Diario y Radio Universidad Chile

Año XIII, 16 de septiembre de 2021

Escritorio MENÚ

Las deudas en el caso de Gustavo Gatica ad portas del cierre de la investigación

A pocos días de que se cumpla el plazo de investigación de la causa, distintas organizaciones han redoblado sus llamados para exigir justicia y reparación tanto para Gustavo, como para los cientos de personas que fueron víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.

María Luisa Cisternas

  Martes 27 de julio 2021 20:17 hrs. 
Santiago 11 marzo 2020
El joven fotógrafo Gustavo Gatica que perdió sus dos ojos producto de disparos de Carabineros llego esta tarde a Plaza Italia.
Milko Ulloa/Aton Chile


Durante este martes, Amnistía Internacional, entregó más de 260 mil firmas provenientes de más de 40 países al fiscal nacional, Jorge Abbott y al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recaudadas en la campaña “Escribe por los Derechos”, que se realiza con la finalidad de exigir justicia en el caso de Gustavo Gatica, y a modo que se investiguen a los mandos y ex mandos, que por su omisión o falta de control, propiciaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte de las policías, en el marco del estallido social..

La entrega de firmas y de mensajes de apoyo enviados a Gustavo Gatica por cientos de personas a nivel internacional, se realizó a dos días del cierre del plazo de investigación de su causa, en la que se encuentra en calidad de imputado el ex oficial de Carabineros, Claudio Crespo y en la que el Ministerio Público ha podido constatar que los dos balines de metal y goma que se extrajeron de los ojos de Gustavo, coinciden con la munición antidisturbios que los uniformados utilizaron para sofocar las manifestaciones que se produjeron a partir del 18 de octubre del 2019.

En ese sentido, desde Amnistía Internacional se espera que el cierre de investigación y juicio oral que prosigue, permita “esclarecer los hechos, sancionar debidamente al perpetrador de este crimen y avanzar hacia la justicia”. Junto a eso, que la Fiscalía continué con la investigación para determinar las responsabilidades de los mandos y ex mandos, en cuanto su administración en la institución durante ese período, no evitó la utilización “indiscriminada y desmedida” de la represión, en innumerables ocasiones, violando normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

“Es fundamental dar con el autor del ataque, pero también es vital que toda la línea de mando involucrada rinda cuentas por lo sucedido. Esto sentaría un precedente en casos de violaciones a los derechos humanos y sería una importante señal para las otras víctimas que igualmente buscan justicia”, afirmó Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile.

Gustavo Gatica y AI Chile

En la ocasión, en una reunión no programada, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se reunió con los representantes de Amnistía Internacional, con Gustavo Gatica y su hermano, Enrique, manifestando su disposición a investigar las circunstancias de estos hechos y también de otras víctimas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la responsabilidad de los altos mandos en la concreción de estas vulneraciones.

Fiscalia Nacional caso Gustavo Gatica (1)

“El fiscal nacional se mostró muy abierto y con un compromiso muy fuerte de, efectivamente, investigar hasta llegar a toda la verdad, incluyendo a toda la línea de mando, no solo en el caso de Gustavo Gatica, sino que también en todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de estallido social. Hizo referencia a que también había recibido otros mensajes directamente, en el marco de la campaña Escribe por los Derechos, y que había sentido que esos mensajes habían sido también, una forma de darle un impulso de seguir en la lucha contra la impunidad“, señaló sobre Abbott, la representante de Amnistía Chile, Ana Piquer.

Gustavo Gatica y Ana Piquer_27072021

El caso de Gustavo Gatica, junto al de Fabiola Campillai, que el Ministerio Público decretó como causa prioritaria, son los dos más emblemáticos referentes a víctimas de trauma ocular, registradas en el apogeo de las manifestaciones sociales. En ese sentido, la premura con la que se desarrollen los procedimientos judiciales que los involucran, puede sentar precedentes en las causas de violaciones de derechos humanos en el país. Así lo afirmó en conversación con nuestro medio el director de la Fundación Los Ojos de Chile, Matías Vallejos.

“La verdad es que en Chile las causas de derechos humanos tardan a lo menos diez años. Esperamos que los casos de Gustavo y Fabiola presenten un precedente de diligencia frente a las violaciones a los derechos humanos, porque la verdad es que como sociedad no podemos esperar diez años para ver justicia, para ver sanciones frente a las graves, sistemáticas y generalizadas vulneraciones que acontecen desde el 18 de octubre en adelante”, señaló.

La Fundación Los Ojos de Chile es una organización que se articula con la finalidad de ir en apoyo de personas devenidas en víctimas de mutilación ocular, por acciones perpetradas por las policías, en la medida que, las voluntades de los organismos del Estado han sido deficientes en establecer vías de reparación idóneas frente a traumas de esta índole. En ese sentido, Matías Vallejos aseveró que, no solo el Gobierno, sino que también el poder judicial y el legislativo no han podido reconocer la magnitud de estos acontecimientos a casi dos años de haberse cometido.

“Estamos sorprendidos que a casi 22 meses (del 18 de octubre) aún no exista un reconocimiento de que nos encontramos en la peor crisis de derechos humanos en la historia democrática de nuestro país. Nunca antes en democracia habían existido violaciones graves, sistemáticas y generalizadas hacia la población civil y que todavía nadie lo diga es sorprendente, que no exista ningún tipo de disposición institucional por parte del Estado hacia la justicia, hacia la reparación integral, hacia la verdad, hacia las garantías de cese, ni a las garantías de repetición, porque lamentablemente siguen disparando al rostro, siguen usando el mismo armamento”, criticó.

Disparando-Bomba-Lacrimogena-960x540-1

Y es que la única política que el Ejecutivo instaló para efectos de subsanar estas afecciones, fue el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), del cual se sabe insuficiente para atender a las 500 personas que hasta hoy registra la Fundación Los Ojos de Chile y paralelamente, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, en la medida que cuenta con pocos profesionales y no considera aspectos multidimensionales para efectos de la reparación.

Así lo señaló el vicepresidente de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Felipe Riquelme, quien explicó que el programa consideraba solo a un terapeuta ocupacional, un tecnólogo médico, una asistente social y un psicólogo, excluyendo a oftalmología y psiquiatría en el plan. Asimismo, las instalaciones en la que gran parte de esas personas se atendían, era en la Unidad de Tratamiento Ocular (UTO) del Hospital El Salvador, que no reunía las condiciones para atender a todos los casos y en los que recurrentemente se exponían al acoso por parte de guardias, médicos tratantes, y de los mismos carabineros que se encontraban en el recinto por participar de las manifestaciones sociales.

“Para el PIRO se destinó un presupuesto de 2.203 millones de pesos, y este año vimos que habían destinado 1.900 millones a otras cosas, que nunca declararon, por lo que pedimos a Contraloría que se investigara, la diputada Mix también lo hizo. A causa de esto, no teníamos atenciones médicas, se aplazaban las cirugías, no estaban dando las prótesis, no daban los medicamentos, a las personas de regiones no se les estaba considerando sus pasajes, ellos llegaban aquí y si los atendían, los atendían, pero sino, los reagendaban y tenían que permanecer días en Santiago”, denunció Riquelme.

Para el director de Los Ojos de Chile, el defecto principal del PIRO y por el cual ocurre todas las deficiencias, es por el hecho que el programa no reconoce a sus pacientes como víctimas de derechos humanos, y desde ahí se vuelve incoherente e insuficiente en términos de cobertura, alcance, recursos humanos y sobre todo, de voluntad política para abordar el universo de personas víctimas de trauma ocular.

“Hay lesiones de todo tipo, por ejemplo el caso de Fabiola es una lacrimógena disparada al rostro, hay incluso víctimas de trauma ocular por paliza, por golpiza, pero de todo ello todavía hay un tratamiento de todos los poderes del Estado como si fueran casos aislados y hay más de 3 mil personas baleadas, hay más de 500 personas víctimas de trauma ocular y Fiscalía ya ha cerrado más del 50% de las causas, las archivó o las cerró por razones tan displicentes como no haber contactado a las víctimas”, afirmó Matías Vallejos.

En lo relativo a la judicialización de los casos, Felipe Riquelme atribuyó la demora de las causas, como una estrategia de los organismos del Estado para desmoralizar a las víctimas y lograr que se fatiguen en el proceso, en el caso de Carabineros, los funcionaros incurrirían incluso a acciones intimidatorias. Una práctica que data de hace años, dentro de lo que las víctimas de trauma ocular han podido socializar y constatar con organizaciones en búsqueda de la verdad y justicia de la dictadura cívico-militar.

“Carabineros y la Fiscalía han mantenido este retraso en la judicialización de las causas, ellos juegan al desgaste, a la desmoralización de la víctima. Aún hoy día, a los carabineros que hemos logrado identificar, ellos siguen acosando a las víctimas. Tenemos recursos de protección impuestos hacía carabineros, donde chicos se han conseguido las imágenes, han identificado al carabinero y ellos han pasado a sumario. Esos carabineros van a sus casas, los acosan, les intervienen los teléfonos, molestan a los familiares, se les paran afuera para prender las balizas a las 3 de la mañana y es un acoso constante. La Fiscalía sabe eso, y no hace nada”, denunció.

A modo de esclarecer la escala de personas vulneradas en todo el territorio nacional, y para efectos de establecer políticas de justicia y reparación que verdaderamente atiendan estas afecciones- como la reconversión laboral- es que la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular ha planteado en diferentes instancias políticas como las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara y el Senado, establecer un tipo de documento similar al informe Rettig, pero que en este caso, se emane desde la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, absolutamente autónomas del Estado.

Información importante
Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.