Ante el tribunal de Nanterre, Francia, cuatro organizaciones chilenas presentaron un reclamo en contra de la empresa Suez de capitales de esa nación europea, por la crisis sanitaria que se registró en la ciudad de Osorno en julio de 2019 cuando se constató la contaminación del agua que consumen sus habitantes.
El hecho provocó una alerta que se extendió por diez días dejando sin suministro del vital elemento a la población a raíz de un “incidente operativo” de la empresa Essal, sociedad que es controlada por el Grupo Suez.
La presentación surge luego que en el mes de julio de 2020 se enviara un requerimiento al grupo francés donde se pide que cumpla con la normativa de ese país sobre el deber de vigilancia, vigente desde marzo de 2017, donde le piden adoptar las medidas necesarias para resolver las deficiencias e ilegalidades reiteradas en la entrega de agua potable y evitar otra crisis sanitaria.
Después de esto, las organizaciones chilenas elevaron el reclamo al tribunal francés para conseguir que la empresa impulse medidas correctoras y preventivas de este tipo de hechos.
“Después de haber intentado, sin éxito, obtener compromisos significativos por parte de Suez para evitar que se repitan estas crisis sanitarias, ahora pedimos al Tribunal que ordene a Suez que responda a nuestras demandas”, dijo José Aylwin, del Observatorio Ciudadano.
El 10 de julio de 2018, se produjo un vertido de 2 mil litros de petróleo en la planta potabilizadora de Caipulli, operada por la filial de Suez en la ciudad de Osorno. Los hidrocarburos contaminaron la fuente de agua de la planta, lo que supuso la contaminación del conjunto de la red de agua potable, que abastece a 49 mil viviendas del municipio, es decir, a 140 mil 500 personas (el 97,9 por ciento de la población). La contaminación afectó también a dos cursos de agua, el río Rahue y el río Damas.
Durante este periodo de alerta, la crisis sanitaria se agravó debido a la instalación tardía e incompleta de los puntos de abastecimiento de agua alternativos, que ESSAL hubiera debido poner en funcionamiento de forma inmediata, así como por un suministro de agua insuficiente y de mala calidad. El servicio de abastecimiento de agua no se restableció totalmente hasta el 21 de julio de 2019 y fue necesario ampliar la alerta sanitaria hasta el 31 de julio de 2019.
“Los ciudadanos y ciudadanas de Osorno tienen derecho a un servicio regular de agua potable de calidad, como todo ser humano. Es su derecho, así como el de ser resarcidos por los daños ocasionados a su salud y al ecosistema” señaló Ricardo Becerra de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno.
Ante el tribunal de Nanterre, Francia, cuatro organizaciones chilenas presentaron un reclamo en contra de la empresa Suez de capitales de esa nación europea, por la crisis sanitaria que se registró en la ciudad de Osorno en julio de 2019 cuando se constató la contaminación del agua que consumen sus habitantes.
El hecho provocó una alerta que se extendió por diez días dejando sin suministro del vital elemento a la población a raíz de un “incidente operativo” de la empresa Essal, sociedad que es controlada por el Grupo Suez.
La presentación surge luego que en el mes de julio de 2020 se enviara un requerimiento al grupo francés donde se pide que cumpla con la normativa de ese país sobre el deber de vigilancia, vigente desde marzo de 2017, donde le piden adoptar las medidas necesarias para resolver las deficiencias e ilegalidades reiteradas en la entrega de agua potable y evitar otra crisis sanitaria.
Después de esto, las organizaciones chilenas elevaron el reclamo al tribunal francés para conseguir que la empresa impulse medidas correctoras y preventivas de este tipo de hechos.
“Después de haber intentado, sin éxito, obtener compromisos significativos por parte de Suez para evitar que se repitan estas crisis sanitarias, ahora pedimos al Tribunal que ordene a Suez que responda a nuestras demandas”, dijo José Aylwin, del Observatorio Ciudadano.
El 10 de julio de 2018, se produjo un vertido de 2 mil litros de petróleo en la planta potabilizadora de Caipulli, operada por la filial de Suez en la ciudad de Osorno. Los hidrocarburos contaminaron la fuente de agua de la planta, lo que supuso la contaminación del conjunto de la red de agua potable, que abastece a 49 mil viviendas del municipio, es decir, a 140 mil 500 personas (el 97,9 por ciento de la población). La contaminación afectó también a dos cursos de agua, el río Rahue y el río Damas.
Durante este periodo de alerta, la crisis sanitaria se agravó debido a la instalación tardía e incompleta de los puntos de abastecimiento de agua alternativos, que ESSAL hubiera debido poner en funcionamiento de forma inmediata, así como por un suministro de agua insuficiente y de mala calidad. El servicio de abastecimiento de agua no se restableció totalmente hasta el 21 de julio de 2019 y fue necesario ampliar la alerta sanitaria hasta el 31 de julio de 2019.
“Los ciudadanos y ciudadanas de Osorno tienen derecho a un servicio regular de agua potable de calidad, como todo ser humano. Es su derecho, así como el de ser resarcidos por los daños ocasionados a su salud y al ecosistema” señaló Ricardo Becerra de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno.
Ante el tribunal de Nanterre, Francia, cuatro organizaciones chilenas presentaron un reclamo en contra de la empresa Suez de capitales de esa nación europea, por la crisis sanitaria que se registró en la ciudad de Osorno en julio de 2019 cuando se constató la contaminación del agua que consumen sus habitantes.
El hecho provocó una alerta que se extendió por diez días dejando sin suministro del vital elemento a la población a raíz de un “incidente operativo” de la empresa Essal, sociedad que es controlada por el Grupo Suez.
La presentación surge luego que en el mes de julio de 2020 se enviara un requerimiento al grupo francés donde se pide que cumpla con la normativa de ese país sobre el deber de vigilancia, vigente desde marzo de 2017, donde le piden adoptar las medidas necesarias para resolver las deficiencias e ilegalidades reiteradas en la entrega de agua potable y evitar otra crisis sanitaria.
Después de esto, las organizaciones chilenas elevaron el reclamo al tribunal francés para conseguir que la empresa impulse medidas correctoras y preventivas de este tipo de hechos.
“Después de haber intentado, sin éxito, obtener compromisos significativos por parte de Suez para evitar que se repitan estas crisis sanitarias, ahora pedimos al Tribunal que ordene a Suez que responda a nuestras demandas”, dijo José Aylwin, del Observatorio Ciudadano.
El 10 de julio de 2018, se produjo un vertido de 2 mil litros de petróleo en la planta potabilizadora de Caipulli, operada por la filial de Suez en la ciudad de Osorno. Los hidrocarburos contaminaron la fuente de agua de la planta, lo que supuso la contaminación del conjunto de la red de agua potable, que abastece a 49 mil viviendas del municipio, es decir, a 140 mil 500 personas (el 97,9 por ciento de la población). La contaminación afectó también a dos cursos de agua, el río Rahue y el río Damas.
Durante este periodo de alerta, la crisis sanitaria se agravó debido a la instalación tardía e incompleta de los puntos de abastecimiento de agua alternativos, que ESSAL hubiera debido poner en funcionamiento de forma inmediata, así como por un suministro de agua insuficiente y de mala calidad. El servicio de abastecimiento de agua no se restableció totalmente hasta el 21 de julio de 2019 y fue necesario ampliar la alerta sanitaria hasta el 31 de julio de 2019.
“Los ciudadanos y ciudadanas de Osorno tienen derecho a un servicio regular de agua potable de calidad, como todo ser humano. Es su derecho, así como el de ser resarcidos por los daños ocasionados a su salud y al ecosistema” señaló Ricardo Becerra de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno.
