Hace un par de semanas que el Partido Socialista se encuentra evaluando levantar una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por lo que considera una gestión que, sistemáticamente, habría puesto en riesgo la integridad física y psíquica de las personas, contraviniendo el articulo 19 de la vigente Constitución.

Esta acción no sería la única a la que se expondría el ministro Raúl Figueroa. Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista ya anunciaron que respaldarán una acusación constitucional por múltiples situaciones que constituirían una infracción al derecho a la educación.

Frente a ese escenario, en conversación con nuestro medio el diputado PS e integrante de la comisión de Educación, Juan Santana, afirmó que si bien no hay ningún texto en común, existirían las condiciones para empujar una misma acusación de forma conjunta, en la medida que hay argumentos distintos, pero no incompatibles.

¿Cuáles son los argumentos que está considerando el Partido Socialista para esgrimir una acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa?

“Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, hoy día en Chile se detectan 110 mil niños entre 0 a 18 años que estuvieron contagiados y 81 niños y niñas del mismo tramo etario que fallecieron producto de esta enfermedad. No hay una vacuna creada para este segmento etario, salvo una que se anunció hace poco para el tramo de 12 a 18 años, pero que aun no se ha concretado. Entonces el artículo 19 de la Constitución establece con claridad que todas las autoridades tenemos la obligación de no infligir, o más bien, se determina una de las causales de la acusación constitucional, de infligir y poner en riesgo la integridad física y psíquica de las personas. Poner en riesgo la integridad física y psíquica de las personas, es una causal para acusar a un ministro constitucionalmente y nosotros sentimos que esta política que ha adoptado el Ministerio de Educación, que incluso lo ha llevado a supeditar el financiamiento de los establecimientos educacionales a que estos vuelvan a clases presenciales, es una forma de exponer gravemente la salud de las personas y por lo tanto, ahí está una de las principales causales que nosotros detectamos”, afirmó.

Desde el Frente Amplio y el PC argumentan que el Ministerio no ha generado las condiciones mínimas para garantizar experiencias de aprendizajes optimas ni por clases virtuales, ni por modalidad hibrida. ¿Cuál es su opinión al respecto?

“Yo creo que esa situación devela un grave problema que creo que se ha instalado en la conducción del Mineduc de que existe un sesgo sumamente clasista y discriminatorio a la hora de evaluar las medidas que se toman en el marco de una crisis. Por ejemplo, las condiciones de los establecimientos educacionales de la zona oriente de la Región Metropolitana, son completamente distintas a los establecimientos que forman parte de la red de educación pública de nuestro país. Hemos detectado por investigaciones y estudios que han realizado organismos, como la Universidad Católica, en donde se señala un porcentaje importante de estudiantes vulnerables que no tienen acceso a internet. Entonces mientras no exista un conjunto de normas igualitarias a la hora de acceder a la educación para el conjunto de comunidades escolares, por supuesto que aquí también va a estar radicado un profundo problema que, bajo nuestro punto de vista, no está siendo abordado por el Ministerio de Educación en esta porfía al retorno de clases presenciales.

Todas las personas quieren volver, queremos que retome la normalidad en nuestro país, todas las personas de alguna u otra manera queremos que puedan enfrentar con firmeza los problemas que se han ido develando en cuestiones de aprendizaje, de deserción, problemas de salud mental y otros, pero ninguno de esos problemas va a tener que enfrentarse exponiendo la salud y la seguridad de las personas que forman parte de las comunidades. No son solamente los estudiantes, son también los docentes, son también los asistentes de la educación, son también los apoderados y el conjunto de miembros de las comunidades educativas de nuestro país y mientras eso no exista, el Estado, en mi opinión, tiene que poner todo su acento, todo su esfuerzo en igualar la cancha para que un niño, niña, joven o adolescente no esté limitado de acceder a una educación como corresponde.

¿Cuáles son los mínimos básicos que se deberían reunir para considerar un retorno presencial a los establecimientos educacionales?

“Nosotros hemos recogido la opinión de especialistas. Fue el año pasado justamente cuando el consejo asesor Covid-19 elaboró una propuesta en donde se establecieron una serie de criterios para el retorno de actividades presenciales, en donde existían, por ejemplo, criterios que tenían que ver con el número de contagios en una determinada comuna, cuando existía un parámetro sobre la base en la que se encontraba un determinado territorio. Todos esos criterios tienen directa relación para evaluar el avance de la pandemia en cada uno de esos lugares, y por supuesto, tiene una directa relación con las condiciones que podrían existir para que se retomaran las actividades presenciales en los establecimientos. Por otra parte, hay un esfuerzo que el Mineduc tiene que hacer en orden a inyectar mayores recursos para poder invertir en mejores condiciones, en infraestructura, en insumos para que los establecimientos cuenten con estos y por lo tanto puedan contar con mayores medidas de seguridad para que puedan asistir a eventuales actividades presenciales y no hay un esfuerzo del Gobierno, a través del Misterio de Educación, en esa materia”.

¿Cómo recibe los dichos del ministro del Interior, Rodrigo Delgado quien planteó que el Parlamento debiera tener “otras prioridades”?

¿Qué opinión le merecen los dichos del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien planteó que el Parlamento debiera tener “otras prioridades”?

Mientras ellas (las autoridades) incurran en alguna cuestión que tenga que ver con el no cumplimiento de leyes o con infligir algunos de los aspectos que la misma Constitución establece, los parlamentarios tenemos todo el derecho, incluso la obligación a utilizar precisamente este tipo de herramientas, porque entre otras cosas, esto tiene que ver con la defensa de la educación pública, tiene que ver con la defensa de lo sanitario en las comunidades escolares, nadie podría pretender que exista el tiempo para hacer una defensa a aquello y tiempos para no hacerlo. Esto es una crisis sanitaria, por lo tanto, tenemos que actuar en función de las obligaciones y las facultades que tenemos.

Finalmente, el parlamentario del PS afirmó que este lunes sostendrán una reunión con organizaciones sociales, entre las cuales ya se encuentra confirmada la presidenta de la CUT, Silvia Silva, con la finalidad de socializar los argumentos que se evalúan y realizar un intercambio de opiniones y experiencias.