Alberto Precht y formalización de Javiera Blanco: “Este es un caso que tiene antecedentes sólidos”
La querella del CDE y la decisión de la Fiscalía de formalizar a la ex secretaria de Estado son dos fundamentos que, para el director de Chile Transparente, hacen que este caso sea distinto a otros en materia de corrupción.
Claudia Carvajal G.
Martes 24 de agosto 2021 19:39 hrs.
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La tarde del lunes, la Fiscalía Centro Norte solicitó la formalización de la investigación contra Javiera Blanco y tres ex generales directores de Carabineros por delitos relacionados con la corrupción. Se trata de la primera vez que una ex autoridad civil será imputada en el marco de las investigaciones por el presunto mal uso de los gastos reservados de las instituciones armadas y de orden. Además de la ex autoridad, la fiscal Patricia Cerda imputará a los generales en retiro de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González, Bruno Villalobos, Iván Whipple, Flavio Echeverría y al ex funcionario Héctor Zúñiga, todos por delitos relacionados con la corrupción.
El abogado y director de la Fundación Chile Transparente, Alberto Precht, analizó para nuestro medio lo que significa la decisión del órgano persecutor de imputar por los delitos de malversación de fondos y falsificación de documento público a una ex ministra, ex subsecretaria y ex Consejera del CDE.
“Es la primera vez que en este tipo de casos, que han sucedido en el Ejército, la PDI y Carabineros , hay un civil involucrado. Es muy curioso lo que sucede acá porque la Subsecretaría de Carabineros, que ya no existe, no tenía asignado un ítem presupuestario de gastos reservados y lo que señala la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es que efectivamente Carabineros le traspasaba, en un sobre, dineros provenientes de los gastos reservados de la institución, a la subsecretaria de la época, Javiera Blanco. Aunque, en ese sentido los hechos son distintos de otros, el delito es el mismo: la malversación de gastos fiscales y, por otra parte, la falsificación de documento público”.
Alberto Precht.
Respecto de cuán parecido es este caso a lo que pasó durante el gobierno de Ricardo Lagos con el bullado escándalo llamado MOP GATE, el abogado señaló que justamente luego de ocurridos esos hechos a inicios de los años 2000, lo esperable era que este tipo de prácticas hubieran sido desterradas completamente de la administración pública, sin embargo, la evidencia demuestra que en varias instituciones, particularmente aquellas de las Fuerzas Armadas y policías esto sigue pasando.
“Lamentablemente los gastos reservados que son para fines de inteligencia, de prevención del orden público y la seguridad nacional, finalmente se utilizaban con otros fines. Esto habla de que por durante mucho tiempo ha existido una práctica corrupta que además se ha ido comprobando que puede ser constitutiva de delito. Debemos creer que esto ha cambiado en la época más reciente, porque se modificó la norma respecto de este tipo de fondos y porque se han tomado algunas medidas, pero hasta el año 2017 existió una practica de utilizar esto como una caja chica y de manera discrecional siendo que los gastos reservados tienen un fin específico”.
En materia de los antecedentes que fundan la investigación pronta a ser formalizada contra la exsecretaria de Estado y cuan diferente podría ser ésta en relación a otras indagaciones de irregularidades en las que también estuvo presente Javiera Blanco, como el caso Ascar, el abogado de Chile Transparente indicó que el mayor cambio lo representa la querella presentada por el CDE.
“Para llegar a la conclusión de querellarse en algún caso, el CDE hace un análisis bastante sesudo de los antecedentes, por lo tanto, ese es un indicio que hay fundamentos importantes. Por otro lado, la Fiscalía decidió perseverar en la investigación y, finalmente, existen declaraciones testimoniales de exfuncionarios e incluso del general Gordon que señalan que así se utilizaban los gastos reservados y, sobre eso, existe un documento, una planilla de excel en que se indica que una parte de los gastos reservados iban a la subsecretaria de la época. Todo eso hace que este sea un caso que, evidentemente debe ser probado, pero tiene antecedentes bastante sólidos y conocidos públicamente”.
Javiera Blanco fue nombrada como consejera del CDE por la ex presidenta Bachelet, sin embargo, luego de ser seriamente cuestionada, renunció al cargo vitalicio ante la “incomodidad” de los otros miembros del Consejo.
Tal como lo releva Precht, es un hecho no menor el que haya sido el mismo CDE el que haya decidido iniciar la acción judicial en contra de una ex miembro del mismo órgano. En ese sentido, y consultado al respecto, el Magister en Comunicación Política y Asuntos Públicos señaló no tener conocimiento de un hecho de similares características en la historia de tal órgano estatal.
“No me atrevería a ser 100% tajante dada la data de tal institución, porque es un organismo que no es nuevo, pero sí puedo decir que esto es al menos un caso anómalo, por la figura de qué se trata y porque, insisto, esta no es una Subsecretaría que tenga a su cargo fondos reservados. Esto nunca debió ocurrir en la Subsecretaría de Carabineros, era casi imposible que ocurriera. Es como que al Ministro de Agricultura le pasaran dinero de gastos reservados siendo que su cartera no contempla tal ítem”.
En medio de una crisis de confianza en la institucionalidad, la investigación de estos hechos vuelve a poner el ojo público en la labor de los órganos que se involucran en la investigación y persecución penal. Por ello es que Alberto Precht manifestó que existe una alta expectativa en este proceso de indagación del mal uso de recursos públicos, debido a los cambios en la legislación basados en, precisamente, entregar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la actuación de los servicios.
“Esas modificaciones importantes que se han hecho no solo en el ámbito legal, sino también en cómo los Tribunales de Justicia han ido entendiendo los delitos de corrupción, no meramente como el desmedro del patrimonio fiscal, sino como delitos contra la democracia, contra el Estado de Derecho. El delito de malversación podría llegar a penas de hasta 15 años de comprobarse determinados montos y cumplirse ciertos presupuestos, por eso los delitos que se imputan en este caso son importantes y hay que analizarlos en el marco de otros hechos como el caso Fuentealba en que se pide 15 años para el ex Comandante en Jefe, y diez para su cónyuge. Todo lo que puede ir ocurriendo habla de un cambio importante que vaya dejando de lado esta lamentable impunidad que ha habido en casos importantes de corrupción en nuestro país”.
Finalmente, Alberto Precht realizó una reflexión de lo que significa esta investigación de hechos de corrupción institucional en medio de la discusión de un nuevo pacto social.
“Curiosamente son las instituciones las que nos pueden salvar, el peor de los mundos es un país sin instituciones y con un Estado de Derecho débil. También las sociedades y las personas tenemos efectivamente problemas en el ámbito de la corrupción que pueden ser constitutivos de delito, por tanto, es importante no quedarse impávido, reaccionar a tiempo o rectificar para que tales actos disminuyan en el tiempo”.
“No se trata de corregir esto desde un púlpito de seres virtuosos sino desde humanos insertos en sociedades donde se cometen delitos, que son complejas y requieren instituciones. Mucho de lo que se puede escuchar estos días con los nuevos candidatos presidenciales que hablan de terminar con la corrupción, de cambiar todo y no dejar piedra sobre piedra, dice relación con algo muy peligroso. Es lo que vemos con Bolsonaro en Brasil o Bukele en El Salvador y esos caminos son difíciles pues cuesta regresar a los cánones democráticos. En Chile se abrió un camino de resolución de problemas a través del proceso constituyente y a eso debemos apostar: hablar desde el realismo, pero condenar con firmeza a aquellos que se hacen de los recursos de todos los chilenos para otros fines”, concluyó el abogado.
La tarde del lunes, la Fiscalía Centro Norte solicitó la formalización de la investigación contra Javiera Blanco y tres ex generales directores de Carabineros por delitos relacionados con la corrupción. Se trata de la primera vez que una ex autoridad civil será imputada en el marco de las investigaciones por el presunto mal uso de los gastos reservados de las instituciones armadas y de orden. Además de la ex autoridad, la fiscal Patricia Cerda imputará a los generales en retiro de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González, Bruno Villalobos, Iván Whipple, Flavio Echeverría y al ex funcionario Héctor Zúñiga, todos por delitos relacionados con la corrupción.
El abogado y director de la Fundación Chile Transparente, Alberto Precht, analizó para nuestro medio lo que significa la decisión del órgano persecutor de imputar por los delitos de malversación de fondos y falsificación de documento público a una ex ministra, ex subsecretaria y ex Consejera del CDE.
“Es la primera vez que en este tipo de casos, que han sucedido en el Ejército, la PDI y Carabineros , hay un civil involucrado. Es muy curioso lo que sucede acá porque la Subsecretaría de Carabineros, que ya no existe, no tenía asignado un ítem presupuestario de gastos reservados y lo que señala la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es que efectivamente Carabineros le traspasaba, en un sobre, dineros provenientes de los gastos reservados de la institución, a la subsecretaria de la época, Javiera Blanco. Aunque, en ese sentido los hechos son distintos de otros, el delito es el mismo: la malversación de gastos fiscales y, por otra parte, la falsificación de documento público”.
Alberto Precht.
Respecto de cuán parecido es este caso a lo que pasó durante el gobierno de Ricardo Lagos con el bullado escándalo llamado MOP GATE, el abogado señaló que justamente luego de ocurridos esos hechos a inicios de los años 2000, lo esperable era que este tipo de prácticas hubieran sido desterradas completamente de la administración pública, sin embargo, la evidencia demuestra que en varias instituciones, particularmente aquellas de las Fuerzas Armadas y policías esto sigue pasando.
“Lamentablemente los gastos reservados que son para fines de inteligencia, de prevención del orden público y la seguridad nacional, finalmente se utilizaban con otros fines. Esto habla de que por durante mucho tiempo ha existido una práctica corrupta que además se ha ido comprobando que puede ser constitutiva de delito. Debemos creer que esto ha cambiado en la época más reciente, porque se modificó la norma respecto de este tipo de fondos y porque se han tomado algunas medidas, pero hasta el año 2017 existió una practica de utilizar esto como una caja chica y de manera discrecional siendo que los gastos reservados tienen un fin específico”.
En materia de los antecedentes que fundan la investigación pronta a ser formalizada contra la exsecretaria de Estado y cuan diferente podría ser ésta en relación a otras indagaciones de irregularidades en las que también estuvo presente Javiera Blanco, como el caso Ascar, el abogado de Chile Transparente indicó que el mayor cambio lo representa la querella presentada por el CDE.
“Para llegar a la conclusión de querellarse en algún caso, el CDE hace un análisis bastante sesudo de los antecedentes, por lo tanto, ese es un indicio que hay fundamentos importantes. Por otro lado, la Fiscalía decidió perseverar en la investigación y, finalmente, existen declaraciones testimoniales de exfuncionarios e incluso del general Gordon que señalan que así se utilizaban los gastos reservados y, sobre eso, existe un documento, una planilla de excel en que se indica que una parte de los gastos reservados iban a la subsecretaria de la época. Todo eso hace que este sea un caso que, evidentemente debe ser probado, pero tiene antecedentes bastante sólidos y conocidos públicamente”.
Javiera Blanco fue nombrada como consejera del CDE por la ex presidenta Bachelet, sin embargo, luego de ser seriamente cuestionada, renunció al cargo vitalicio ante la “incomodidad” de los otros miembros del Consejo.
Tal como lo releva Precht, es un hecho no menor el que haya sido el mismo CDE el que haya decidido iniciar la acción judicial en contra de una ex miembro del mismo órgano. En ese sentido, y consultado al respecto, el Magister en Comunicación Política y Asuntos Públicos señaló no tener conocimiento de un hecho de similares características en la historia de tal órgano estatal.
“No me atrevería a ser 100% tajante dada la data de tal institución, porque es un organismo que no es nuevo, pero sí puedo decir que esto es al menos un caso anómalo, por la figura de qué se trata y porque, insisto, esta no es una Subsecretaría que tenga a su cargo fondos reservados. Esto nunca debió ocurrir en la Subsecretaría de Carabineros, era casi imposible que ocurriera. Es como que al Ministro de Agricultura le pasaran dinero de gastos reservados siendo que su cartera no contempla tal ítem”.
En medio de una crisis de confianza en la institucionalidad, la investigación de estos hechos vuelve a poner el ojo público en la labor de los órganos que se involucran en la investigación y persecución penal. Por ello es que Alberto Precht manifestó que existe una alta expectativa en este proceso de indagación del mal uso de recursos públicos, debido a los cambios en la legislación basados en, precisamente, entregar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la actuación de los servicios.
“Esas modificaciones importantes que se han hecho no solo en el ámbito legal, sino también en cómo los Tribunales de Justicia han ido entendiendo los delitos de corrupción, no meramente como el desmedro del patrimonio fiscal, sino como delitos contra la democracia, contra el Estado de Derecho. El delito de malversación podría llegar a penas de hasta 15 años de comprobarse determinados montos y cumplirse ciertos presupuestos, por eso los delitos que se imputan en este caso son importantes y hay que analizarlos en el marco de otros hechos como el caso Fuentealba en que se pide 15 años para el ex Comandante en Jefe, y diez para su cónyuge. Todo lo que puede ir ocurriendo habla de un cambio importante que vaya dejando de lado esta lamentable impunidad que ha habido en casos importantes de corrupción en nuestro país”.
Finalmente, Alberto Precht realizó una reflexión de lo que significa esta investigación de hechos de corrupción institucional en medio de la discusión de un nuevo pacto social.
“Curiosamente son las instituciones las que nos pueden salvar, el peor de los mundos es un país sin instituciones y con un Estado de Derecho débil. También las sociedades y las personas tenemos efectivamente problemas en el ámbito de la corrupción que pueden ser constitutivos de delito, por tanto, es importante no quedarse impávido, reaccionar a tiempo o rectificar para que tales actos disminuyan en el tiempo”.
“No se trata de corregir esto desde un púlpito de seres virtuosos sino desde humanos insertos en sociedades donde se cometen delitos, que son complejas y requieren instituciones. Mucho de lo que se puede escuchar estos días con los nuevos candidatos presidenciales que hablan de terminar con la corrupción, de cambiar todo y no dejar piedra sobre piedra, dice relación con algo muy peligroso. Es lo que vemos con Bolsonaro en Brasil o Bukele en El Salvador y esos caminos son difíciles pues cuesta regresar a los cánones democráticos. En Chile se abrió un camino de resolución de problemas a través del proceso constituyente y a eso debemos apostar: hablar desde el realismo, pero condenar con firmeza a aquellos que se hacen de los recursos de todos los chilenos para otros fines”, concluyó el abogado.
La tarde del lunes, la Fiscalía Centro Norte solicitó la formalización de la investigación contra Javiera Blanco y tres ex generales directores de Carabineros por delitos relacionados con la corrupción. Se trata de la primera vez que una ex autoridad civil será imputada en el marco de las investigaciones por el presunto mal uso de los gastos reservados de las instituciones armadas y de orden. Además de la ex autoridad, la fiscal Patricia Cerda imputará a los generales en retiro de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González, Bruno Villalobos, Iván Whipple, Flavio Echeverría y al ex funcionario Héctor Zúñiga, todos por delitos relacionados con la corrupción.
El abogado y director de la Fundación Chile Transparente, Alberto Precht, analizó para nuestro medio lo que significa la decisión del órgano persecutor de imputar por los delitos de malversación de fondos y falsificación de documento público a una ex ministra, ex subsecretaria y ex Consejera del CDE.
“Es la primera vez que en este tipo de casos, que han sucedido en el Ejército, la PDI y Carabineros , hay un civil involucrado. Es muy curioso lo que sucede acá porque la Subsecretaría de Carabineros, que ya no existe, no tenía asignado un ítem presupuestario de gastos reservados y lo que señala la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es que efectivamente Carabineros le traspasaba, en un sobre, dineros provenientes de los gastos reservados de la institución, a la subsecretaria de la época, Javiera Blanco. Aunque, en ese sentido los hechos son distintos de otros, el delito es el mismo: la malversación de gastos fiscales y, por otra parte, la falsificación de documento público”.
Alberto Precht.
Respecto de cuán parecido es este caso a lo que pasó durante el gobierno de Ricardo Lagos con el bullado escándalo llamado MOP GATE, el abogado señaló que justamente luego de ocurridos esos hechos a inicios de los años 2000, lo esperable era que este tipo de prácticas hubieran sido desterradas completamente de la administración pública, sin embargo, la evidencia demuestra que en varias instituciones, particularmente aquellas de las Fuerzas Armadas y policías esto sigue pasando.
“Lamentablemente los gastos reservados que son para fines de inteligencia, de prevención del orden público y la seguridad nacional, finalmente se utilizaban con otros fines. Esto habla de que por durante mucho tiempo ha existido una práctica corrupta que además se ha ido comprobando que puede ser constitutiva de delito. Debemos creer que esto ha cambiado en la época más reciente, porque se modificó la norma respecto de este tipo de fondos y porque se han tomado algunas medidas, pero hasta el año 2017 existió una practica de utilizar esto como una caja chica y de manera discrecional siendo que los gastos reservados tienen un fin específico”.
En materia de los antecedentes que fundan la investigación pronta a ser formalizada contra la exsecretaria de Estado y cuan diferente podría ser ésta en relación a otras indagaciones de irregularidades en las que también estuvo presente Javiera Blanco, como el caso Ascar, el abogado de Chile Transparente indicó que el mayor cambio lo representa la querella presentada por el CDE.
“Para llegar a la conclusión de querellarse en algún caso, el CDE hace un análisis bastante sesudo de los antecedentes, por lo tanto, ese es un indicio que hay fundamentos importantes. Por otro lado, la Fiscalía decidió perseverar en la investigación y, finalmente, existen declaraciones testimoniales de exfuncionarios e incluso del general Gordon que señalan que así se utilizaban los gastos reservados y, sobre eso, existe un documento, una planilla de excel en que se indica que una parte de los gastos reservados iban a la subsecretaria de la época. Todo eso hace que este sea un caso que, evidentemente debe ser probado, pero tiene antecedentes bastante sólidos y conocidos públicamente”.
Javiera Blanco fue nombrada como consejera del CDE por la ex presidenta Bachelet, sin embargo, luego de ser seriamente cuestionada, renunció al cargo vitalicio ante la “incomodidad” de los otros miembros del Consejo.
Tal como lo releva Precht, es un hecho no menor el que haya sido el mismo CDE el que haya decidido iniciar la acción judicial en contra de una ex miembro del mismo órgano. En ese sentido, y consultado al respecto, el Magister en Comunicación Política y Asuntos Públicos señaló no tener conocimiento de un hecho de similares características en la historia de tal órgano estatal.
“No me atrevería a ser 100% tajante dada la data de tal institución, porque es un organismo que no es nuevo, pero sí puedo decir que esto es al menos un caso anómalo, por la figura de qué se trata y porque, insisto, esta no es una Subsecretaría que tenga a su cargo fondos reservados. Esto nunca debió ocurrir en la Subsecretaría de Carabineros, era casi imposible que ocurriera. Es como que al Ministro de Agricultura le pasaran dinero de gastos reservados siendo que su cartera no contempla tal ítem”.
En medio de una crisis de confianza en la institucionalidad, la investigación de estos hechos vuelve a poner el ojo público en la labor de los órganos que se involucran en la investigación y persecución penal. Por ello es que Alberto Precht manifestó que existe una alta expectativa en este proceso de indagación del mal uso de recursos públicos, debido a los cambios en la legislación basados en, precisamente, entregar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la actuación de los servicios.
“Esas modificaciones importantes que se han hecho no solo en el ámbito legal, sino también en cómo los Tribunales de Justicia han ido entendiendo los delitos de corrupción, no meramente como el desmedro del patrimonio fiscal, sino como delitos contra la democracia, contra el Estado de Derecho. El delito de malversación podría llegar a penas de hasta 15 años de comprobarse determinados montos y cumplirse ciertos presupuestos, por eso los delitos que se imputan en este caso son importantes y hay que analizarlos en el marco de otros hechos como el caso Fuentealba en que se pide 15 años para el ex Comandante en Jefe, y diez para su cónyuge. Todo lo que puede ir ocurriendo habla de un cambio importante que vaya dejando de lado esta lamentable impunidad que ha habido en casos importantes de corrupción en nuestro país”.
Finalmente, Alberto Precht realizó una reflexión de lo que significa esta investigación de hechos de corrupción institucional en medio de la discusión de un nuevo pacto social.
“Curiosamente son las instituciones las que nos pueden salvar, el peor de los mundos es un país sin instituciones y con un Estado de Derecho débil. También las sociedades y las personas tenemos efectivamente problemas en el ámbito de la corrupción que pueden ser constitutivos de delito, por tanto, es importante no quedarse impávido, reaccionar a tiempo o rectificar para que tales actos disminuyan en el tiempo”.
“No se trata de corregir esto desde un púlpito de seres virtuosos sino desde humanos insertos en sociedades donde se cometen delitos, que son complejas y requieren instituciones. Mucho de lo que se puede escuchar estos días con los nuevos candidatos presidenciales que hablan de terminar con la corrupción, de cambiar todo y no dejar piedra sobre piedra, dice relación con algo muy peligroso. Es lo que vemos con Bolsonaro en Brasil o Bukele en El Salvador y esos caminos son difíciles pues cuesta regresar a los cánones democráticos. En Chile se abrió un camino de resolución de problemas a través del proceso constituyente y a eso debemos apostar: hablar desde el realismo, pero condenar con firmeza a aquellos que se hacen de los recursos de todos los chilenos para otros fines”, concluyó el abogado.
