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Año XIV, 25 de junio de 2022

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Karina Riquelme, abogada de Jorge Huenchullan: “Hay un trato desigual de la justicia que solo trae más violencia en la Araucanía”

La abogada defensora de Jorge Huenchullán responsabilizó al aparato coactivo del Estado por generar situaciones de violencia como la ocurrida hoy en Temucuicui y denunció falta de igualdad ante la ley en la medida que no se ha considerado el delicado estado de salud del werkén

María Luisa Cisternas

  Jueves 5 de agosto 2021 19:49 hrs. 
huenchullan

Con carros blindados, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros llegaron a la Comuna de Temucuicui durante esta mañana, con la finalidad de hacer efectiva la detención del werkén Jorge Huenchullán a quién el Ministerio Público le decretó prisión preventiva en su formalización por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. El allanamiento fue frustrado por la Comunidad Autónoma de Temucuicui, con proyectiles de balas, que impactaron en la carrocería de los vehículos, sin registrar lesiones de funcionarios.

La respuesta de los comuneros nace de la negativa a acatar la reclusión de Huenchullán, en atención a su delicado estado de salud, al haber permanecido internado en el hospital La Victoria por Covid-19. Una jornada que marcó un episodio en esta persecución, fue cuando efectivos de las policías ingresaron abruptamente al establecimiento de salud, para detener al werkén, quien fue liberado posteriormente por un recurso de amparo acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Luego, en una audiencia vía Zoom, el Juzgado de Garantía de Collipulli decretó la privación de libertad como medida cautelar para el comunero, pese a las presentaciones y certificados médicos que su defensa había esgrimido para evitar su reclusión. Ante eso, Huenchullán no se presentó en el penal de Angol y se refugió en estado de clandestinidad política dentro de la comunidad de Temucuicui.

Al respecto, la abogada Karina Riquelme, que desde febrero asumió el patrocinio del werkén, señaló que el caso de Huenchullán es otra evidencia de la criminalización que existe sobre los dirigentes mapuches del sur, que utiliza los mecanismos del derecho procesal penal, para exceder las facultades de un proceso ordinario. 

“No creo que otra persona presentando los antecedentes que él presentó, se le hubiera decretado la prisión preventiva y aquí es donde tiene importancia la participación del Gobierno, que tiene una querella que utiliza el ministro del Interior, generando presión y es por eso que esta situación es política, porque se encuentra presente en el Gobierno, y el Ministerio Público hace oídos sordos de las presentaciones de los certificados médicos y de todas las solicitudes que hemos presentado para que no se desaten situaciones de violencia como las que hoy en la mañana se vivieron en la comunidad, que responde a la protección que está realizando la comunidad a la vida de una autoridad de ellos”, afirmó.

En ese sentido relevó que es de conocimiento de la sociedad que las personas que son entubadas producto del Covid-19, presentan pésimas condiciones físicas los días posteriores. En ese sentido y en virtud de la vida del Huenchullán, es que la comunidad de Temucuicui adopta su irrestricta defensa, declarando el estado de clandestinidad política.

“La decisión de la no presentación es una decisión que se toma entre autoridades mapuches, y eso es lo que la sociedad tiene que entender, de que existe un derecho propio, una forma de ser del pueblo mapuche, que la aplica en sus territorios, donde en cada uno hay autoridades del pueblo mapuche, que deciden cosas. Que eso no se dé a conocer y que se invisibilicen esas cosas, es de una gran ignorancia en todo Chile”, criticó.

En esa línea, la abogada hizo hincapié en que Huenchullán se presentó a la audiencia de formalización, pese a que sus condiciones de salud reunían el mérito y se encontraba certificada para excusarse de la misma.  No obstante a eso-y asistiendo a la audiencia- se determina su reclusión, cuando se ha señalado que los centros penales son un factor de riesgo frente al virus.

“Si recordamos hace unos años atrás cuando se intentó formalizar a Patricio Marín Lazo (ex oficial de Carabineros), en el caso Huracán, cuando a él se le acusa de asociación ilícita por inoculación de pruebas a Jorge Huenchullán, él presentó numerosas licencias médicas para no ir a la formalización ¿Usted cree que alguien pidió una orden de detención? ¿Fueron a su casa con tanquetas, motines y más de cien PDI para poder detenerlo? No lo hicieron. Ese es el trato desigual de la justicia y ese es el trato que solo trae más violencia en la Araucanía, porque lamentablemente la institucionalidad no abre los ojos y es evidente que el Poder Judicial también tiene intereses en este conflicto, es cosa que pudiéramos solicitar saber cuántos de los jueces, ministros de la Corte, tienen propiedades al sur del Biobío“, señaló.

La militarización del Wallmapu ha sido denunciada hace al menos unos 20 años por las comunidades, afirmó Riquelme, y ha sido agudizada en las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet instalando la premisa del terrorismo en la Araucanía.

“A un hermano de Jorge Huenchullán se le acusó de terrorista el 2010, luego fue absuelto. Jorge Huenchullán ha sido acusado en más de 40 causas, muchas de ellas no han perseverado y ha pasado en prisión preventiva porque esa medida es utilizada como una pena anticipada para el mapuche, es un hecho, es la manera que tiene el Estado chileno para acallar las demandas del pueblo mapuche, encerrar a sus werkenes y a sus loncos”, afirmó.

A eso agregó que el Estado cuenta con un equipo jurídico especializado en la Araucanía, dedicado solo a presentar querellas en contra de los representantes mapuches a modo de hacer efectiva estas ‘pre penas’, lo que también vulnera el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que según la abogada, determina que en el caso de sanciones penales, se deben preferir otras medidas cautelares y no la reclusión. 

“Aquí se genera un gran revuelo sobre el delito, pero cuando vamos afinando el tema de las pruebas, evidentemente llegamos a conclusiones muy distintas de las que primero nos muestra el Ministerio Público. Aquí yo no tengo cámaras respecto de esta entrada, ni registros del domicilio de mi representado, ellos dicen que encontraron armas y municiones y ni siquiera tenemos un peritaje respecto a esa arma. Hay un montón de características especificas del caso que no se han desarrollado y que evidentemente en una etapa de investigación, de juicio oral, vamos a poder realizar esas defensas. Lo único que se esperaba aquí es que él pudiera recuperarse en su casa, y así poder ejercer la defensa, por eso asumí patrocinio antes de que el fuera detenido, él no hubiera contratado a una abogada para permanecer de clandestino toda su vida“, aseveró.

Asimismo, la abogada manifestó mantener muchas dudas sobre las supuestas 500 plantas de cannabis que habían sido encontradas en el domicilio de Huenchullán. “No hay ni fotografías, la policía me dice que yo tengo que creerle porque ellos dicen que eso fue lo que encontraron, pero la policía ya dijo alguna vez que había encontrado mensajes en el teléfono de mi representado, que decía que andaba quemando camiones y eso fue falso, por lo que tengo todo el derecho de dudar sobre las pruebas que ellos presentan”.

Finalmente, la defensora de Huenchullán apuntó a la “agresión simbólica” que se ejerce en el territorio, permanentemente sitiado, rodeado de carrocería de guerra, de sobrevuelo de drones y vigilantes armados.

“Existía en Pailahueque un liceo para todos los jóvenes de Malleco, muchos de ellos de las comunidades adyacentes, de comunidades en resistencia que iban a estudiar a ese liceo. Hoy día ese liceo es una base militar, está lleno de tanquetas y fuera de esa base militar hay un tallado de un GOPE gigantesco con escudo y con casco, eso es una violencia simbólica gigantesca, el establecimiento de una base militar en el Wallmapu, entonces no pueden decirme que no estamos en guerra”, observó.