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Por un Chile para todes y de todes

Columna de opinión por Tomás Barrera Méndez y Daniela Mancilla Altamirano, Observatorio de Derechos Humanos (ODHChile)
Jueves 8 de julio 2021 19:31 hrs.


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Este 4 de julio se reunieron, por primera vez, los/as 155 convencionales constituyentes, que tendrán como labor esencial la escritura de la nueva Constitución. Con mayor representación, participación y esperamos que con una vinculación con los territorios y la sociedad civil. Indudablemente, los desafíos son enormes, más aún cuando estamos en tiempos de una profunda crisis política y social.

Además, la Convención comienza a funcionar justo después de uno de los meses que, desde hace décadas, ha sido de gran importancia para las diversidades sexuales y de género en Chile y el mundo: Junio. Por eso, es una parada obligatoria a la hora de observar las desigualdades y violencias a las cuales se enfrentan las disidencias en un sistema tan heteronormado que margina y discrimina, incluso desde el poder estatal, a las identidades no cisgénero y orientaciones no heterosexuales.

Lo anterior, se vio agudizado con mayor fuerza durante la pandemia por Covid-19, evidenciando que los accesos a derechos esenciales como la salud, educación y alimentación no se encuentran garantizados por igual para todas las personas. A diario, tenemos que ver diferentes campañas levantadas por las mismas organizaciones de disidencias sexuales que intentan suplir las necesidades de la comunidad históricamente marginada. Y no solo económicas, sino que también psicosociales, pues dentro de las medidas de ayuda social impulsadas por el gobierno, las personas LGBTIQ+ no estamos consideradas.

Es más, a inicios de este año, desde la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, impulsaron una campaña denominada “El Otro Clóset”, cuyo propósito fue visibilizar la realidad que ha tenido que enfrentar parte de la comunidad LGBTIQ+ durante la crisis sanitaria, y los efectos negativos que han provocado las cuarentenas en distintas ciudades del país. También, dieron cuenta de la falta de políticas públicas por parte del Estado, sin asegurar ni prevenir ningún crimen de odio que hasta ahora solo han ido incrementándose cada vez más.

Evidentemente, son múltiples los factores que nos afectan como disidencias. Sin embargo, vemos con optimismo y una pequeña luz al final del túnel con los procesos de cambio que estamos viviendo y que buscan dejar atrás las herencias de la última dictadura cívico militar. Sobre todo aquel sistema de acumulación que solo ha generado desigualdades y peor aún, con los grupos marginados y más vulnerables.

Por otro lado, celebramos con orgullo que se hayan levantado diversas candidaturas para concejalías, alcaldías y de convencionales constituyentes que se reconocían parte de la comunidad LGBTIQ+ y que, varias de ellas, hayan resultado electas como el caso de Camila Quiroz, activista lesbofeminista y concejala electa por Maipú. Incluso, quedando 8 candidaturas de las disidencias sexuales y de género en la Convención, que el pasado 23 de junio, constituyeron la Red Disidente Constituyente, un espacio que busca suscribir “la aplicación de un enfoque de Derechos Humanos en la Convención Constitucional, que incluya la participación LGBTIQ+ desde la perspectiva de disidencias sexogenéricas y desde los múltiples contextos de discriminación, invisibilización y opresión”. Una red que es fundamental a la hora de plantear las demandas de las disidencias sexuales y de género para la nueva Constitución, pero también como una responsabilidad política para incluir estas peticiones, con una conexión directa con las organizaciones que han levantado trabajo en estas materias y con la población trans, la cual queda fuera de la Convención, no logrando conseguir ningún escaño a pesar de la alta cantidad de votos que recibieron Emilia Schneider en el Distrito 10 o Constanza Valdés en el Distrito 7, y tantas otras.

Esperamos que, como forma de subsanar la deuda histórica para con las personas trans, puedan ser escuchadas e incluidas desde las discusiones importantes y necesarias para definir las nuevas reglas que nos van a guiar como sociedad en el futuro. Un futuro diferente: más inclusivo, más diverso y con toda aquella parte de la sociedad chilena que ha sido marginada, reprimida y violentada, porque entendemos que solo de esa forma vamos a poder avanzar hacia una sociedad más igualitaria en dignidad y en derechos.

Cierto es que hemos tenido avances significativos en materias de diversidades sexogenéricas en Chile, logrando dos importantes leyes como la Ley Antidiscriminación y la Ley de Identidad de género, a pesar de los reparos que podamos tener de ellas: la revictimización y la exclusión de las infancias menores de 14 años, respectivamente. Son avances importantes que debemos seguir profundizando y vemos con mucha alegría el ingreso del proyecto de ley el pasado 24 de junio que busca establecer el 1% de los cupos laborales del Estado para personas trans. Si bien, el camino no será fácil y nuevamente vamos a tener la arremetida de grupos conservadores que, desde concepciones religiosas y moralistas, se oponen a avances que favorezcan a nuestra comunidad.

Entendemos que no solo necesitamos avances en materia legislativa, como una Ley Integral Trans, sino también en materias constitucionales donde el desafío es grande. Establecer el derecho a la no discriminación, garantizado por el Estado. Reconocer el derecho a la identidad como derecho mínimo de cualquier sociedad. Establecer la diversidad de familias existentes y el derecho a una Educación Sexual Integral como forma de poder conocer, aprender y disfrutar de nuestra sexualidad de manera responsable en todos los espacios. Hoy más que nunca, en pleno siglo XXI resulta fundamental que dejemos atrás los estigmas y patologizantes que ha construido la sociedad, y avanzar hacia el pleno reconocimiento de nuestras vidas desde la concepción básica: solo por el hecho de ser personas.

No debemos permitir que se sigan replicando las lógicas de exclusión y marginación que ya suficiente daño le han hecho a nuestra comunidad, y por ende, no podemos permitir que nuestras demandas históricas pensadas de manera transversal para toda la sociedad, queden nuevamente fuera de un proceso tan importante. Eso solo sería perpetuar y hacer crecer la deuda con las diversidades sexuales y de género. La violencia contra cuerpos disidentes sigue ocurriendo día a día, el Estado calla sin hacerse cargo, y el poder judicial se hace cómplice al mantener la impunidad.

El nuevo Chile que queremos construir debe sustentarse bajo las lógicas de justicia y reparación, de educación en temáticas de diversidades sexuales desde la educación preescolar, de respeto, quitando el estigma moral-religioso tan presente en nuestra sociedad, para de esa forma avanzar hacia un Estado verdaderamente laico que no antepone sus creencias religiosas por sobre la vida pública y privada de todas las personas. Un país donde nuestra voz sea escuchada y donde podamos participar de todos los espacios de igual manera que personas cisgénero heterosexuales. Un país que sea equitativo, que respete nuestra identidad. Por un Chile que sea para todes y de todes.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.