Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego y la mayoría de ellas provienen de EE.UU., algo que hace 22 años llegaba sólo al 15%. Esto es así porque a lo largo de la frontera común, en una suerte de “contrabando hormiga”, cruzan ilegalmente hacia México cada año cientos de miles de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras, fusiles Barret, bazucas, lanzacohetes, etc., escondidos en autos o camiones de carga. Armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 Punto 50, una de las más poderosas armas de fuego utilizadas por la infantería de marina de EE.UU., arsenales con que contaba el cártel de Sinaloa, según pudo constatarse en 2019 durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del “el Chapo” Guzmán.
Es debido a lo anterior que esta primera semana de agosto el gobierno de México demandó de forma inédita ante la Corte Federal en Boston a un grupo de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. La demanda recae sobre 11 compañías productoras y distribuidoras de armas del país del norte, a las que se acusa de promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, según estipuló el canciller Marcelo Ebrard. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que estas compañías “hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada” y subrayó que la demanda está dirigida contra dichas empresas privadas y no contra el gobierno estadounidense. “No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de EE.UU., es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses a portar armas”, dijo AMLO.
Lo peor es que las empresas demandadas están conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México, aseguró Ebrard. “Las empresas lo saben. Argumentan que cuando las armas salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de ello si alguien, por ejemplo, llega y compra cinco Barretts punto 50″, criticó el canciller. Y sumó un detalle inquietante: las compañías están desarrollando diferentes modelos de armas para el narco, porque las hacen para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso”, dijo, aunque sin ofrecer más detalles.
La demanda presentada por el Estado mexicano no sólo busca que las empresas demandadas indemnicen y compensen económicamente al gobierno de México por un monto que será determinado en el juicio, sino que éstas se comprometan a hacer un seguimiento que ayude al control de las mismas después de su venta. También, explicó el canciller azteca, que se pueda prevenir que esa gran cantidad de armas ilegales sean usadas por delincuentes o por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en los medios enfocadas a combatir el tráfico ilícito de armas. “Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, reiterando que la demanda no busca interferir en la política oficial sobre armas de Estados Unidos, ya que el litigio involucra sólo a empresas privadas de ese país.
El gobierno mexicano calcula que en la última década entraron ilegalmente al país unos dos millones de armas, la mayoría compradas en tiendas y negocios de los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, en los que hay más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para venderlas. De esas armas las autoridades mexicanas sólo confiscaron unas 193.000 armas en el mismo período de tiempo.
“Confiamos en la calidad jurídica de la demanda que estamos presentando. Vamos a litigar con toda seriedad, vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune”, concluyó Ebrard.
Confiemos todos en Latinoamérica que así sea.
Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego y la mayoría de ellas provienen de EE.UU., algo que hace 22 años llegaba sólo al 15%. Esto es así porque a lo largo de la frontera común, en una suerte de “contrabando hormiga”, cruzan ilegalmente hacia México cada año cientos de miles de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras, fusiles Barret, bazucas, lanzacohetes, etc., escondidos en autos o camiones de carga. Armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 Punto 50, una de las más poderosas armas de fuego utilizadas por la infantería de marina de EE.UU., arsenales con que contaba el cártel de Sinaloa, según pudo constatarse en 2019 durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del “el Chapo” Guzmán.
Es debido a lo anterior que esta primera semana de agosto el gobierno de México demandó de forma inédita ante la Corte Federal en Boston a un grupo de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. La demanda recae sobre 11 compañías productoras y distribuidoras de armas del país del norte, a las que se acusa de promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, según estipuló el canciller Marcelo Ebrard. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que estas compañías “hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada” y subrayó que la demanda está dirigida contra dichas empresas privadas y no contra el gobierno estadounidense. “No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de EE.UU., es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses a portar armas”, dijo AMLO.
Lo peor es que las empresas demandadas están conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México, aseguró Ebrard. “Las empresas lo saben. Argumentan que cuando las armas salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de ello si alguien, por ejemplo, llega y compra cinco Barretts punto 50″, criticó el canciller. Y sumó un detalle inquietante: las compañías están desarrollando diferentes modelos de armas para el narco, porque las hacen para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso”, dijo, aunque sin ofrecer más detalles.
La demanda presentada por el Estado mexicano no sólo busca que las empresas demandadas indemnicen y compensen económicamente al gobierno de México por un monto que será determinado en el juicio, sino que éstas se comprometan a hacer un seguimiento que ayude al control de las mismas después de su venta. También, explicó el canciller azteca, que se pueda prevenir que esa gran cantidad de armas ilegales sean usadas por delincuentes o por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en los medios enfocadas a combatir el tráfico ilícito de armas. “Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, reiterando que la demanda no busca interferir en la política oficial sobre armas de Estados Unidos, ya que el litigio involucra sólo a empresas privadas de ese país.
El gobierno mexicano calcula que en la última década entraron ilegalmente al país unos dos millones de armas, la mayoría compradas en tiendas y negocios de los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, en los que hay más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para venderlas. De esas armas las autoridades mexicanas sólo confiscaron unas 193.000 armas en el mismo período de tiempo.
“Confiamos en la calidad jurídica de la demanda que estamos presentando. Vamos a litigar con toda seriedad, vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune”, concluyó Ebrard.
Confiemos todos en Latinoamérica que así sea.
Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego y la mayoría de ellas provienen de EE.UU., algo que hace 22 años llegaba sólo al 15%. Esto es así porque a lo largo de la frontera común, en una suerte de “contrabando hormiga”, cruzan ilegalmente hacia México cada año cientos de miles de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras, fusiles Barret, bazucas, lanzacohetes, etc., escondidos en autos o camiones de carga. Armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 Punto 50, una de las más poderosas armas de fuego utilizadas por la infantería de marina de EE.UU., arsenales con que contaba el cártel de Sinaloa, según pudo constatarse en 2019 durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del “el Chapo” Guzmán.
Es debido a lo anterior que esta primera semana de agosto el gobierno de México demandó de forma inédita ante la Corte Federal en Boston a un grupo de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. La demanda recae sobre 11 compañías productoras y distribuidoras de armas del país del norte, a las que se acusa de promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, según estipuló el canciller Marcelo Ebrard. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que estas compañías “hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada” y subrayó que la demanda está dirigida contra dichas empresas privadas y no contra el gobierno estadounidense. “No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de EE.UU., es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses a portar armas”, dijo AMLO.
Lo peor es que las empresas demandadas están conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México, aseguró Ebrard. “Las empresas lo saben. Argumentan que cuando las armas salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de ello si alguien, por ejemplo, llega y compra cinco Barretts punto 50″, criticó el canciller. Y sumó un detalle inquietante: las compañías están desarrollando diferentes modelos de armas para el narco, porque las hacen para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso”, dijo, aunque sin ofrecer más detalles.
La demanda presentada por el Estado mexicano no sólo busca que las empresas demandadas indemnicen y compensen económicamente al gobierno de México por un monto que será determinado en el juicio, sino que éstas se comprometan a hacer un seguimiento que ayude al control de las mismas después de su venta. También, explicó el canciller azteca, que se pueda prevenir que esa gran cantidad de armas ilegales sean usadas por delincuentes o por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en los medios enfocadas a combatir el tráfico ilícito de armas. “Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, reiterando que la demanda no busca interferir en la política oficial sobre armas de Estados Unidos, ya que el litigio involucra sólo a empresas privadas de ese país.
El gobierno mexicano calcula que en la última década entraron ilegalmente al país unos dos millones de armas, la mayoría compradas en tiendas y negocios de los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, en los que hay más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para venderlas. De esas armas las autoridades mexicanas sólo confiscaron unas 193.000 armas en el mismo período de tiempo.
“Confiamos en la calidad jurídica de la demanda que estamos presentando. Vamos a litigar con toda seriedad, vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune”, concluyó Ebrard.
Confiemos todos en Latinoamérica que así sea.
