En los últimos días se debatió y aprobó en general el proyecto de ley de indultos. Si bien tiene asuntos controvertidos, lo que está buscando este proyecto de ley es responder a una demanda legítima: dar solución al hecho de que en Chile ha habido, y puede seguir habiendo, personas injustificadamente presas debido a que estaban protestando.

Es cierto, ninguna persona está presa explícita y oficialmente “por protestar”. Lo que ocurre es que se le imputan múltiples delitos, desde la ley de seguridad del Estado, la ley de control de armas, hasta desórdenes públicos. Sin embargo, el hecho que se les impute un delito no justifica automáticamente la privación de libertad. Es importante tener en consideración que la prisión preventiva es de uso excepcional y que se debe investigar si efectivamente aquella persona participó o no en dicho delito.

Uno de los primeros problemas que apareció en el debate de la comisión, es que si bien se sabe que las hay, no se sabe exactamente cuántas son las personas que han estado presas o que siguen estando presas por delitos conectados con las protestas en el marco del estallido social. No hay cifras oficiales. Las cifras que han dado distintas instituciones del Estado utilizan criterios distintos para definir qué casos cuentan y cuáles no, haciendo que no sean comparables y que puedan ser incompletas. Otras instituciones del Estado han dicho abiertamente que no pueden indicar una cifra.

El drama surge porque diversas organizaciones de la sociedad civil y abogados/as que han defendido a personas en esta situación o han indagado el tema, han detectado señales de alarma importantes: imputaciones con escasas pruebas – muchas veces solo basadas en las declaraciones policiales – y un uso desproporcionado de la prisión preventiva. No son pocos los casos en que personas han pasado meses, a veces un año o más, privadas de libertad, para luego ser sobreseídas o absueltas.

Estas personas nunca debieron estar presas. Lo que ellas vivieron es también una violación a sus derechos humanos, particularmente a su derecho a un debido proceso. Pero parece que para el gobierno y el sistema judicial no es lo suficientemente importante como para revisarlo en profundidad. Urge que el Estado haga todos los esfuerzos para tener un catastro claro de personas criminalizadas en el marco de las protestas, si han estado o están en prisión, y que esta prisión no haya sido injusta. Urge que, de detectarse – como todo parece indicar – que esto va más allá de casos puntuales, se adopten las medidas necesarias para evitar que en el futuro se haga un uso abusivo del derecho penal para criminalizar la protesta.