Escuchar a los históricamente excluidos: la importancia de que la Convención Constitucional dialogue con privados de libertad y personas en situación de calle
Desde la Comisión de DDHH del órgano constituyente surgió la propuesta de oír a estos grupos excluidos del debate político, idea que es vista con buenos ojos por las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de estas personas.
Andrea Bustos C.
Miércoles 25 de agosto 2021 19:57 hrs.
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Este miércoles, los y las convencionales de la Comisión de DD.HH, Manuela Royo, Giovanna Roa, Margarita Letelier, Carolina Videla y Pedro Muñoz visitaron el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Visita que llevaron adelante bajo la idea de generar la mayor participación posible en este proceso, incluyendo en él a las personas privadas de libertad.
La idea surgió desde la Comisión, instancia en la que también se ha comentado la necesidad de escuchar e incluir a las personas que viven en situación de calle.
“Ha sido una jornada histórica, estuvimos con 10 mujeres, 10 historias que nos inspiran para la construcción de este proceso democrático, es la primera vez que se incluye el debate del acontecer público a sectores que han estado históricamente excluidos. Hemos hecho dos preguntas muy sencillas respecto de la importancia que tiene para las personas privadas de libertad el proceso constituyente y cuáles son las expectativas que tienen de esta nueva constitución”, señaló la convencional Carolina Videla sobre esta visita.
En tanto, la convencional Manuela Royo agregó: “Es la primera sesión que se ha realizado en un centro penitenciario en la historia de Chile, donde conversamos con las internas, con personal de Gendarmería también para saber sus sueños, sus esperanzas y sus inquietudes”.
Si bien todavía no existe claridad de cómo se podrán llevar adelante estas instancias de participación tanto para personas privadas de libertad como en situación de calle, la idea se ha instalado y cuenta con importante apoyo en la Convención.
Desde la Red de Acción Carcelaria, su coordinadora María Jesús Fernández, indicó que, si bien es de suma importancia este punto, lo cierto es que se necesita mucho más que voluntades.
“El respeto y la garantía de la participación de la población privada de libertad y sus derechos políticos nos parece fundamental y tiene que ser garantizado durante todo el proceso constituyente que está viviendo Chile. Ahora en las formas para hacerlo creemos que hay hartas fundaciones y organizaciones que se han dedicado a trabajar en este tema, entonces es a ellos a quienes hay que escuchar, además de las propias personas privadas de libertad”, manifestó.
Junto a ello explicó que hoy hay varias reformas administrativas que se pueden poner en marcha para asegurar el derecho a voto de quienes no lo han perdido pero están recluidos, sin embargo, no ha existido avance hasta ahora, así como tampoco en labores de información sobre los procesos.
Por ello, Fernández manifestó que al no ser la Constitución el principal problema en este caso, lo que se requiere es que las intenciones se vuelvan acciones.
“Esto puede ayudar en la visibilización de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, pero no va a servir de nada si eso es un paseo de la Convención que no vaya de la mano con los cambios estructurales que necesitamos para asegurar la participación, no solo de las personas que se encuentran en una Cárcel circunstancial, sino que privadas de libertad a lo largo de todo Chile”, dijo.
“No tengo duda de que no depende de ellos, ellos pueden hacer esta labor de visibilización y empujar la participación de las personas privadas de libertad en este proceso, puede ser parte del camino que hay que recorrer, pero el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad ineludible en esto (…) Esperamos que la acción de los convencionales pueda ser un empujoncito más a este trabajo que ya viene dado por parte de muchas organizaciones, pero que las demás instituciones no deriven su responsabilidad”, agregó.
La calle también tiene derechos
La visión de participación que se busca por parte de los y las convencionales también incluye a las personas en situación de calle, pudiendo generar instancias de escucha para quienes han sido históricamente excluidos y considerados por el Estado solo desde una visión asistencialista.
Según explicó Ignacio Silva, encargado de DD.HH de la Fundación Gente de La Calle, esta idea de participación “es un avance respecto de la visibilización de un grupo de especial protección que está excluido y marginalizado históricamente por el Estado y la sociedad, entonces para nosotres resulta un avance, también valoramos profundamente el gesto de los y las constituyentes de la Comisión de DD.HH respecto de manifestar en concreto la realización de asambleas, audiencias o la oportunidad de ser parte de este proceso”.
“El hecho de incorporar a las personas en situación de calle es un reconocimiento y un desafío y apunta a que también se tengan ciertos pisos o condiciones mínimas democráticas para la participación, y no solo de las personas en situación de calle, sino de todas las personas que afecta la pobreza y la extrema pobreza en Chile”, agregó.
Junto a ello, Silva expresó que para llevar adelante este proceso se debe considerar por parte de quienes lo organicen elementos como el lugar donde se realizarán los hitos de participación, sin dejar de considerar que si bien hay personas en centros de apoyo o albergues, muchos otros viven en la calle dura.
Además, explicó se debe considerar la entrega de información sobre el proceso, que hasta ahora es una deuda pendiente, así como también tener facilidades desde las instituciones ejecutoras de los programas calle como de organizaciones en terreno, junto a generar articulación entre quienes trabajan desde diferentes áreas con las personas en situación de calle.
“Eso es clave para que podamos, por lo menos, acortar esta brecha, generar las condiciones mínimas democráticas para la participación, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado para con estos grupos de especial protección y que tiene que haber una articulación entre las diferentes instituciones ya sea del Estado, las instituciones ejecutoras de la política calle, las organizaciones territoriales, ollas comunes que los asistieron en la crisis. Entonces pasar de un paradigma asistencialista y paternalista que ha caracterizado la política pública en la actualidad a incorporar a este grupo que ha sido históricamente excluido y marginalizado por la sociedad”, complementó Silva.
Los posibles mecanismos de participación futura pueden no solo seguir siendo analizados en la Comisión de DD.HH. de la Convención, sino que también pueden ser propuestos en otras instancias como la Comisión de Participación. Sin perjuicio de aquello, las ideas que se instalen y aprueben luego deben ser ratificadas por el Pleno.
Este miércoles, los y las convencionales de la Comisión de DD.HH, Manuela Royo, Giovanna Roa, Margarita Letelier, Carolina Videla y Pedro Muñoz visitaron el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Visita que llevaron adelante bajo la idea de generar la mayor participación posible en este proceso, incluyendo en él a las personas privadas de libertad.
La idea surgió desde la Comisión, instancia en la que también se ha comentado la necesidad de escuchar e incluir a las personas que viven en situación de calle.
“Ha sido una jornada histórica, estuvimos con 10 mujeres, 10 historias que nos inspiran para la construcción de este proceso democrático, es la primera vez que se incluye el debate del acontecer público a sectores que han estado históricamente excluidos. Hemos hecho dos preguntas muy sencillas respecto de la importancia que tiene para las personas privadas de libertad el proceso constituyente y cuáles son las expectativas que tienen de esta nueva constitución”, señaló la convencional Carolina Videla sobre esta visita.
En tanto, la convencional Manuela Royo agregó: “Es la primera sesión que se ha realizado en un centro penitenciario en la historia de Chile, donde conversamos con las internas, con personal de Gendarmería también para saber sus sueños, sus esperanzas y sus inquietudes”.
Si bien todavía no existe claridad de cómo se podrán llevar adelante estas instancias de participación tanto para personas privadas de libertad como en situación de calle, la idea se ha instalado y cuenta con importante apoyo en la Convención.
Desde la Red de Acción Carcelaria, su coordinadora María Jesús Fernández, indicó que, si bien es de suma importancia este punto, lo cierto es que se necesita mucho más que voluntades.
“El respeto y la garantía de la participación de la población privada de libertad y sus derechos políticos nos parece fundamental y tiene que ser garantizado durante todo el proceso constituyente que está viviendo Chile. Ahora en las formas para hacerlo creemos que hay hartas fundaciones y organizaciones que se han dedicado a trabajar en este tema, entonces es a ellos a quienes hay que escuchar, además de las propias personas privadas de libertad”, manifestó.
Junto a ello explicó que hoy hay varias reformas administrativas que se pueden poner en marcha para asegurar el derecho a voto de quienes no lo han perdido pero están recluidos, sin embargo, no ha existido avance hasta ahora, así como tampoco en labores de información sobre los procesos.
Por ello, Fernández manifestó que al no ser la Constitución el principal problema en este caso, lo que se requiere es que las intenciones se vuelvan acciones.
“Esto puede ayudar en la visibilización de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, pero no va a servir de nada si eso es un paseo de la Convención que no vaya de la mano con los cambios estructurales que necesitamos para asegurar la participación, no solo de las personas que se encuentran en una Cárcel circunstancial, sino que privadas de libertad a lo largo de todo Chile”, dijo.
“No tengo duda de que no depende de ellos, ellos pueden hacer esta labor de visibilización y empujar la participación de las personas privadas de libertad en este proceso, puede ser parte del camino que hay que recorrer, pero el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad ineludible en esto (…) Esperamos que la acción de los convencionales pueda ser un empujoncito más a este trabajo que ya viene dado por parte de muchas organizaciones, pero que las demás instituciones no deriven su responsabilidad”, agregó.
La calle también tiene derechos
La visión de participación que se busca por parte de los y las convencionales también incluye a las personas en situación de calle, pudiendo generar instancias de escucha para quienes han sido históricamente excluidos y considerados por el Estado solo desde una visión asistencialista.
Según explicó Ignacio Silva, encargado de DD.HH de la Fundación Gente de La Calle, esta idea de participación “es un avance respecto de la visibilización de un grupo de especial protección que está excluido y marginalizado históricamente por el Estado y la sociedad, entonces para nosotres resulta un avance, también valoramos profundamente el gesto de los y las constituyentes de la Comisión de DD.HH respecto de manifestar en concreto la realización de asambleas, audiencias o la oportunidad de ser parte de este proceso”.
“El hecho de incorporar a las personas en situación de calle es un reconocimiento y un desafío y apunta a que también se tengan ciertos pisos o condiciones mínimas democráticas para la participación, y no solo de las personas en situación de calle, sino de todas las personas que afecta la pobreza y la extrema pobreza en Chile”, agregó.
Junto a ello, Silva expresó que para llevar adelante este proceso se debe considerar por parte de quienes lo organicen elementos como el lugar donde se realizarán los hitos de participación, sin dejar de considerar que si bien hay personas en centros de apoyo o albergues, muchos otros viven en la calle dura.
Además, explicó se debe considerar la entrega de información sobre el proceso, que hasta ahora es una deuda pendiente, así como también tener facilidades desde las instituciones ejecutoras de los programas calle como de organizaciones en terreno, junto a generar articulación entre quienes trabajan desde diferentes áreas con las personas en situación de calle.
“Eso es clave para que podamos, por lo menos, acortar esta brecha, generar las condiciones mínimas democráticas para la participación, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado para con estos grupos de especial protección y que tiene que haber una articulación entre las diferentes instituciones ya sea del Estado, las instituciones ejecutoras de la política calle, las organizaciones territoriales, ollas comunes que los asistieron en la crisis. Entonces pasar de un paradigma asistencialista y paternalista que ha caracterizado la política pública en la actualidad a incorporar a este grupo que ha sido históricamente excluido y marginalizado por la sociedad”, complementó Silva.
Los posibles mecanismos de participación futura pueden no solo seguir siendo analizados en la Comisión de DD.HH. de la Convención, sino que también pueden ser propuestos en otras instancias como la Comisión de Participación. Sin perjuicio de aquello, las ideas que se instalen y aprueben luego deben ser ratificadas por el Pleno.
Este miércoles, los y las convencionales de la Comisión de DD.HH, Manuela Royo, Giovanna Roa, Margarita Letelier, Carolina Videla y Pedro Muñoz visitaron el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Visita que llevaron adelante bajo la idea de generar la mayor participación posible en este proceso, incluyendo en él a las personas privadas de libertad.
La idea surgió desde la Comisión, instancia en la que también se ha comentado la necesidad de escuchar e incluir a las personas que viven en situación de calle.
“Ha sido una jornada histórica, estuvimos con 10 mujeres, 10 historias que nos inspiran para la construcción de este proceso democrático, es la primera vez que se incluye el debate del acontecer público a sectores que han estado históricamente excluidos. Hemos hecho dos preguntas muy sencillas respecto de la importancia que tiene para las personas privadas de libertad el proceso constituyente y cuáles son las expectativas que tienen de esta nueva constitución”, señaló la convencional Carolina Videla sobre esta visita.
En tanto, la convencional Manuela Royo agregó: “Es la primera sesión que se ha realizado en un centro penitenciario en la historia de Chile, donde conversamos con las internas, con personal de Gendarmería también para saber sus sueños, sus esperanzas y sus inquietudes”.
Si bien todavía no existe claridad de cómo se podrán llevar adelante estas instancias de participación tanto para personas privadas de libertad como en situación de calle, la idea se ha instalado y cuenta con importante apoyo en la Convención.
Desde la Red de Acción Carcelaria, su coordinadora María Jesús Fernández, indicó que, si bien es de suma importancia este punto, lo cierto es que se necesita mucho más que voluntades.
“El respeto y la garantía de la participación de la población privada de libertad y sus derechos políticos nos parece fundamental y tiene que ser garantizado durante todo el proceso constituyente que está viviendo Chile. Ahora en las formas para hacerlo creemos que hay hartas fundaciones y organizaciones que se han dedicado a trabajar en este tema, entonces es a ellos a quienes hay que escuchar, además de las propias personas privadas de libertad”, manifestó.
Junto a ello explicó que hoy hay varias reformas administrativas que se pueden poner en marcha para asegurar el derecho a voto de quienes no lo han perdido pero están recluidos, sin embargo, no ha existido avance hasta ahora, así como tampoco en labores de información sobre los procesos.
Por ello, Fernández manifestó que al no ser la Constitución el principal problema en este caso, lo que se requiere es que las intenciones se vuelvan acciones.
“Esto puede ayudar en la visibilización de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, pero no va a servir de nada si eso es un paseo de la Convención que no vaya de la mano con los cambios estructurales que necesitamos para asegurar la participación, no solo de las personas que se encuentran en una Cárcel circunstancial, sino que privadas de libertad a lo largo de todo Chile”, dijo.
“No tengo duda de que no depende de ellos, ellos pueden hacer esta labor de visibilización y empujar la participación de las personas privadas de libertad en este proceso, puede ser parte del camino que hay que recorrer, pero el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad ineludible en esto (…) Esperamos que la acción de los convencionales pueda ser un empujoncito más a este trabajo que ya viene dado por parte de muchas organizaciones, pero que las demás instituciones no deriven su responsabilidad”, agregó.
La calle también tiene derechos
La visión de participación que se busca por parte de los y las convencionales también incluye a las personas en situación de calle, pudiendo generar instancias de escucha para quienes han sido históricamente excluidos y considerados por el Estado solo desde una visión asistencialista.
Según explicó Ignacio Silva, encargado de DD.HH de la Fundación Gente de La Calle, esta idea de participación “es un avance respecto de la visibilización de un grupo de especial protección que está excluido y marginalizado históricamente por el Estado y la sociedad, entonces para nosotres resulta un avance, también valoramos profundamente el gesto de los y las constituyentes de la Comisión de DD.HH respecto de manifestar en concreto la realización de asambleas, audiencias o la oportunidad de ser parte de este proceso”.
“El hecho de incorporar a las personas en situación de calle es un reconocimiento y un desafío y apunta a que también se tengan ciertos pisos o condiciones mínimas democráticas para la participación, y no solo de las personas en situación de calle, sino de todas las personas que afecta la pobreza y la extrema pobreza en Chile”, agregó.
Junto a ello, Silva expresó que para llevar adelante este proceso se debe considerar por parte de quienes lo organicen elementos como el lugar donde se realizarán los hitos de participación, sin dejar de considerar que si bien hay personas en centros de apoyo o albergues, muchos otros viven en la calle dura.
Además, explicó se debe considerar la entrega de información sobre el proceso, que hasta ahora es una deuda pendiente, así como también tener facilidades desde las instituciones ejecutoras de los programas calle como de organizaciones en terreno, junto a generar articulación entre quienes trabajan desde diferentes áreas con las personas en situación de calle.
“Eso es clave para que podamos, por lo menos, acortar esta brecha, generar las condiciones mínimas democráticas para la participación, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado para con estos grupos de especial protección y que tiene que haber una articulación entre las diferentes instituciones ya sea del Estado, las instituciones ejecutoras de la política calle, las organizaciones territoriales, ollas comunes que los asistieron en la crisis. Entonces pasar de un paradigma asistencialista y paternalista que ha caracterizado la política pública en la actualidad a incorporar a este grupo que ha sido históricamente excluido y marginalizado por la sociedad”, complementó Silva.
Los posibles mecanismos de participación futura pueden no solo seguir siendo analizados en la Comisión de DD.HH. de la Convención, sino que también pueden ser propuestos en otras instancias como la Comisión de Participación. Sin perjuicio de aquello, las ideas que se instalen y aprueben luego deben ser ratificadas por el Pleno.
