La Convención Constituyente en tanto órgano de representación diverso que integra escaños reservados para pueblos indígenas y paridad de género, es inédito en nuestra historia.

Asegurar la paridad sólo fue posible gracias a la masiva irrupción de generaciones de jóvenes que han salido a la calle a exigir sus derechos (nuestro mayo feminista 2018), el constante trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas demandando una participación política sustantiva en espacios de decisión, y el impecable trabajo técnico de académicas feministas que diseñaron la fórmula.

Desde el fin de la dictadura, tuvimos que esperar más de 30 años para dejar de ser excepciones en el mundo de la política y entrar de lleno en un espacio de representación como lo que somos, la mitad de la población. Sin embargo, este triunfo no puede hacernos olvidar que el déficit de participación de mujeres en política se mantiene, pues las jerarquías de género son estructuras difíciles de remover e históricamente el poder se ha construido por y desde lo masculino.

Las mujeres somos peligrosas para el poder, porque damos vuelta “el orden de las cosas”, subvirtiendo el rol de sumisas, obedientes y silenciosas que espera la sociedad. La irrupción de las constituyentes rompe con el estereotipo y genera resistencias desde el mundo político. Esta realidad ha dado lugar al término “violencia política de género” (VPG) que alude a las acciones y omisiones basadas en el género que causan daño o sufrimiento a las mujeres, y que tiene como objetivo o resultado anular y limitar su derecho a participar en política.

La VPG se expresa de diferentes formas, puede ser física, sexual, psicológica, económica, simbólica y digital. A pesar de las graves formas que adquiere, sus expresiones más sutiles y naturalizadas también merecen ser visibilizadas. Este es el caso de la violencia simbólica, la más presente, pero menos evidente de todas, porque está inmersa en nuestra cultura, deslegitimando a las mujeres a través de estereotipos de género que niegan su pertenencia y competencia en la esfera política.

Para dar cuenta de la dimensión simbólica de la VPG, desde Corporación Humanas e Interpreta, observamos la narrativa que se tejió durante la campaña constituyente en la red social Twitter, que dadas las restricciones de movilidad de la pandemia se convirtió en un medio relevante para difundir propuestas programáticas. El estudio se centró en 428 mujeres y disidencias sexuales candidatas constituyentes en 13 distritos, sumando a aquellas que postulaban a los escaños reservados para pueblos indígenas.

Los resultados indican que la violencia digital se expresa principalmente a través del desprestigio, el menosprecio de capacidades y las alusiones al cuerpo o la sexualidad. Sin embargo, al analizar separadamente determinados perfiles de candidaturas, el enfoque interseccional permite observar la interconexión y articulación de categorías sociales de exclusión que dan lugar a diversas experiencias de violencia y discriminación. Así, por ejemplo, las expresiones discriminatorias basadas en roles y mandatos de género estaban más presentes en las candidatas feministas, loca e histérica son los epítetos más comunes. Lo mismo ocurrió en caso de disidencias sexuales, que fueron objeto de ofensas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Por otra parte, tanto las candidatas menores de 35 años como las académicas enfrentan mayores niveles de menosprecio a sus capacidades, a las primeras se les adjudica falta de trayectoria y conocimiento, y respecto a las segundas cuestiona sus especialidades y conocimientos disciplinarios. En el caso de las candidatas mayores de 65 años, las menciones se centran en ofensas sobre sus cuerpos. Aquellas que tenían experiencia como dirigentas de base son objeto de expresiones clasistas, y como es de esperar las candidatas indígenas enfrentan racismo, en particular hacia el pueblo mapuche con acusaciones de terrorismo.

La VPG que pesó sobre las candidatas a la constituyente debe alertarnos sobre las diferentes formas de reproducción de la violencia, que en este caso no sólo perjudica a las directamente aludidas en tanto el espacio para difundir propuestas de campañas se vuelve hostil y agresivo. Como toda violencia de género, se dirige a disciplinar a todas las mujeres, siendo capaz de modificar conductas, aspiraciones y proyectos.

Las amenazas, violencia y hostigamientos que han denunciado la presidenta Elisa Loncon y otras convencionales debe alertarnos para generar estrategias “hacia afuera” que visibilicen la VPG y eviten su reproducción en redes sociales, y “hacia adentro” mediante la aprobación de un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género durante el funcionamiento de la Convención y la suscripción del compromiso impulsado por la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena que invita a toda la Convención a sumarse al desafío común de generar espacios libres de violencia de género.

* Mariela Infante es socióloga de Corporación Humanas.