El último jueves de julio la comunidad de Limache se anotó un triunfo judicial que, de ser conocido, traería esperanza a localidades a lo largo del país que libran sordas batallas en defensa del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El fallo de la Corte Suprema que obliga al Tribunal Ambiental a revisar la resolución favorable a la Termoelécrica Los Rulos, pasó casi ignorado por los medios nacionales y aún por la prensa regional, para fortuna de quienes promueven o amparan proyectos productivos que consideran a los seres humanos y el entorno que habitan meros insumos con valor medible en función de la rentabilidad de una inversión.

La “Central de ciclo combinado Los Rulos”, prevista en la ciudad de Limache, Región de Valparaíso, obtuvo en marzo de 2017 la calificación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Se inició entonces –como es usual en proyectos de este tipo- un largo ir y venir que presenta al Tribunal Ambiental correspondiente argumentos científicos, biológicos, culturales y técnicos que inducen a la comunidad a actuar en defensa de su calidad de vida. Resumiendo esta historia, en marzo de 2020 el Tribunal Ambiental dictó sentencia, declarándose incompetente para conocer los argumentos de los reclamantes.

El órgano judicial adujo que entregó el tema al Comité de Ministros, espacio límbico al que suelen ir a dar reclamaciones de este tipo, quedando sujetas a la complicada agenda de los ministros del Medio Ambiente, Salud, Economía, Fomento y Turismo, Agricultura, Energía y Minería. De hecho, en este caso particular, se encuentran a la fecha 66 reclamaciones de vecinos y organizaciones en espera que el Comité acoja sus argumentos.

¿Cuáles son los argumentos delegados al Comité de Ministros? Básicamente, que el proyecto fue autorizado sin considerar información relevante y esencial, poniendo en riesgo la salud de la población al no presentar mecanismos de compensación y retiro de las más de cien toneladas de material particulado de 2.5 micras (MP2.5), el contaminante atmosférico más peligroso ya presente (y en exceso) en Limache. De concretarse el proyecto Los Rulos, esta situación se vería fuertemente agravada por el impacto de dicho contaminante en las comunas cercanas de Concón, Quintero y Puchuncaví, territorios que se encuentran bajo el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental promulgado por el Ministerio de Medioambiente.

En este escenario y ante un recurso de casación que exigió al Tribunal Ambiental conocer las pruebas expuestas a su consideración, el 29 de julio la Corte Suprema determinó que no corresponde a instancias político/administrativas –como el Comité de Ministros- resolver temas que competen a los tribunales. Ordenó por tanto al Tribunal Ambiental conocer los temas a su consideración y al citado Comité revisar, en un plazo de 60 días, todas las reclamaciones referidas al mismo caso.

Este fallo sienta un precedente jurídico que impactará, esperamos, en muchos otros casos cuya resolución se elude usando el argumento que el principal tribunal del país acaba de desechar. E informa a los chilenos que algo cambió en este país, que hace treinta años rendía culto a los megaproyectos de inversión energética, aunque depredaran el ecosistema.

El Tribunal Ambiental soslayó pronunciarse sobre vicios que hoy nuestro país se encamina a corregir. Uno de ellos, la incongruencia de que el Estado invierta recursos en descontaminar zonas históricamente contaminadas mientras, por otra parte, aprueba proyectos que atentan contra sus planes de descontaminación.

Corresponderá ahora al Tribunal Ambiental calificar –entre otros- los antecedentes sobre el grave riesgo que Los Rulos representa para la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana – Peñuelas, situación vergonzosa para un país que ante las cámaras firma en la COP21 el compromiso con la reducción de gases de efecto invernadero, mientras en silencio aprueba una termoeléctrica en un área protegida internacionalmente.

La carencia de espacios relevantes sobre materias ambientales en los medios de comunicación, hacen más fácil el avance de proyectos como el que el Tribunal Ambiental eludió revisar, ante lo cual tuvo que pronunciarse la máxima instancia judicial. Cuando los órganos técnicos actúan condicionados por intereses políticos y prácticas enquistadas en un sistema que, al fin, comienza a cambiar, es necesario que la prensa asuma un rol activo para devolvernos a chilenas y chilenos el derecho de honrar la justicia y vivir en equilibrio con la naturaleza.

Salvador Donghi Rojas
Biólogo
Director de Simbiosis Bioconsultora