Armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, espráis de gas pimienta, balas de goma y granadas de mano de gas hostigamiento, entre otros materiales, habrían arribado desde Argentina a Bolivia como un apoyo explícito del gobierno de Mauricio Macri a la cruenta represión desatada en el país vecino tras el forzado alejamiento del poder del presidente Evo Morales..
Precisamente es Evo Morales quien pidió este miércoles que el exmandatario argentino Mauricio Macri sea juzgado por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios para la represión de las masivas protestas populares en noviembre de 2019 tras su salida del poder. La petición se suma a la presentación de una denuncia ante la justicia por parte del propio gobierno actual de la Argentina contra el ex presidente Macri por el supuesto “envío ilegal de armamento y municiones”.
“Macri debe ser investigado y juzgado por su rol en el golpe. Si corresponde extraditarlo lo verá la Justicia. Pero no puede haber más presidentes que apoyen golpes”, afirmó Evo Morales en declaraciones a radio El Destape.
El material bélico arribó al aeropuerto de El Alto (ciudad cercana a La Paz) presuntamente en un avión de la Fuerza Aérea argentina que aterrizó la noche del 13 de noviembre de 2019, llevando además a un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional, la policía de frontera de Argentina, destinados, según se dijo en esa oportunidad, “a brindar seguridad” a la embajada argentina en Bolivia.
Otro aspecto que se desea investigar es por qué los efectivos trasandinos llegaron a La Paz precisamente un día después que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia de Bolivia luego que, como se recordaba antes, Evo Morales dejara el poder con rumbo a Buenos Aires, donde el 10 de noviembre de ese año denunció a la opinión pública internacional haber sido víctima de un golpe de Estado “blanco” en su país.
“Yo respeté a Macri como presidente electo por el voto. Pero ahora veo que envió material bélico. No se puede entender que tengan esa mentalidad”, agregó Morales. Por su parte, el martes 13 se informó que el Parlamento de Bolivia se plantea indagar, a través de una comisión mixta compuesta de senadores y diputados, la supuesta participación de los gobiernos de Chile y de Brasil en “reuniones previas” a la grave crisis política y social que vivió Bolivia en 2019. De hecho, en una declaración a los medios este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, aseguró que hay “sospechas” de que “también tendrían que ver (en esos sucesos) Chile y Brasil”.
Fue precisamente bajo el mandato de la recién asumida presidenta interina Janine Áñez que las fuerzas policiales y militares desataron una violenta represión en contra de los partidarios de Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se manifestaban en las calles de La Paz y varias otras ciudades en oposición a la situación política que estaba ocurriendo en ese momento, lo que dejó un saldo de muertos aún indeterminado. De ahí que ahora cobren tanto sentido las palabras de Evo Morales cuando advierte que “hay que investigar si las armas que mandó Macri mataron bolivianos”.
Por la misma razón, las acusaciones e investigaciones también se han extendido a los jefes policiales y colaboradores cercanos de la expresidenta interina y también contra algunos políticos de la derecha boliviana ahora en la oposición. Éstos, a su vez, han replicado denunciando que tales indagaciones forman parte de una persecución política en su contra.
Armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, espráis de gas pimienta, balas de goma y granadas de mano de gas hostigamiento, entre otros materiales, habrían arribado desde Argentina a Bolivia como un apoyo explícito del gobierno de Mauricio Macri a la cruenta represión desatada en el país vecino tras el forzado alejamiento del poder del presidente Evo Morales..
Precisamente es Evo Morales quien pidió este miércoles que el exmandatario argentino Mauricio Macri sea juzgado por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios para la represión de las masivas protestas populares en noviembre de 2019 tras su salida del poder. La petición se suma a la presentación de una denuncia ante la justicia por parte del propio gobierno actual de la Argentina contra el ex presidente Macri por el supuesto “envío ilegal de armamento y municiones”.
“Macri debe ser investigado y juzgado por su rol en el golpe. Si corresponde extraditarlo lo verá la Justicia. Pero no puede haber más presidentes que apoyen golpes”, afirmó Evo Morales en declaraciones a radio El Destape.
El material bélico arribó al aeropuerto de El Alto (ciudad cercana a La Paz) presuntamente en un avión de la Fuerza Aérea argentina que aterrizó la noche del 13 de noviembre de 2019, llevando además a un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional, la policía de frontera de Argentina, destinados, según se dijo en esa oportunidad, “a brindar seguridad” a la embajada argentina en Bolivia.
Otro aspecto que se desea investigar es por qué los efectivos trasandinos llegaron a La Paz precisamente un día después que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia de Bolivia luego que, como se recordaba antes, Evo Morales dejara el poder con rumbo a Buenos Aires, donde el 10 de noviembre de ese año denunció a la opinión pública internacional haber sido víctima de un golpe de Estado “blanco” en su país.
“Yo respeté a Macri como presidente electo por el voto. Pero ahora veo que envió material bélico. No se puede entender que tengan esa mentalidad”, agregó Morales. Por su parte, el martes 13 se informó que el Parlamento de Bolivia se plantea indagar, a través de una comisión mixta compuesta de senadores y diputados, la supuesta participación de los gobiernos de Chile y de Brasil en “reuniones previas” a la grave crisis política y social que vivió Bolivia en 2019. De hecho, en una declaración a los medios este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, aseguró que hay “sospechas” de que “también tendrían que ver (en esos sucesos) Chile y Brasil”.
Fue precisamente bajo el mandato de la recién asumida presidenta interina Janine Áñez que las fuerzas policiales y militares desataron una violenta represión en contra de los partidarios de Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se manifestaban en las calles de La Paz y varias otras ciudades en oposición a la situación política que estaba ocurriendo en ese momento, lo que dejó un saldo de muertos aún indeterminado. De ahí que ahora cobren tanto sentido las palabras de Evo Morales cuando advierte que “hay que investigar si las armas que mandó Macri mataron bolivianos”.
Por la misma razón, las acusaciones e investigaciones también se han extendido a los jefes policiales y colaboradores cercanos de la expresidenta interina y también contra algunos políticos de la derecha boliviana ahora en la oposición. Éstos, a su vez, han replicado denunciando que tales indagaciones forman parte de una persecución política en su contra.
Armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, espráis de gas pimienta, balas de goma y granadas de mano de gas hostigamiento, entre otros materiales, habrían arribado desde Argentina a Bolivia como un apoyo explícito del gobierno de Mauricio Macri a la cruenta represión desatada en el país vecino tras el forzado alejamiento del poder del presidente Evo Morales..
Precisamente es Evo Morales quien pidió este miércoles que el exmandatario argentino Mauricio Macri sea juzgado por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios para la represión de las masivas protestas populares en noviembre de 2019 tras su salida del poder. La petición se suma a la presentación de una denuncia ante la justicia por parte del propio gobierno actual de la Argentina contra el ex presidente Macri por el supuesto “envío ilegal de armamento y municiones”.
“Macri debe ser investigado y juzgado por su rol en el golpe. Si corresponde extraditarlo lo verá la Justicia. Pero no puede haber más presidentes que apoyen golpes”, afirmó Evo Morales en declaraciones a radio El Destape.
El material bélico arribó al aeropuerto de El Alto (ciudad cercana a La Paz) presuntamente en un avión de la Fuerza Aérea argentina que aterrizó la noche del 13 de noviembre de 2019, llevando además a un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional, la policía de frontera de Argentina, destinados, según se dijo en esa oportunidad, “a brindar seguridad” a la embajada argentina en Bolivia.
Otro aspecto que se desea investigar es por qué los efectivos trasandinos llegaron a La Paz precisamente un día después que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia de Bolivia luego que, como se recordaba antes, Evo Morales dejara el poder con rumbo a Buenos Aires, donde el 10 de noviembre de ese año denunció a la opinión pública internacional haber sido víctima de un golpe de Estado “blanco” en su país.
“Yo respeté a Macri como presidente electo por el voto. Pero ahora veo que envió material bélico. No se puede entender que tengan esa mentalidad”, agregó Morales. Por su parte, el martes 13 se informó que el Parlamento de Bolivia se plantea indagar, a través de una comisión mixta compuesta de senadores y diputados, la supuesta participación de los gobiernos de Chile y de Brasil en “reuniones previas” a la grave crisis política y social que vivió Bolivia en 2019. De hecho, en una declaración a los medios este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, aseguró que hay “sospechas” de que “también tendrían que ver (en esos sucesos) Chile y Brasil”.
Fue precisamente bajo el mandato de la recién asumida presidenta interina Janine Áñez que las fuerzas policiales y militares desataron una violenta represión en contra de los partidarios de Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se manifestaban en las calles de La Paz y varias otras ciudades en oposición a la situación política que estaba ocurriendo en ese momento, lo que dejó un saldo de muertos aún indeterminado. De ahí que ahora cobren tanto sentido las palabras de Evo Morales cuando advierte que “hay que investigar si las armas que mandó Macri mataron bolivianos”.
Por la misma razón, las acusaciones e investigaciones también se han extendido a los jefes policiales y colaboradores cercanos de la expresidenta interina y también contra algunos políticos de la derecha boliviana ahora en la oposición. Éstos, a su vez, han replicado denunciando que tales indagaciones forman parte de una persecución política en su contra.
