La Comisión de Medio Ambiente del Senado comenzó el martes 3 de agosto la revisión del proyecto de protección de glaciares, aprobado a principios de junio por la Comisión de Minería y Energía de la corporación. En dicha instancia se introdujo una serie de modificaciones al proyecto original presentado por Ximena Órdenes (PPD), Guido Girardi (PPD) e Isabel Allende (PS).
A la sesión concurrieronlas y los senadores Órdenes (quien preside la comisión), Allende, Alfonso de Urresti (PS), José Miguel Durana (UDI) y Rafael Prohens (RN). Además, el jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, Gino Casassa.
En la oportunidad el abogado y asesor legislativo de Ximena Órdenes, Matías Ortiz, expuso los principales cambios hechos al proyecto por parte de la Comisión de Minería.
La iniciativa establece tres ámbitos de protección: glaciares, ambiente periglaciar y permafrost, las cuales estarán contenidas en el Inventario Público Glaciológico.
En el caso de los glaciares “se consagra una prohibición absoluta de realizar minería o cualquier otro tipo de actividad industrial en glaciares de cualquier tipo (blancos o rocosos), salvo aquellas actividades destinadas a la investigación científica, turismo o deportivas sustentables”.
Pero las controversias sustanciales radican en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost, tanto sobre qué se entiende por ellos como las formas de protección.
Para el ambiente periglaciar se permite su intervención, sometiendo “todas las faenas mineras, actuales y futuras, incluso con efecto retroactivo, a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental reforzado y calificado. Así existirán medidas especiales adicionales a las normas ambientales existentes”. Y se contemplan “sanciones penales para los ejecutivos de las empresas mineras y otras que no cumplan con las medidas de la ley. La idea es que las empresas se obliguen a adoptar sistemas de prevención que hoy no existen”.
Girardi y la senadora Yasna Provoste (DC) habían presentado una indicación para prohibir actividades mineras en estas áreas cuando estuvieran ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana (por la importancia de los glaciares para el suministro de agua), sin embargo fue rechazada por Allende, Alejandro García Huidobro (UDI) y Prohens.
En el caso del permafrost (continuo o de permafrost discontinuo asociados a sistemas glaciares) también se exigirá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se establecieron penas de cárcel si se afectaren los glaciares y en caso de estar constituidos por contenido hídrico se les exigirá un permiso especial de la Dirección General de Aguas.
Se prevé que en esta comisión se insista en la protección del ambiente periglaciar en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, sin embargo la presencia de Isabel Allende, quien ha manifestado su interés en proteger el avance minero (particularmente de Codelco con Andina), hace complejo el éxito de esta reposición si se alinea nuevamente con los senadores de derecha.
Una vez aprobado el proyecto, pasará a revisión por la Comisión de Hacienda.
La iniciativa fue ingresada en 4 de julio de 2018, luego que el actual gobierno, a través de la entonces ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos, retirara su patrocinio a un proyecto de protección de glaciares que desde 2014 se tramitaba en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado comenzó el martes 3 de agosto la revisión del proyecto de protección de glaciares, aprobado a principios de junio por la Comisión de Minería y Energía de la corporación. En dicha instancia se introdujo una serie de modificaciones al proyecto original presentado por Ximena Órdenes (PPD), Guido Girardi (PPD) e Isabel Allende (PS).
A la sesión concurrieronlas y los senadores Órdenes (quien preside la comisión), Allende, Alfonso de Urresti (PS), José Miguel Durana (UDI) y Rafael Prohens (RN). Además, el jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, Gino Casassa.
En la oportunidad el abogado y asesor legislativo de Ximena Órdenes, Matías Ortiz, expuso los principales cambios hechos al proyecto por parte de la Comisión de Minería.
La iniciativa establece tres ámbitos de protección: glaciares, ambiente periglaciar y permafrost, las cuales estarán contenidas en el Inventario Público Glaciológico.
En el caso de los glaciares “se consagra una prohibición absoluta de realizar minería o cualquier otro tipo de actividad industrial en glaciares de cualquier tipo (blancos o rocosos), salvo aquellas actividades destinadas a la investigación científica, turismo o deportivas sustentables”.
Pero las controversias sustanciales radican en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost, tanto sobre qué se entiende por ellos como las formas de protección.
Para el ambiente periglaciar se permite su intervención, sometiendo “todas las faenas mineras, actuales y futuras, incluso con efecto retroactivo, a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental reforzado y calificado. Así existirán medidas especiales adicionales a las normas ambientales existentes”. Y se contemplan “sanciones penales para los ejecutivos de las empresas mineras y otras que no cumplan con las medidas de la ley. La idea es que las empresas se obliguen a adoptar sistemas de prevención que hoy no existen”.
Girardi y la senadora Yasna Provoste (DC) habían presentado una indicación para prohibir actividades mineras en estas áreas cuando estuvieran ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana (por la importancia de los glaciares para el suministro de agua), sin embargo fue rechazada por Allende, Alejandro García Huidobro (UDI) y Prohens.
En el caso del permafrost (continuo o de permafrost discontinuo asociados a sistemas glaciares) también se exigirá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se establecieron penas de cárcel si se afectaren los glaciares y en caso de estar constituidos por contenido hídrico se les exigirá un permiso especial de la Dirección General de Aguas.
Se prevé que en esta comisión se insista en la protección del ambiente periglaciar en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, sin embargo la presencia de Isabel Allende, quien ha manifestado su interés en proteger el avance minero (particularmente de Codelco con Andina), hace complejo el éxito de esta reposición si se alinea nuevamente con los senadores de derecha.
Una vez aprobado el proyecto, pasará a revisión por la Comisión de Hacienda.
La iniciativa fue ingresada en 4 de julio de 2018, luego que el actual gobierno, a través de la entonces ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos, retirara su patrocinio a un proyecto de protección de glaciares que desde 2014 se tramitaba en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado comenzó el martes 3 de agosto la revisión del proyecto de protección de glaciares, aprobado a principios de junio por la Comisión de Minería y Energía de la corporación. En dicha instancia se introdujo una serie de modificaciones al proyecto original presentado por Ximena Órdenes (PPD), Guido Girardi (PPD) e Isabel Allende (PS).
A la sesión concurrieronlas y los senadores Órdenes (quien preside la comisión), Allende, Alfonso de Urresti (PS), José Miguel Durana (UDI) y Rafael Prohens (RN). Además, el jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, Gino Casassa.
En la oportunidad el abogado y asesor legislativo de Ximena Órdenes, Matías Ortiz, expuso los principales cambios hechos al proyecto por parte de la Comisión de Minería.
La iniciativa establece tres ámbitos de protección: glaciares, ambiente periglaciar y permafrost, las cuales estarán contenidas en el Inventario Público Glaciológico.
En el caso de los glaciares “se consagra una prohibición absoluta de realizar minería o cualquier otro tipo de actividad industrial en glaciares de cualquier tipo (blancos o rocosos), salvo aquellas actividades destinadas a la investigación científica, turismo o deportivas sustentables”.
Pero las controversias sustanciales radican en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost, tanto sobre qué se entiende por ellos como las formas de protección.
Para el ambiente periglaciar se permite su intervención, sometiendo “todas las faenas mineras, actuales y futuras, incluso con efecto retroactivo, a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental reforzado y calificado. Así existirán medidas especiales adicionales a las normas ambientales existentes”. Y se contemplan “sanciones penales para los ejecutivos de las empresas mineras y otras que no cumplan con las medidas de la ley. La idea es que las empresas se obliguen a adoptar sistemas de prevención que hoy no existen”.
Girardi y la senadora Yasna Provoste (DC) habían presentado una indicación para prohibir actividades mineras en estas áreas cuando estuvieran ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana (por la importancia de los glaciares para el suministro de agua), sin embargo fue rechazada por Allende, Alejandro García Huidobro (UDI) y Prohens.
En el caso del permafrost (continuo o de permafrost discontinuo asociados a sistemas glaciares) también se exigirá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se establecieron penas de cárcel si se afectaren los glaciares y en caso de estar constituidos por contenido hídrico se les exigirá un permiso especial de la Dirección General de Aguas.
Se prevé que en esta comisión se insista en la protección del ambiente periglaciar en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, sin embargo la presencia de Isabel Allende, quien ha manifestado su interés en proteger el avance minero (particularmente de Codelco con Andina), hace complejo el éxito de esta reposición si se alinea nuevamente con los senadores de derecha.
Una vez aprobado el proyecto, pasará a revisión por la Comisión de Hacienda.
La iniciativa fue ingresada en 4 de julio de 2018, luego que el actual gobierno, a través de la entonces ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos, retirara su patrocinio a un proyecto de protección de glaciares que desde 2014 se tramitaba en la Cámara de Diputados.
