Este lunes la Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, escuchó el alegato del abogado defensor del jefe de la cartera, Jorge Gálvez. Esto luego de la presentación de descargos por escrito que realizó el ministro a la secretaría de la Comisión el pasado jueves 5 de agosto y que consistió en un documento de 340 páginas y seis archivadores adjuntos que complementan la defensa de Figueroa.  

La Comisión integrada por diputada Marisela Santibáñez (PC), Tomás Fuentes (RN) y los diputados de la UDI, Enrique Van Ryssselberghe, Guillermo Ramírez y Juan Manuel Fuenzalida-presidente de la instancia- ha sesionado a diario partir del lunes 26 de julio, desarrollando audiencias de presentación para alimentar los argumentos en contra y a favor de la acusación.

Un proceso del cuál se refirió el ministro durante un balance sobre el proceso de retorno presencial a clases este lunes, subrayando en el esfuerzo que ha realizado la cartera que dirige para asegurar la continuidad del proceso educativo y para generar las condiciones que permitan recuperar la presencialidad. 

“Yo confío en que cuando se conozca la acusación constitucional que será este jueves, los diputados puedan comprender todos los esfuerzos que el país ha hecho para que de manera segura, en forma gradual, con mucha flexibilidad, volver a poner los establecimientos educacionales a disposición de las familias. Lamentablemente esta acusación no hace más que marcar una diferencia política respecto a ese objetivo“, criticó.

En esa línea el abogado defensor de Figueroa, Jorge Gálvez, señaló que desde el Mineduc se ha realizado un esfuerzo por garantizar el desarrollo idóneo de las experiencias educativas, en un contexto particularmente desafiante. En ese sentido esgrimió que la acusación no hace justicia del contexto de emergencia sanitaria en el que el país se encuentra.

“El conjunto general de la actividad del ministerio debe ser juzgado con justicia en su contexto de enormes dificultades. En ese contexto es donde el señor ministro se enfocó en la forma que he descrito, a favor de retomar la presencialidad, pero es en ese contexto que hemos demostrado en la contestación de la acusación que paralelamente se desarrollaron un conjunto enorme de iniciativas que permitieron efectivamente generar la continuidad de la educación, que sin ellos probablemente ahí si estaríamos en una crisis educacional infinitamente mayor“, expuso.

En lo particular, el abogado se refirió a 62 medidas desarrolladas en el marco de la pandemia para darle continuidad a los servicios educativos, entre las que subrayó el esfuerzo logístico para distribuir más de 30 millones de canastas familiares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que si bien sufrió la modificación de algunos productos de menor aporte nutricional a los que tradicionalmente contemplaba la canasta, el abogado lo atribuyó a las inclemencias de la emergencia sanitaria, que presenta complejidades en materia de suministro, dada la restricción impuesta en las fronteras.

Entre otras iniciativas lideradas por el ministro durante la emergencia sanitaria, la defensa ha destacado los programas Aprendo en Línea, Aprendo en Casa, el Canal TV Educa y el programa Aprendo TV, la modalidad de Youtube para educación parvularia, preuniversitarios gratuitos online y la priorización curricular y flexibilización de evaluación y del trabajo docente.

Asimismo, se señala que la acusación no cumple con los requisitos previstos en la Constitución en la medida que sus argumentos no imputan verdaderos ilícitos constitucionales, sino que lo que realmente se cuestiona es la implementación o no de políticas públicas en materia sanitaria o educacional. 

Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Manuel Fuenzalida, valoró la intervención del abogado defensor como una respuesta consistente y bien fundamentada.

“La verdad es que tuvo una presentación bastante contundente que desvirtúa varios de los capítulos, sino todos los capítulos de la acusación constitucional. Creo que fundamenta bastante bien no solamente en los hechos sino también en el derecho, lo que fue esta acusación y la defensa, y por lo tanto hoy día queda cerrado lo que dice relación con su presentación y mañana nosotros comenzamos con la discusión de lo que va a ser el informe de esta comisión, para que sea votado el día miércoles. Luego el día jueves pasaría a votación en el pleno de la sala”, señaló.

La diputada comunista, Marisela Santibáñez, señaló que lo presentado por Gálvez durante este lunes va en una línea muy similar a lo que ya ha sido presentado por otros abogados que están en contra del libelo acusatorio.

“Por nuestra parte estamos tranquilas de que existen situaciones que evidencian el abandono de la educación pública en el incumplimiento del derecho a la educación entre otras medidas que afectan directamente las condiciones laborales de docentes y asistentes de la educación en todo nuestro país, cuya responsabilidad recae en el actual ministro de Educación, el señor Raúl Figueroa”, aseveró.

Por otro lado la impulsora de la Acusación Constitucional, la diputada Camila Rojas (Comunes) señaló que el abogado patrocinante del ministro no se hace cargo de lo central de la acusación, que son las condiciones deficientes de las escuelas y la falta de recursos asociada a la entrega subvenciones. “De todo eso se culpa a los sostenedores y se omite que por ley es el ministro de Educación quien dirige superiormente las acciones educacionales del Estado“.

“No hay novedades en lo presentado por el abogado del ministro, se concentró en la caricatura que han intentado levantar desde el principio que esta acusación es porque no queremos un retorno presencial a clases. Para ello, el abogado usa como antecedente un proyecto que impedía el retorno presencial, pero que presentamos con Camila Vallejo en abril del 2020, al inicio de la pandemia, lo que por supuesto distorsiona la realidad”, criticó.

Cabe recordar que la acusación consta de tres capítulos. El primero de ellos consiste en la vulneración del derecho a la educación, lo que considera la ausencia de recursos adicionales para enfrentar la pandemia. El segundo se refiere a la vulneración de los y las trabajadores de la educación, que arguye un “abandono y desprotección”, y denuncia el incumplimiento del bono incentivo al retiro. Finalmente el tercero puntualiza en la amenaza a la vida e integridad física y psíquica, donde se interpela a Figueroa por la insistencia al retorno presencial a clases.

El líbelo se podría votar en el hemiciclo de la Cámara este jueves 12 de agosto.