asesoras, mesas de trabajo con especialistas y miembros de la sociedad civil, u otras instancias similares. Esto, detalló, “dado que en muchos casos son una extensión de la discusión de temas de alto interés público”.
“Los procesos de toma de decisión sobre cuestiones públicas enmarcados en instancias que no tienen un funcionamiento formal, redunda en que no emite información oficial de su conformación y sus integrantes ni tampoco de los fundamentos y ejecución de sus resoluciones”, enfatizó De la Fuente.
Y es que la falta de institucionalidad y transparencia en estas instancias, más aún en momentos críticos como la emergencia sanitaria, “daña a la autoridad que las convoca, que no le da el estatus que corresponde a la incidencia que los propios convocados pueden tener efectivamente en la toma de decisiones públicas, y a la confianza en el trabajo que realizan este tipo de entidades”.
Para la titular del CPLT es importante comprender que “tanto la coordinación de actores, como la disponibilidad de información oportuna, puede hacer la diferencia en la capacidad de impulsar políticas que salven vidas”.
Institucionalidad y transparencia
“Si una comisión asesora no está formalizada y oficialmente institucionalizada, no sólo su funcionamiento estará asociado a ámbitos de incertidumbre y opacidad, sino que dinamitaremos la posibilidad de contar con mecanismos que nos permitan transparentarla. Como Consejo para la Transparencia creemos que una democracia robusta, profunda y participativa, acorde a lo que los tiempos exigen, no puede permitir ese tipo de situaciones”, apuntó la representante del CPLT.
Para ello hizo el llamado a que el Estado en todas las estructuras e instancias de funcionamiento “debe aplicar los más altos estándares y normas de transparencia y probidad”, ya que de lo contrario cuando se dejan en instancias ajenas a la institucionalidad decisiones de implicancia pública “sólo estamos abonando el terreno para la germinación de todos los vicios que la falta de transparencia conlleva, derruyendo la ya debilitada confianza que se ha ido imponiendo al interior de nuestra sociedad”.
Desde el inicio de la Ley de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo declarado por los propios ciudadanos que han presentado sus casos tras denegarse información por parte de organismos públicos ante el CPLT, cerca de mil 400 reclamos se asocian a información solicitada que no existía.
En tiempos en que cifras asociadas a la emergencia provocada por el Covid-19 se han incrementado, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), subrayó la necesidad de institucionalizar, formalizar “y cumplir con todas las normas y estándares de transparencia y probidad que rigen para cualquier ente público” en el caso de las comisiones asesoras, mesas de trabajo con especialistas y miembros de la sociedad civil, u otras instancias similares. Esto, detalló, “dado que en muchos casos son una extensión de la discusión de temas de alto interés público”.
“Los procesos de toma de decisión sobre cuestiones públicas enmarcados en instancias que no tienen un funcionamiento formal, redunda en que no emite información oficial de su conformación y sus integrantes ni tampoco de los fundamentos y ejecución de sus resoluciones”, enfatizó De la Fuente.
Y es que la falta de institucionalidad y transparencia en estas instancias, más aún en momentos críticos como la emergencia sanitaria, “daña a la autoridad que las convoca, que no le da el estatus que corresponde a la incidencia que los propios convocados pueden tener efectivamente en la toma de decisiones públicas, y a la confianza en el trabajo que realizan este tipo de entidades”.
Para la titular del CPLT es importante comprender que “tanto la coordinación de actores, como la disponibilidad de información oportuna, puede hacer la diferencia en la capacidad de impulsar políticas que salven vidas”.
Institucionalidad y transparencia
“Si una comisión asesora no está formalizada y oficialmente institucionalizada, no sólo su funcionamiento estará asociado a ámbitos de incertidumbre y opacidad, sino que dinamitaremos la posibilidad de contar con mecanismos que nos permitan transparentarla. Como Consejo para la Transparencia creemos que una democracia robusta, profunda y participativa, acorde a lo que los tiempos exigen, no puede permitir ese tipo de situaciones”, apuntó la representante del CPLT.
Para ello hizo el llamado a que el Estado en todas las estructuras e instancias de funcionamiento “debe aplicar los más altos estándares y normas de transparencia y probidad”, ya que de lo contrario cuando se dejan en instancias ajenas a la institucionalidad decisiones de implicancia pública “sólo estamos abonando el terreno para la germinación de todos los vicios que la falta de transparencia conlleva, derruyendo la ya debilitada confianza que se ha ido imponiendo al interior de nuestra sociedad”.
Desde el inicio de la Ley de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo declarado por los propios ciudadanos que han presentado sus casos tras denegarse información por parte de organismos públicos ante el CPLT, cerca de mil 400 reclamos se asocian a información solicitada que no existía.
