En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la abogada de Londres 38, Karina Fernández, abordó el proyecto de indulto a los presos de la revuelva y aclaró varios puntos en cuestión respecto de la iniciativa.
En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, Fernández se refirió a la falta de datos respecto de cuántas personas se verían beneficiadas con el proyecto, y señaló que quienes han impulsado este indulto jamás esperaron que “ningún organo estatal iba a tener una sistematización de las cifras”, especialmente porque se trata de personas que se encuentran bajo la protección de instituciones del Estado.
Ante ello es que la mesa de impulso y la mesa técnica del proyecto de indulto están elaborando un registro de los delitos involucrados y las personas con prisión preventiva o medida restrictiva de libertad, teniendo como dato preliminar que se trataría de al menos 77 personas privadas de libertad por delitos en contexto del estallido.
Junto a ello la abogada indicó que en estos casos “hay total ausencia del derecho a la presunción de inocencia”, el que se ha vulnerado especialmente por parte de los legisladores.
“En el debate parlamentario hemos visto con mucha fuerza, y es algo que me preocupa mucho porque además es con autoridades estatales, no solo estigmatización de la protesta social, sino también se utiliza mucho la frase de delincuentes comunes, incluso en el Senado. Hay senadores que utilizan esta expresión para referirse a personas que tienen la presunción de inocencia como un derecho fundamental, entonces creo que existe una estigmatización muy grande respecto de los jóvenes”, aseveró.
A esto se suma, aseguró, un trato diferenciado por clase social y una criminalización de quienes se manifiestan.
Por otra parte, la abogada de Londres 38 aclaró que, de aplicarse el indulto, no se hará en delitos contra las personas, como confusamente se ha manifestado en diversas discusiones públicas.
“El indulto excluye las lesiones a personas, por ejemplo aquí no tenemos víctimas específicas, personas víctimas de estos delitos. Porque se intenta mucho durante el debate decir que está la señora dueña del kiosco, había una senadora que hablaba de las verdaderas víctimas como la señora dueña del kiosko dañado, lo cierto es que esas víctimas, al menos en estos casos específicos que estamos hablando en el proyecto de ley de indulto, no existen”.
Otro punto en cuestión sobre la situación de los presos de la revuelta, explicó la abogada, es las querellas que se han llevado adelante por parte de instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, en las que señaló solo se está protegiendo la propiedad privada.
“El Ministerio del Interior tiene que hacer una rendición de cuentas respecto de cómo se invierten recursos estatales para querellarse respecto de personas para defender los intereses de empresas que, además, tienen seguros comprometidos”, dijo.
Finalmente, sobre el rol de carabineros en estos casos, dado que son quienes han presentado las pruebas, indicó que resultada cuestionable que una institución tan desprestigiada en esta materia tenga en sus manos este tipo de procesos.
“La policía ha estado muy cuestionada respecto de los delitos que han cometido, de la impunidad que persiste, pero además son quienes generan pruebas en estas causas, entonces creo que también ahí tenemos una reflexión respecto de la investigación y cómo se desarrollan estas investigaciones que no se ha hecho. También acá hay un tema que yo he enfatizado mucho, que tiene que ver con la autonomía del Ministerio Público en términos verticales y horizontales, y con horizontales me refiero precisamente a la relación con la policías. La relación con la policías no es una relación objetiva, la entrega y captura de pruebas ha sido absolutamente distinta en los casos en que la policía está siendo imputada de delitos”, finalizó Fernández.
En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la abogada de Londres 38, Karina Fernández, abordó el proyecto de indulto a los presos de la revuelva y aclaró varios puntos en cuestión respecto de la iniciativa.
En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, Fernández se refirió a la falta de datos respecto de cuántas personas se verían beneficiadas con el proyecto, y señaló que quienes han impulsado este indulto jamás esperaron que “ningún organo estatal iba a tener una sistematización de las cifras”, especialmente porque se trata de personas que se encuentran bajo la protección de instituciones del Estado.
Ante ello es que la mesa de impulso y la mesa técnica del proyecto de indulto están elaborando un registro de los delitos involucrados y las personas con prisión preventiva o medida restrictiva de libertad, teniendo como dato preliminar que se trataría de al menos 77 personas privadas de libertad por delitos en contexto del estallido.
Junto a ello la abogada indicó que en estos casos “hay total ausencia del derecho a la presunción de inocencia”, el que se ha vulnerado especialmente por parte de los legisladores.
“En el debate parlamentario hemos visto con mucha fuerza, y es algo que me preocupa mucho porque además es con autoridades estatales, no solo estigmatización de la protesta social, sino también se utiliza mucho la frase de delincuentes comunes, incluso en el Senado. Hay senadores que utilizan esta expresión para referirse a personas que tienen la presunción de inocencia como un derecho fundamental, entonces creo que existe una estigmatización muy grande respecto de los jóvenes”, aseveró.
A esto se suma, aseguró, un trato diferenciado por clase social y una criminalización de quienes se manifiestan.
Por otra parte, la abogada de Londres 38 aclaró que, de aplicarse el indulto, no se hará en delitos contra las personas, como confusamente se ha manifestado en diversas discusiones públicas.
“El indulto excluye las lesiones a personas, por ejemplo aquí no tenemos víctimas específicas, personas víctimas de estos delitos. Porque se intenta mucho durante el debate decir que está la señora dueña del kiosco, había una senadora que hablaba de las verdaderas víctimas como la señora dueña del kiosko dañado, lo cierto es que esas víctimas, al menos en estos casos específicos que estamos hablando en el proyecto de ley de indulto, no existen”.
Otro punto en cuestión sobre la situación de los presos de la revuelta, explicó la abogada, es las querellas que se han llevado adelante por parte de instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, en las que señaló solo se está protegiendo la propiedad privada.
“El Ministerio del Interior tiene que hacer una rendición de cuentas respecto de cómo se invierten recursos estatales para querellarse respecto de personas para defender los intereses de empresas que, además, tienen seguros comprometidos”, dijo.
Finalmente, sobre el rol de carabineros en estos casos, dado que son quienes han presentado las pruebas, indicó que resultada cuestionable que una institución tan desprestigiada en esta materia tenga en sus manos este tipo de procesos.
“La policía ha estado muy cuestionada respecto de los delitos que han cometido, de la impunidad que persiste, pero además son quienes generan pruebas en estas causas, entonces creo que también ahí tenemos una reflexión respecto de la investigación y cómo se desarrollan estas investigaciones que no se ha hecho. También acá hay un tema que yo he enfatizado mucho, que tiene que ver con la autonomía del Ministerio Público en términos verticales y horizontales, y con horizontales me refiero precisamente a la relación con la policías. La relación con la policías no es una relación objetiva, la entrega y captura de pruebas ha sido absolutamente distinta en los casos en que la policía está siendo imputada de delitos”, finalizó Fernández.
En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la abogada de Londres 38, Karina Fernández, abordó el proyecto de indulto a los presos de la revuelva y aclaró varios puntos en cuestión respecto de la iniciativa.
En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, Fernández se refirió a la falta de datos respecto de cuántas personas se verían beneficiadas con el proyecto, y señaló que quienes han impulsado este indulto jamás esperaron que “ningún organo estatal iba a tener una sistematización de las cifras”, especialmente porque se trata de personas que se encuentran bajo la protección de instituciones del Estado.
Ante ello es que la mesa de impulso y la mesa técnica del proyecto de indulto están elaborando un registro de los delitos involucrados y las personas con prisión preventiva o medida restrictiva de libertad, teniendo como dato preliminar que se trataría de al menos 77 personas privadas de libertad por delitos en contexto del estallido.
Junto a ello la abogada indicó que en estos casos “hay total ausencia del derecho a la presunción de inocencia”, el que se ha vulnerado especialmente por parte de los legisladores.
“En el debate parlamentario hemos visto con mucha fuerza, y es algo que me preocupa mucho porque además es con autoridades estatales, no solo estigmatización de la protesta social, sino también se utiliza mucho la frase de delincuentes comunes, incluso en el Senado. Hay senadores que utilizan esta expresión para referirse a personas que tienen la presunción de inocencia como un derecho fundamental, entonces creo que existe una estigmatización muy grande respecto de los jóvenes”, aseveró.
A esto se suma, aseguró, un trato diferenciado por clase social y una criminalización de quienes se manifiestan.
Por otra parte, la abogada de Londres 38 aclaró que, de aplicarse el indulto, no se hará en delitos contra las personas, como confusamente se ha manifestado en diversas discusiones públicas.
“El indulto excluye las lesiones a personas, por ejemplo aquí no tenemos víctimas específicas, personas víctimas de estos delitos. Porque se intenta mucho durante el debate decir que está la señora dueña del kiosco, había una senadora que hablaba de las verdaderas víctimas como la señora dueña del kiosko dañado, lo cierto es que esas víctimas, al menos en estos casos específicos que estamos hablando en el proyecto de ley de indulto, no existen”.
Otro punto en cuestión sobre la situación de los presos de la revuelta, explicó la abogada, es las querellas que se han llevado adelante por parte de instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, en las que señaló solo se está protegiendo la propiedad privada.
“El Ministerio del Interior tiene que hacer una rendición de cuentas respecto de cómo se invierten recursos estatales para querellarse respecto de personas para defender los intereses de empresas que, además, tienen seguros comprometidos”, dijo.
Finalmente, sobre el rol de carabineros en estos casos, dado que son quienes han presentado las pruebas, indicó que resultada cuestionable que una institución tan desprestigiada en esta materia tenga en sus manos este tipo de procesos.
“La policía ha estado muy cuestionada respecto de los delitos que han cometido, de la impunidad que persiste, pero además son quienes generan pruebas en estas causas, entonces creo que también ahí tenemos una reflexión respecto de la investigación y cómo se desarrollan estas investigaciones que no se ha hecho. También acá hay un tema que yo he enfatizado mucho, que tiene que ver con la autonomía del Ministerio Público en términos verticales y horizontales, y con horizontales me refiero precisamente a la relación con la policías. La relación con la policías no es una relación objetiva, la entrega y captura de pruebas ha sido absolutamente distinta en los casos en que la policía está siendo imputada de delitos”, finalizó Fernández.
