La resolución del organismo internacional concluye que el Tribunal Supremo español no sólo vulneró la mencionada presunción de inocencia de Garzón, sino que tampoco observó las garantías de un debido proceso judicial cuando en el 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por haber ordenado que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.
Además, la resolución de Naciones Unidas critica que el entonces magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir y exige al Estado español una “reparación integral” a Baltazar Garzón, junto con borrar sus antecedentes penales y proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”.
Asimismo, da a España seis meses para “garantizar una reparación efectiva” a Garzón al abogar por una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados. “El Comité considera que la condena (de Garzón) fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida”, detalla el escrito, según la agencia EFE.
“En consecuencia, el Estado español tiene la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. El Estado español tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, concluye. Y añade que el Comité desea recibir del Estado español, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, y que, además, le de publicidad.
Por su parte, en una entrevista concedida al diario “El País”, Baltasar Garzón se mostró complacido por la contundencia del dictamen de la ONU y adelantó que iniciará los trámites para regresar a la carrera judicial. “Solicitaré la reintegración, claro que sí. Ahora tengo que estudiar el cauce más adecuado para que eso se produzca. Debo solicitarlo porque sé que de oficio no lo van a hacer”, señaló.
El juez considera además que “lo más importante es que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante”. “Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro”, agregó.
Tras será ser sentenciado bajo la acusación de “prevaricación” por haber ordenado las mencionadas escuchas telefónicas en un caso de corrupción que sacudió a España, Garzón apeló al Tribunal Constitucional, pero éste no admitió su recurso contra la sentencia. Después, el ya para entonces ex juez recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tampoco allí su apelación prosperó. Entonces, Garzón decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Y si bien su condena terminó el pasado 1° de mayo, no ha dado el paso de pedir la reincorporación a la carrera judicial a la espera de conocer este dictamen que, ahora, le abre las puertas para hacerlo. No obstante, Garzón afirma que dejará la iniciativa al Estado y según lo que haga el Gobierno “que es al que interpela el Comité”, señaló, dará el siguiente paso.
Finalmente, el juez que busca justicia, no descarta tampoco la vía judicial, sosteniendo que el dictamen del organismo internacional que le favorece es vinculante.
La resolución del organismo internacional concluye que el Tribunal Supremo español no sólo vulneró la mencionada presunción de inocencia de Garzón, sino que tampoco observó las garantías de un debido proceso judicial cuando en el 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por haber ordenado que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.
Además, la resolución de Naciones Unidas critica que el entonces magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir y exige al Estado español una “reparación integral” a Baltazar Garzón, junto con borrar sus antecedentes penales y proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”.
Asimismo, da a España seis meses para “garantizar una reparación efectiva” a Garzón al abogar por una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados. “El Comité considera que la condena (de Garzón) fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida”, detalla el escrito, según la agencia EFE.
“En consecuencia, el Estado español tiene la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. El Estado español tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, concluye. Y añade que el Comité desea recibir del Estado español, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, y que, además, le de publicidad.
Por su parte, en una entrevista concedida al diario “El País”, Baltasar Garzón se mostró complacido por la contundencia del dictamen de la ONU y adelantó que iniciará los trámites para regresar a la carrera judicial. “Solicitaré la reintegración, claro que sí. Ahora tengo que estudiar el cauce más adecuado para que eso se produzca. Debo solicitarlo porque sé que de oficio no lo van a hacer”, señaló.
El juez considera además que “lo más importante es que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante”. “Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro”, agregó.
Tras será ser sentenciado bajo la acusación de “prevaricación” por haber ordenado las mencionadas escuchas telefónicas en un caso de corrupción que sacudió a España, Garzón apeló al Tribunal Constitucional, pero éste no admitió su recurso contra la sentencia. Después, el ya para entonces ex juez recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tampoco allí su apelación prosperó. Entonces, Garzón decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Y si bien su condena terminó el pasado 1° de mayo, no ha dado el paso de pedir la reincorporación a la carrera judicial a la espera de conocer este dictamen que, ahora, le abre las puertas para hacerlo. No obstante, Garzón afirma que dejará la iniciativa al Estado y según lo que haga el Gobierno “que es al que interpela el Comité”, señaló, dará el siguiente paso.
Finalmente, el juez que busca justicia, no descarta tampoco la vía judicial, sosteniendo que el dictamen del organismo internacional que le favorece es vinculante.
La resolución del organismo internacional concluye que el Tribunal Supremo español no sólo vulneró la mencionada presunción de inocencia de Garzón, sino que tampoco observó las garantías de un debido proceso judicial cuando en el 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por haber ordenado que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.
Además, la resolución de Naciones Unidas critica que el entonces magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir y exige al Estado español una “reparación integral” a Baltazar Garzón, junto con borrar sus antecedentes penales y proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”.
Asimismo, da a España seis meses para “garantizar una reparación efectiva” a Garzón al abogar por una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados. “El Comité considera que la condena (de Garzón) fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida”, detalla el escrito, según la agencia EFE.
“En consecuencia, el Estado español tiene la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. El Estado español tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, concluye. Y añade que el Comité desea recibir del Estado español, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, y que, además, le de publicidad.
Por su parte, en una entrevista concedida al diario “El País”, Baltasar Garzón se mostró complacido por la contundencia del dictamen de la ONU y adelantó que iniciará los trámites para regresar a la carrera judicial. “Solicitaré la reintegración, claro que sí. Ahora tengo que estudiar el cauce más adecuado para que eso se produzca. Debo solicitarlo porque sé que de oficio no lo van a hacer”, señaló.
El juez considera además que “lo más importante es que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante”. “Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro”, agregó.
Tras será ser sentenciado bajo la acusación de “prevaricación” por haber ordenado las mencionadas escuchas telefónicas en un caso de corrupción que sacudió a España, Garzón apeló al Tribunal Constitucional, pero éste no admitió su recurso contra la sentencia. Después, el ya para entonces ex juez recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tampoco allí su apelación prosperó. Entonces, Garzón decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Y si bien su condena terminó el pasado 1° de mayo, no ha dado el paso de pedir la reincorporación a la carrera judicial a la espera de conocer este dictamen que, ahora, le abre las puertas para hacerlo. No obstante, Garzón afirma que dejará la iniciativa al Estado y según lo que haga el Gobierno “que es al que interpela el Comité”, señaló, dará el siguiente paso.
Finalmente, el juez que busca justicia, no descarta tampoco la vía judicial, sosteniendo que el dictamen del organismo internacional que le favorece es vinculante.
