En una entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora del PPD y presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, Adriana Muñoz, se refirió al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas que avanza en materia de garantías sobre la disposición de bien nacional y uso público de este recurso natural. Una iniciativa que luego de una década de rémora en el parlamento, será votada en el hemiciclo durante este martes 27 de julio.

El proyecto del ley fue ingresado a la Cámara de Diputados en marzo del año 2011, y desde entonces se ha sometido a las voluntades de las autoridades en ejercicio, pasando por las distintas comisiones de trabajo, tales como Agricultura, Hacienda y Constitución de la Cámara y del Senado. Asimismo, se ingresaron indicaciones sustitutivas por parte de la expresidenta Michelle Bachelet, en lo relativo a los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) con la finalidad de que se otorgara el derecho a este recurso, por un período de tiempo finito y en función del interés público. Iniciativa que entró en contradicción con la administración de Sebastián Piñera, quien el 2019 hizo lo propio, e ingresó indicaciones sustitutivas que fueron en respuesta a las planteadas por la exmandataria.

La injerencia de intereses sectoriales explican en buena parte los diez años de dilación del proyecto, impidiendo la concreción de transformaciones profundas en la materia, explicó preliminarmente la senadora Adriana Muñoz.

“Hay varios de esos temas que han tocado intereses económicos importantes, sobre todo agrícolas, que lo que han hecho es ralentizar la tramitación. Ha habido un lobby muy fuerte todo estos años. La misma derecha en el Senado, cuando llegó el proyecto durante el 2016, pidieron que no solo se tramitara en una Comisión, como lo hizo la Cámara de Diputados, donde solo la Comisión de Recursos hídricos, Desertificación y Sequía la revisó, sino que fuera a la Comisión de Agricultura, de Constitución y por cierto, a la Comisión de Hacienda, y así estamos desde el año 2016, hasta el 2021. Han pasado cuatro años de debate  y recién la semana pasada se puso en tabla en la sala, porque salió el informe de la Comisión de Constitución, donde estuvo más de un año, mientras que en la Comisión de Agricultura no se tramitó en un año entero, cuando fue el cambio de gobierno de Sebastián Piñera”, señaló.

Pese a la rémora, Muñoz aseveró que el proyecto que entra a votación al pleno del Senado es importante, en la medida que viene a hacerse cargo de la entrega indiscriminada de los derechos de agua, que no considera el impacto en la disposición de agua para el consumo humano, doméstico o de saneamiento, en un país con grandes afecciones de sequía y con territorios que se abastecen con camiones aljibe. Del mismo modo, la reforma viene a limitar la especulación en el uso de estos derechos. 

“En Chile se regala el agua, con un pequeño proyectito, dos, tres hojas, no tiene mayor exigencia técnica la presentación del proyecto productivo. Y esos derechos de agua, muchas especuladores los guardan en el bolsillo, no los usan, no los invierten y con eso están restando agua a las cuencas, a los acuíferos y por tanto especulando, para cuando tenga un mejor precio. Porque como el agua, por normas constitucionales, pasó a ser un bien de mercado, que se transa, se vende y es el eje productivo de un concepto de economía y producción extractivista, comienza a tener un gran valor de mercado y estos especuladores los guardan hasta que un bien, que es regalado por todo Chile, por todos nosotros, pasa a ser escaso y le ponen precio en millones de dólares. Ésa es la especulación que hemos denunciado”, criticó.

En ese sentido, la senadora afirmó que la reforma avanza en materia de gestión del agua, para hacer hincapié en su disposición de bien nacional de uso público, contemplando concesiones temporales de no más de 30 años y una rendición de cuenta por parte de los propietarios respecto a la administración del recurso hídrico adjudicado en ese período. 

“Los derechos de agua no se entregan como se entregan ahora a perpetuidad. El proyecto contempla un plazo de 30 años y pasado a ese plazo, se debe rendir cuentas sobre el uso del agua ¿Qué hizo con esta agua? ¿Me la pidió para arándanos o me la pidió para una actividad minera? ¿Tiene las inversiones? Si no está, se le quita el derecho, caduca el derecho o se extingue. Al la especulación se le ponía una mínima patente que generalmente no se pagaba. Hoy se establece que eso es causal de caducidad. Entonces son varios factores que van mostrando que el agua es bien nacional de uso público, dominio de la nación toda: el Estado está teniendo herramientas a través de la ley para intervenir“, señaló.

No obstante, la aplicación de esta reforma ha sumado criticas de parte de las organizaciones medioambientales, que cuestionan el alcance del proyecto de ley en cuanto, al regularizar nada más que las nuevas concesiones, solo afectaría a los recursos disponibles que se calculan como menos del 10% de las aguas.

“Lo que hemos hecho es una reforma sobre los nuevos derechos, porque si esto se aplica a los viejos estaría entrando a un proceso complejo, casi expropiatorio y para eso el Estado de Chile tendría que pagar millones. Es uno de los temas complejos de la ley, que entra en vigencia cuando se publica, no retroactivamente”, agregó.

La falta de creación de nuevas instituciones abocadas, por ejemplo a la protección de las cuencas hídricas, a modo de resguardar el ecosistema que produce el agua, también ha sido una de las observaciones que han venido desde el ámbito académico, relativas a las deficiencias del proyecto. Un aspecto que la senadora reconoce como un vacío, que puede ser subsanado si se consagra constitucionalmente. De hecho, el proyecto de reforma que envió la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequia al Senado, consideraba el manejo integrado de las cuencas, pero la iniciativa fue rechazada en sala.

Atenazado a la Constitución del 80

Muñoz reconoció que, en la eventualidad de que el proyecto se apruebe, este Código de Aguas restructurado no podrá ser aplicado en su totalidad, en la medida que no exista una reforma a la Constitución que elimine el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna, para efectos de desprivatizar el agua. Un requerimiento que se esgrimió a modo de complementar la reforma, pero que no contó con la aprobación de los 2/3 del Senado, afirmó Muñoz.

“Nosotros presentamos como Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequia hace dos años atrás, una reforma constitucional que no logró los quórums. La logramos llevar a la sala, se debatió y la propuesta de reforma sacó 24 votos a favor, mientras que los que estaban en contra sacaron 12 y fueron mayoría, porque para aprobar una reforma de esta naturaleza se requerían 29 votos”, lamentó.

Esta reforma constitucional es imprescindible para efectos de cualquier avance democratizador, agregó Adriana Muñoz, puesto que la reforma al Código de Aguas, sin contemplar la desprivatización, incurrirá en la judicialización de los propietarios en la medida que el concepto de “concesión” vulnera un derecho a propiedad consagrado en la Constitución vigente.

“Por cierto muchos de esos preceptos no se van a poder aplicar plenamente porque van a ir de reparo constitucional. Los productores que tengan derechos de agua van a decir, ‘la Constitución me dice que yo soy propietario, que el Estado no me está entregando la concesión, sino que me está entregando una propiedad’. Por cierto que esas disposiciones que están el Código, que hoy estamos debatiendo, que fueron instaladas y esperamos que se sigan aprobando, van a ir a los tribunales, porque esta norma de la temporalidad entra en colisión, no se corresponde con lo que la Constitución manda”, advirtió.

Avizorando estas complicaciones, es que la parlamentaria del PPD apremió que la Convención Constitucional genere en el corto y mediano plazo las condiciones para que proyectos como el que se votará en el Senado cumpla su objetivo original y que por cierto, determine la desprivatización del agua en el país.

“Creo que aquí la palabra definitiva para hacer un cambio profundo del sistema de gestión y uso del agua en Chile, es la reforma constitucional, porque nosotros podemos hacer avances, buenos, malos, más o menos, limitados en el Código de Aguas, pero siempre va a haber una referencia a la Constitución. Entonces lo importante es que los constituyentes , en forma bastante rigurosa y sistemática, aborden la reforma al Código de Aguas, que no solamente es borrar el número 24 del artículo 19, para desprivatizar el agua, también hay otros elementos importantes como lo son el manejo integrado de las cuencas que van a venir a permitir que, lo que aprobamos en el Código, realmente se pueda aplicar”, puntualizó.