El proyecto de ley  que concede un indulto a los presos del estallido social ocurrido en nuestro país a partir de octubre de 2019 se encuentra en etapa de discusión y revisión por parte de la comisión de Constitución del Senado. Hasta ahora ha sesionado con invitados representantes de la Defensoría Nacional y del Ministerio Público y también con representantes de los familiares de los detenidos en el marco del estallido social.

En entrevista con nuestro medio, el presidente de tal instancia, senador Pedro Araya (IND) se refirió al estado actual de la discusión y entregó una crítica visión de la labor del Ministerio Público no solo durante la investigación de las causas en el marco del estallido social, sino en general en materia de las indagaciones penales por la comisión de delitos comunes.

“Esto no tiene que ver solo con las personas que están siendo investigadas en el marco del estallido social, sino que, a mi juicio, hay un problema general que tenemos con las investigaciones penales en nuestro país. Cuando se diseñó la Reforma Procesal Penal se hizo pensando en una estructura que permitiera investigaciones rápidas de forma tal de esclarecer rápidamente los delitos y llevar a juicio a las personas responsables prontamente, pero con el tiempo ha ocurrido que el Ministerio Público nos tiene acostumbrados a largas investigaciones muchas de las que no llegan a ninguna parte pues las personas son absueltas por falta de prueba. Quienes han sido detenidos en el marco del estallido social han evidenciado con mayor fuerza esta situación y, a partir de eso, estoy absolutamente convencido que es necesaria una puesta a punto del sistema de persecución penal en su conjunto y eso implica una reforma estructural a cómo está funcionando hoy el Ministerio Público”.

Ante la pregunta de si considera que ha habido una utilización política de la persecución penal por parte del Gobierno, el legislador puso énfasis en la criminalización de la protesta social que se ha observado durante este periodo de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera.

“El Ministerio Público está actuando respecto de personas detenidas en el marco del estallido social que presuntamente cometieron delitos. Lo que hay es una criminalización por parte del Gobierno desde el minuto que utiliza ciertos  elementos de persecución penal a fin de poder perseguir a ciertas personas, como es a través del uso abusivo de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo del Ministerio Público a mi parecer tiene que ver con la calidad de las investigaciones y también con lo que denunciaron las organizaciones sociales a las que escuchamos hoy (ayer) en la Comisión: las filtraciones recurrentes en todo tipo de investigación y que atentan contra el principio de presunción de inocencia”.

En materia de prisión preventiva y cómo esta medida cautelar se ha decretado en casos de investigación de delitos de baja penalidad, el senador independiente señaló que ese es otro de los temas que debe revisarse con detención.

“No solo en el caso del estallido social sino de delitos comunes, hay personas que pasan largo tiempo privadas de libertad mientras dura la investigación y que luego resultan condenadas a penas inferiores al tiempo que estuvieron cumpliendo la cautelar o bien, son absueltos. Así, se ha transformado en costumbre que la prisión preventiva sea una pena anticipada para muchas personas, lo que atenta contra los principios del debido proceso y las garantías que tiene cualquier persona al momento de ser juzgada”.

Respecto de la respuesta que ha obtenido la comisión de parte del fiscal nacional durante la revisión del proyecto de ley de indulto, el senador señaló que Jorge Abbott ha entregado información a la instancia legislativa, sin embargo, no existe claridad de cuántos son realmente los casos  de presos de la revuelta ni por qué tipos de delitos están siendo investigados.

“No tenemos un contexto de qué tipo de delitos ni de cuántas personas estamos hablando. Por eso le hemos solicitado a la Fiscalía que precise esta información pues ellos son los encargados de la persecución penal y quienes debieron tener mayor claridad respecto de cuántos son los presos de la revuelta y, por otra parte, aunque nosotros no podemos inmiscuirnos en la investigación judicial o ejercer labores jurisdiccionales, si nos preocupan denuncias que hemos recibido en la Comisión respecto del actuar del Ministerio Público en ciertos casos y que implican vulneraciones graves de las personas que están siendo investigadas. Eso debe tener una respuesta por parte de la Fiscalía y que se verifique el respeto de las garantías procesales de las personas”.

En cuanto a la necesidad de dar una respuesta política a la situación de los presos de la revuelta y que ésta sea a través de esta ley de indulto, el senador hizo referencia a otros hechos ocurrido en la historia de Chile que han sido resueltos con leyes de amnistía o de indulto general, sin embargo, puntualizó que lo del estallido social es un asunto diferente.

“Parte importante de los indultos y amnistías fueron después de guerras civiles o después de un golpe militar, los hechos actuales se dieron en democracia con un Poder Judicial funcionando para bien o para mal, entonces, eso genera una serie de complicaciones que a mi juicio no permiten un punto de comparación con lo que pasó hace 40 o cien años atrás. Esa consideración histórica debe tenerse presente”.

“Estoy consciente que hay que buscar una salida política a la situación de los presos de la revuelta, pero eso no puede ir en contra del marco jurídico que tiene el país. Hay que respetar ciertos principios que deben ser discutidos a fondo en la comisión de Constitución al momento de votar el proyecto”.

Consultado sobre los posibles riesgos que conllevaría el dictar una ley de indulto general ya que podría incluir a quienes efectivamente hayan cometido delitos o crímenes, el legislador señaló que efectivamente hay varias complejidades de carácter técnico jurídico que deben ser resueltas en la instancia que él preside.

“Por lo pronto debemos resolver si esto es un indulto o una amnistía  lo que es una situación no menor, pues si bien es cierto ambas extinguen la responsabilidad penal, sus requisitos y consecuencias jurídicas son distintas.

En segundo lugar hay que estudiar el catálogo de delitos que plantea al proyecto y hay algunos que, a mi juicio, no deberían ser objeto de indulto ni amnistía, por ejemplo el porte y tenencia de armas de fuego.

Un tercer tema es la forma en que se pide el beneficio, porque lo que se plantea es que las personas que se enmarquen dentro del catálogo de delitos y que éstos se hayan cometido entre el estallido social y diciembre de 2020 puedan pedir al juez que conoce de su causa, sea de garantía u oral en lo penal, que le dé el beneficio de amnistía o indulto y para ello solo debe prestar prueba indiciaria que todos sabemos es la más básica del proceso penal. Eso puede permitir que delincuentes comunes que nada tienen que ver con el estallido puedan solicitar el beneficio y obtenerlo”.

Este jueves la comisión sesionará nuevamente y escuchará las exposiciones de una serie de agrupaciones de víctimas de la denominada zona cero de diferentes ciudades del país y que fueron objeto de saqueos o incendios. Mientras que la semana entrante la instancia de la Cámara Alta se concentrará en el análisis técnico con las intervenciones de profesores de Derecho Penal que entregarán sus posiciones a favor y en contra de la iniciativa parlamentaria.

Se espera que en la segunda semana de agosto la Comisión pueda votar el proyecto de ley de modo que se informe a la Sala del Senado para su discusión general.