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Año XIII, 20 de septiembre de 2021

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Lucía Dammert por Héctor Espinosa: “Evitar la crisis de confianza está en manos de la PDI y del mundo político”

Los hechos de corrupción por los que está siendo investigado el exjefe de la policía civil ponen en tela de juicio a toda la institución policial en medio de una crisis de confianza en la institucionalidad que lleva varios años. Para la socióloga y experta en Seguridad Pública Lucía Dammert, la Policía de Investigaciones debe explicaciones tanto al Gobierno como a la ciudadanía para evitar seguir profundizando la ya enorme "grieta en la relación policía comunidad".

Claudia Carvajal G.

  Miércoles 18 de agosto 2021 20:43 hrs. 
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Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago presentó el fiscal Eugenio Campos la solicitud de audiencia de formalización contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, investigado por  delitos relacionados con la corrupción. Los hechos refieren a la apropiación de $ 140 millones de pesos detectada por la Unidad de Análisis Financiero que reportó una serie de operaciones dudosas por parte del ahora exjefe policial.

La situación no ha dejado indiferente al mundo político que se ha apresurado en condenar este nuevo hecho de corrupción en las instituciones del Estado. Así lo manifestó el diputado Andrés Celis (RN) quien pidió que la situación se indague rápidamente y solicitó mesura a la hora de enmarcar a toda la institución en una situación que hasta ahora parece ser puntual

“Es sumamente preocupante que se formalice el ex director de la PDI por tres delitos: lavado de activos, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Este hecho, más el asesinato de la detective Vivanco, enlodan a la PDI, pero no se puede generalizar que sea toda la PDI la que está inmersa en algún tipo de arista penal”, comentó Celis.

Hago un llamado a que estos temas sean investigados, pero reitero que no se condene a toda la PDI, sino que se llegue a la verdad en estos casos puntuales“, agregó el parlamentario.

Nuestro medio analizó el actual momento que enfrenta la policía civil en entrevista con la socióloga y doctora en Ciencia Política, Lucía Dammert,  experta en Seguridad Pública y que  ha estudiado en profundidad el problema de las policías en Chile.

La también académica en la Universidad de Santiago señaló que es muy importante esperar los resultados de la investigación de la que es objeto tanto Héctor Espinosa como su cónyuge, María Neira,  y el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza, ayudante del exdirector.

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Héctor Espinosa.

“Lo primero es decir que efectivamente en este caso todavía se está en investigación y hay que esperar a ver qué sucede finalmente. Sin embargo, hay muchas señales de nuevamente una falta de control civil sobre las policías, no de este gobierno, sino en general de nuestro  proceso democrático ya que los jefes policiales toman decisiones por sí y ante sí y pareciera que son limitadamente controlados y fiscalizados por el mundo de la política que es de quienes dependen. Eso genera una enorme insatisfacción ciudadana porque está la percepción no solo de autonomía, sino principalmente que las instituciones estarían utilizando los dineros públicos de forma ilegal. Es súper preocupante que a esto se sume el caso de la detective Vivanco donde también ha habido prácticas que demostrarían niveles de ocultamiento de pruebas”.

“En el caso del Director llama la atención como aparecen una y otra vez datos e informaciones, tal como pasó con Carabineros, y quedan muchas preguntas sin resolver respecto de cómo se utilizan los dineros de los gastos reservados, cómo se hacen transferencias a cuentas personales, la incapacidad para tener información sistemática y un cierto sentido de auto protección institucional y todo eso obviamente impacta en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la policía y hay que esperar el proceso investigativo que se va a desarrollar y qué saldrá del mismo”, agregó la especialista.

Otro asunto que ensombrece a la institución de la policía civil es el grave caso de ocultamiento de información luego de la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco, ocurrido el 13 de junio pasado  en La Granja en medio de una investigación por un homicidio, luego de fiscalizar a los ocupantes de un auto considerados sospechosos. Quienes fueron formalizados en primer término, posteriormente fueron dejados en libertad al revelarse que fue una bala proveniente de un arma policial la que terminó con la vida de la joven policía. En ese sentido, la experta en seguridad señaló que hay un tema de confianza que se destruye con extrema facilidad y que las policías deben reconocer esto.

“Los niveles de autonomía de las policías han permitido que avancen con la sensación de que la ciudadanía les va a tolerar casi cualquier cosa, pero en los últimos años hemos comprobado que eso no es así. No solo la muerte de la detective Vivanco es un asunto de inquietud, sino todo lo que se generó alrededor: se hizo punto sobre el aumento de la delincuencia, sobre el uso de armas, hubo personas en el sistema carcelario a la espera de una imputación y, mientras tanto, la policía sabía que las cosas eran distintas. No queda claridad cómo es posible que por cuarenta días no se entregó la información ni la evidencia, y, desde ese punto de vista, la Policía de Investigaciones tiene mucho que explicar y hacerlo también hacia dentro porque una vez más el Gobierno queda prácticamente offside respecto de los escándalos policiales”.

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“Las explicaciones también deben ser hacia la ciudadanía porque cuando viene la debacle de Carabineros, la ciudadanía tenía una relación de confianza hacia la PDI, había una percepción de profesionalismo y todas estas cosas no son detalles, sino grietas profundas en la relación policía comunidad”.

Consultada sobre el retroceso que evidencia la Policía de Investigaciones, institución en la que se invirtió para lograr una profesionalización de modo de dejar atrás la imagen construida en la dictadura, la académica indicó que es necesario distinguir si lo que pasó con el ex director general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa es un asunto personal o se trata de una práctica institucionalizada.

“En todas las instituciones del Estado uno puede encontrar situaciones estructurales como fue la violación de DD.HH por parte de Carabineros durante el estallido o el famoso Pacogate que  incluía a muchos estamentos de la institución, y también se pueden encontrar situaciones mucho más focalizadas. Para saber  si hay una crisis es necesario saber lo que pasará ahora: mientras más haya una percepción de autoprotección y de falta de justicia, la relación con la comunidad volverá a empeorar y todos los esfuerzos financieros, profesionales, individuales y colectivos respecto a mejorar la relación de la PDI sufrirán”.

Dammert agregó que “existe la oportunidad que la justicia explique lo que pasó y se determinen culpabilidades y se dé la relevancia necesaria a los niveles de control interno y desde el mundo político. Evitar la crisis de confianza está en manos de la PDI pero también del mundo político, de este gobierno y del próximo”.

La socióloga también se refirió a como lo que sucede con la PDI también afecta a la percepción sobre la labor que realiza el Ministerio Público en cuanto a transparencia e imparcialidad.

“Todas las instituciones de justicia criminal están puestas en cuestión porque hay un cambio de paradigma respecto de lo que la gente espera y quiere de su forma de actuar, En el caso del Ministerio Público se espera que este caso avance rápidamente y no termine siendo archivado por falta de pruebas o de investigación o de criterio, sino que se avance con pie firme y se logre dar con las pruebas necesarias para cerrar el caso de forma positiva, es decir, con respuesta a la ciudadanía”.

“En este y otros casos, el Ministerio Público está en el ojo de la ciudadanía y tiene que mejorar sus niveles de respuestas y su capacidad de entregar resultados, pero también, debe mejorar sus niveles de transparencia en términos de información”, concluyó Lucía Dammert.

Este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía solicitó mayores antecedentes a la Fiscalía Regional de Magallanes previo a la definición de una fecha para la audiencia de formalización de Héctor Espinosa, quien también se encuentra querellado por el Consejo de Defensa del Estado por los delitos  reiterados de malversación de caudales públicos,  falsificación de instrumentos públicos y  lavado de activos.

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