Actualmente el proyecto de royalty minero se encuentra en revisión por la Comisión de Minería del Senado. La iniciativa ha sido cuestionada por el oficialismo con distintos argumentos: desde su constitucionalidad, por tratarse de materias tributarias que son de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, hasta su inconveniencia y posible afectación en la inversión.

Gino Sturla, Ingeniero Civil Hidráulico, Magíster en Derecho Ambiental,  doctor en Economía e Investigador Asociado en la Universidad de Chile conversó con nuestro medio de los distintos aspectos que se incluyen en este proyecto de ley y analizó, sobre la base de sus cálculos, los resultados en recaudación para el Estado en caso de prosperar la implementación de este derecho a pagar por las empresas por la explotación de nuestros recursos naturales.

¿Cuál es su posición respecto del proyecto de ley de royalty que se discute en el Congreso?

Hay una discusión que es más bien semántica respecto de si en Chile existe o no el royalty y muchos se han quedado en esa definición, pero lo que en realidad viene a suplir este proyecto que nace el 2018 es la carencia de un royalty efectivo, pues lo que hay hasta ahora capta muy poco del valor del cobre, solo un 5% según el último informe de Michel Jorratt, que es lo más reciente.

Según los cálculos que he hecho, la industria en general aguanta la estructura propuesta, pero si hay yacimientos que no puedan soportarla, se pueden efectuar compensaciones como se hace en Canadá, dado que en el proyecto de ley no deroga el royalty actual, pero entiendo que debería hacerlo si el mecanismo será aplicar el cobro del derecho sobre las ventas. Aunque se podría hacer un mix y cobrar una parte sobre las ventas y otra sobra las utilidades.

¿Y qué le parece mejor, que se aplique sobre las ventas o sobre las utilidades?

Creo que se debería aplicar el royalty sobre las ventas porque es fiscalizable y las críticas que se le pueden hacer se solucionan con compensaciones. Si hay una mina que queremos que produzca y se ve afectada por el royalty porque los costos son muy altos, se puede compensar.

Respecto de las críticas que apuntan a la invariabilidad tributaria que se ve afectada por este proyecto de ley. ¿Es esta realmente una razón para no seguir adelante con el royalty propuesto?

Si bien es cierto existe una ley, cada empresa tiene distintos acuerdos de invariabilidad, entonces hoy el 8% de la producción de la gran minería no está sujeta a invariabilidad, por lo tanto, pagaría de inmediato el royalty y el 2023, a un 72% se le acaba el compromiso de invariabilidad tributaria y llegaríamos entonces a un 80% en menos de dos años. Incluso si se respetan al pie de la letra los convenios de invariabilidad tributaria, el 2023 el 80% de la gran minería estaría tributando de acuerdo a este nuevo royalty.

A mi juicio, ni siquiera es necesario intentar de dejar sin efecto estos acuerdos porque falta muy poco tiempo para que estos caduquen. Lo que es cuestionable sí es que se haya utilizado una invariabilidad tributaria tan larga, porque incluso algunos llegan a 20 años.

El profesor Ramón López señaló en entrevista con este medio que la pérdida de inversión extranjera ante la implementación de este royalty no es más que un fantasma para meter miedo, porque el costo de explorar e invertir en otro país como Perú, es mucho mayor y además las ganancias son inciertas. ¿Concurre a esta apreciación?

Totalmente. Lo que se usa y aparece a cada rato en los medios, incluso en Bloomberg, es comparar carga tributaria, pero lo que define una inversión no es la carga tributaria, sino la rentabilidad del proyecto. Los inversionistas cuando van a invertir 4 o 5 mil millones de dólares hacen análisis rigurosos con planificación tributaria y, mientras la rentabilidad del capital no se vea afectada, no tienen por qué irse. Ninguno de los estudios que hay, ni el de Leiva ni el de Jorratt, ni el que hicimos con el profesor Ramón López, ha dicho que no haya retorno al capital, pues se asume que eso debe existir y mientras haya rentabilidad buena, siempre habrá inversión. En Chile además hay capital humano y universidades que forman los mejores ingenieros y técnicos en el ámbito minero, porque la minería es una área de formación específica que requiere de profesionales formados en Chile.

Por lo demás, en Perú es mucho más complicado invertir en minería, porque hay zonas donde esa actividad no es posible y se encuentran en un escenario político mucho más complejo, porque el Presidente electo anunció una reforma tributaria con foco en el cobre.

José Gabriel Palma, en un artículo en Ciper propone una manera de tributar de costo fijo, por tonelada de cobre. ¿Es posible que se discuta esa propuesta en el Congreso?

Si hay un cobro fijo por tonelada, eso corrige las críticas de las que hablamos al inicio, pues se calcula el costo por tonelada de acuerdo a cada yacimiento. Es una propuesta bastante sensata y es equivalente a cobrar igual para todos y luego hacer compensaciones. José Gabriel Palma señala que, como va desfasado el cobro por tonelada, eso incentiva la producción, pero en eso no estoy tan de acuerdo porque Chile debería tener una definición política sobre sus recursos y si es que quiere o no aumentar la producción, porque la del cobre es una industria sucia y muy intensiva en el uso de recursos naturales, entonces no sé qué tan bueno sería incentivar una mayor explotación.

De acuerdo con sus estimaciones, la minería del cobre podría soportar un royalty de hasta un 30%. ¿Cómo se explica ese guarismo?

Cuando hice esos cálculos aun no había salido el estudio de Michel Jorratt que es el que estamos usando ahora porque es más prudente, por lo tanto, ahora corregí mi postura a un 20%. Eso significa que un 20% de las ventas del sector son ganancias excesivas, es decir, si se junta toda la gran minería y se aplica el cobro de un 20% a todas las ventas, eso no afectaría la inversión porque todo eso es ganancia excesiva. Es importante sí que se tomen en cuenta las compensaciones, porque ese 20% es sobre todo el sector minero, pero hay empresas que tienen costos mayores que otras y la diferencia en la ganancia de unas y otras no se explica por la innovación tecnológica ni la gestión de la minera, sino solo la calidad del cobre, algo que la minería ha atribuido a productividad y no es así, porque es un asunto que la naturaleza le da al mineral y el dueño de eso es el país.

Ha Joon Chang y José Miguel Ahumada presentaron, a través de una columna en El Mercurio, la tesis de la necesidad de repensar el modelo de desarrollo para Chile en el marco de un cambio constitucional. ¿Cuál es su postura en ese ámbito?

Hay un concepto clave que debe tomarse en cuenta en esta discusión constitucional: la equidad intergeneracional. Si hoy tenemos una tonelada de cobre, la generación futura no la tendrá, por lo tanto es necesario que existan otras fuentes que hagan productiva la economía. Creo que debería tener rango constitucional el reconocimiento del Estado como dueño de los recursos naturales, requiere una compensación y está obligado a invertir esas rentas en otras actividades productivas y limpias.

Hay una industria que requiere de inversión urgente como es la de remediación ambiental y también otras industrias asociadas al cobre. Chile podría ser líder en fundición de cobre, lo menciona José Gabriel Palma también, y una de las opciones es que de nuestro país no salga concentrado de cobre que es el 60% de lo que sale actualmente. Incluso hay un estudio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) que dice que en Chile es rentable fundir y refinar cobre con la mejor tecnología del mundo, minimizando los impactos. Lo que es necesario sí, es hacer una buena planificación territorial, porque la ciudadanía podría oponerse por los riesgos ambientales que eso implica. Es un desafío, porque hay que hacerlo bien desde la perspectiva ambiental y con involucramiento de la población.