La semana pasada la Contraloría General de la República señaló a través de un dictamen que serán los delegados presidenciales quienes presidirán la Comisión de Evaluación Ambiental de cada región y no los gobernadores regionales electos, situación que la diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez (RD), junto al diputado por la región de Valparaíso (CS), Diego Ibáñez, buscan revertir a través de un proyecto de ley que modifica las Bases Generales del Medio Ambiente y la composición de la comisión ambiental.
“Estamos a solo días de que asuman los gobernadores regionales y creemos es muy importante avanzar hacia una efectiva descentralización. Desde el Frente Amplio vemos con preocupación que se sigan designando figuras desde Santiago, sobre todo, en una materia tan fundamental como lo es la aprobación o rechazo de proyectos que puedan causar daños medioambientales graves para las comunidades. Presentamos esta iniciativa para que los nuevos gobernadores, elegidos democráticamente, puedan liderar esta instancia, cargo que hoy le corresponde al Intendente. Necesitamos robustecer las instituciones, y poner la salud de las personas y del medioambiente, por sobre los intereses de las empresas”, señaló la diputada Catalina Pérez.
Por su parte, el diputado Diego Ibañéz agregó que “la deuda es descentralizar la toma de decisiones, porque los designados desde Santiago no conocen las identidades locales ni los conflictos socioambientales de los territorios. Más bien trabajan sin empatía y son más porosos a los intereses corporativos. Estas son decisiones que deben tomarse colectivamente con los territorios y sus comunidades y definitivamente la autoridad más pertinente para asumir esa responsabilidad son las que han sido electas democráticamente y que tienen un arraigo local, como lo es la figura del gobernador regional. Cuando hablamos de ecologismo político, nos referimos a territorializar la democracia y generar nuevos criterios para enfrentar el desarrollo”.
El proyecto propone una modificación al artículo 86 de la Ley 19.300, que regula la composición de dicha Comisión, incorporando la figura del Gobierno Regional que dice relación con las funciones que la Constitución le otorga a estas nuevas autoridades, como lo son el desarrollo social, cultural y económico de cada región.