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Año XIII, 16 de septiembre de 2021

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Una responsabilidad sin asumir: expertos discrepan con declaraciones de Presidente Piñera sobre violaciones de DD.HH.

El Mandatario declaró ante la Fiscalía sobre los crímenes cometidos a partir del 18 de octubre, y aseguró que desde el Ejecutivo no existió ninguna orden operativa sobre Carabineros.

Andrea Bustos C.

  Miércoles 28 de julio 2021 18:37 hrs. 
Sebastián Piñera


El 19 de julio el Presidente Sebastián Piñera declaró ante Fiscalía por las investigaciones que se llevan adelante por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile a partir del 18 de octubre de 2019.

Sobre el Mandatario recaen varias querellas por una posible responsabilidad en los crímenes cometidos, tema que abordó en la declaración así como también la versión de una posible intervención extranjera en las manifestaciones, la cuestionada frase de “estamos en guerra” y la decisión de llevar adelante el estado de excepción.

“Siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de derecho y los DD.HH. Desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas de prevención para resguardar los derechos humanos”, declaró el presidente Piñera.

Además, también se le consultó respecto de las querellas en su contra por delitos de lesa humanidad: “De parte del Presidente por razones de formación familiar y de valores, el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida”, señaló sobre sus eventuales responsabilidades, según consigna La Tercera.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el abogado de derechos humanos, Francisco Bustos, expresó que, si bien es muy importante que un presidente en ejercicio declare en este tipo de causas, no comparte sus declaraciones.

“Él puede decir muchas cosas, pero lo concreto es que desde el 18 de octubre se produjeron graves violaciones de derechos humanos y ahí esto escapa a la lógica de los hechos aislados. Creo que no cabe duda que existen responsabilidades tanto de superiores policiales por acción u omisión pero también de superiores civiles, entonces no dudo que él en su fuero interno pueda creer que tiene este compromiso, pero lo que importa son los hechos y los hechos parecen desmentirlo”, comentó.

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Por su parte, el investigador en derechos humanos y abogado de la Universidad de Chile, Rodrigo Mallea, también expresó desacuerdos con lo expresado por el presidente Piñera ante la Fiscalía.

“Sus declaraciones responden a lo que sistemáticamente ha realizado este Gobierno, que dice relación con la negación de cualquier tipo de violación de derechos humanos que ha sucedido, que ya han sido certificados, constatados, registrados y documentados tanto por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de a poquito también por tribunales de justicia sobre que efectivamente hubo una situación generalizada – y a mi juicio también sistemática – de violaciones de derechos humanos que él ha negado”, dijo.

Y agregó: “A mí me parece correcto que el Presidente tome postura y, más allá de que estoy en desacuerdo con sus dichos, que diga algo. Y lo digo porque el silencio fue la tónica respecto de las violaciones de derechos humanos, cuando si en otros países suceden estos hechos de forma reiterada son los mismos gobiernos los que entregan cifras oficiales o colaboran con organismos internacionales para que haya una contabilización oficial de las víctimas, de las personas que son detenidas o fallecen incluso”.

La responsabilidad de las autoridades

Ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares en Chile, desde el Gobierno diversos actores han manifestado constantemente que se trata de acciones particulares, casos aislados y que se basan en responsabilidades personales de quienes ejercieron los delitos.

Esta versión volvió a ser reiterada por el Presidente Piñera en su declaración, en la que, respecto de las vulneraciones cometidas por carabineros, en concreto las cientos de mutilaciones oculares, el Presidente Piñera dijo que “cuando conocimos estos hechos, el Gobierno no permaneció indiferente”.

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Sobre el rol del Ejecutivo manifestó que “se preocupó y ocupó de esta materia pidiendo a Carabineros que iniciara los sumarios correspondientes y que se pusiera toda la información a disposición del Ministerio Público, intentando evitar que siguieran sucediendo estos hechos. El Gobierno pidió expresamente a Carabineros que revisara sus protocolos del uso de la fuerza para asegurar el respeto de los derechos humanos. De hecho, a partir de esas peticiones se restringió el uso de las escopetas antidisturbios”.

Respecto de este punto el abogado Francisco Bustos expresó que no se puede obviar por parte de las autoridades la relación que se genera con las instituciones a cargo.

“Lo que se sabe públicamente es que él (el Presidente) siempre está inmiscuido en cada aspecto de su Gobierno, que él prácticamente es el ministro de todas las carteras, siempre está muy al tanto de todo, entonces me extrañaría que no tuviera responsabilidad de estos hechos. Sabe perfectamente qué se hace, qué no se hace y de él también depende mantener en su cargo a las altas autoridades tanto del Ejército, de Carabineros sobre todo y también a los ministros respectivos de Interior, de Defensa. Por lo tanto, lo más probable es que en una causa por crímenes de lesa humanidad uno de los más altos responsables, una de las personas que tendría responsabilidad por mando como superior civil sería el Presidente de la República”, comentó el profesional del derecho.

Junto a ello recordó que el Presidente hizo caso omiso a ciertas acciones del general Mario Rozas en defensa de su personal, como cuando manifestó que no daría de baja a nadie, aunque se lo ordenaran: “Si la autoridad hubiera tenido compromiso con los derechos humanos habría reaccionado escandalizada (…) Sin embargo, haber mantenido al general Rozas en su puesto es bien elocuente, muestra que el Gobierno estaba perfectamente conteste y que le daba el respaldo, y eso fue lo que escuchamos siempre”.

Por su parte, sobre este punto Rodrigo Mallea, abogado, expresó que “el Presidente no tiene que responder solo por una declaración u otra, él tiene que responder por su responsabilidad respecto de los hechos que suceden en el país que está bajo su mando. Y debe responder no solo por lo que dijo, sino por la actitud de policías de enfrentarse al pueblo con armas, y esa respuesta no está satisfecha solo con una declaración respecto de sus dichos”.

Rodrigo Mallea

“No es solo acciones u omisiones, es también el contexto, el clima, la situación que generó el mismo Presidente que forzó, que presionó para que sucediera en Chile. Yo creo que cuando se mira la perspectiva general de todas las acciones del Presidente por cierto que su responsabilidad va a ser perseguida porque es responsable de más que solo una cosa”.

El control sobre las policías

En su declaración el Presidente Piñera también fue consultado por la Fiscalía respecto de si el Poder Ejecutivo tuvo alguna intervención en las estrategias de control de orden público. El Mandatario indicó que “teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad (FOS) no incluía la parte operativa. Es una dependencia en los aspectos administrativos y de objetivos. Por tanto, la forma en que se desplegaban las FOS eran decisiones operativas que correspondían a las policías y no al Gobierno”.

Sobre este punto en particular el abogado Francisco Bustos expresó que una vez más el Gobierno falla, dado que se ha instalado la idea desde las autoridades de que no tienen ciertas competencias sobre las policiales, cuando en realidad estás deben ser subordinadas del poder civil.

“Se repite mucho que el Ministerio del Interior parece decir que la policía es la que decide cómo hacer los operativos y que ellos simplemente harían cuestiones accesorias, administrativas, por un lado eso es desconocer las competencias que tiene el Ministerio del Interior, se supone – porque la realidad parece decir otra cosa – que las policías están subordinada al poder civil, Ejecutivo”, explicó.

Finalmente, el defensor de derechos humanos expresó: “Yo de verdad creo que esa no es una justificación jurídica ni ante el derecho interno ni internacional y lo que creo también es que una vez que deje la Presidencia, Sebastián Piñera va a tener que pensar muy bien a qué países viajar, porque se podría enfrentar a la jurisdicción internacional más temprano que tarde”, finalizó el profesional del derecho.

Durante este miércoles también se dieron a conocer parte de las declaraciones del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el ex intendente y actual delegado presidencial, Felipe Guevara, quienes declararon en calidad de testigo y querellado, respectivamente.

En sus testimonios ambos señalaron, al igual que el Presidente Piñera, que no se entregó ninguna orden de carácter operativo a Carabineros ni se intervino en las formas en que la policía ejercía sus procedimientos de control de orden público.

En la investigación, que lleva adelante, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, también han declarado los ex ministros de Interior, Andrés Chadwick, el ex general director de Carabineros, Mario Rozas y el actual jefe uniformado Ricardo Yáñez.

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