Hace casi 10 años se aprobó la Ley de Pesca en el Congreso Nacional, normativa que luego se conoció fue tramitada con las presiones e incluso las directrices de los ejecutivos de una de las empresas interesadas en el articulado, Corpesca.
Luego de conocidos estos antecedentes que terminaron con las carreras políticas de los legisladores UDI Marta Isasi y Jaime Orpis, se demandó la anulación de la norma conocida también como Ley Longueira producto del impulso puesto por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, en sacar adelante la iniciativa legal.
Durante esta semana se registró una nueva sesión de las comisiones unidas de Legislación, Justicia y Pesca, instancia donde se debate la nulidad de la ley, instancia en la que participó el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, quien entregó algunos argumentos que sustentan la petición de revocar el articulado.
“Se cumplen a nuestro entender dos requisitos esenciales para proceder en este caso la anulación. Primero desde un punto de vista normativo efectivamente creemos que el Congreso como organismo constitucionalmente reconocido para la creación de las leyes, también tiene por ende la facultad de anular en este caso aquellas leyes donde se pueda acreditar de que efectivamente hubo un vicio en su tramitación, discusión y posteriormente aprobación”, indicó el profesional.
Ramírez agregó que “el segundo requisito es precisamente aquel, que en este caso la Ley de Pesca o Ley Longueira como se conoce, efectivamente hubo hechos de corrupción que están en este caso judicialmente acreditados. Primeramente el año 2018 fue condenado en este caso Francisco Mujica Ortúzar, ex gerente general de Corpesca, por los delitos de soborno a los parlamentarios Marta Issasi y Jaime Orpis. Y posteriormente este año 2021 ya se ha condenado a Corpesca como persona jurídica, porque efectivamente se acreditó un marco en el que se propendía a estos actos de corrupción y además se condenó en este caso a los parlamentarios tanto el ex senador y la ex diputada”.
El penalista recordó que en caso de Isasi y Orpis, ambos recibían órdenes de Corpesca a través del ejecutivo Francisco Mujica u otros personeros de la compañía que según se pudo comprobar durante la investigación judicial incluso se hacían pasar por asesores parlamentarios cuando en realidad eran empleados de esta compañía.
Para el abogado la nulidad de la cuestionada Ley de Pesca pasa no sólo por ser de origen corrupto, sino también por los perjuicios que ha provocado a la biodiversidad marina y en especial a la pesca artesanal.
“Por ejemplo en la Región de Tarapacá es una de las pocas regiones en la macrozona norte donde se permite la perforación de las cinco millas exclusivas de la pesca artesanal. Y eso precisamente fue a raíz de la corrupción que hubo en la tramitación de la Ley de Pesca. Lo mismo con la pesca de arrastre o pesca de cerco que en este caso ha causado un daño enorme a la biomasa marina. Lo mismo respecto a las licitaciones o inclusive las fracciones de los recursos. En este caso, en el norte de Chile, la anchoveta como recurso el 90 por ciento corresponde a la industria y solamente el 10 por ciento a la pesca artesanal. Es uno de los fraccionamientos más irregulares que hay en comparación a lo que sucede con el fraccionamiento de otros recursos en el país”, retrató el abogado.
Se espera que la propuesta de nulidad sea revisada a la brevedad por la comisión unida que revisa la iniciativa y sea presentada a la Sala de la Cámara de Diputados para avanzar con el cambio de esta legislación.
Hace casi 10 años se aprobó la Ley de Pesca en el Congreso Nacional, normativa que luego se conoció fue tramitada con las presiones e incluso las directrices de los ejecutivos de una de las empresas interesadas en el articulado, Corpesca.
Luego de conocidos estos antecedentes que terminaron con las carreras políticas de los legisladores UDI Marta Isasi y Jaime Orpis, se demandó la anulación de la norma conocida también como Ley Longueira producto del impulso puesto por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, en sacar adelante la iniciativa legal.
Durante esta semana se registró una nueva sesión de las comisiones unidas de Legislación, Justicia y Pesca, instancia donde se debate la nulidad de la ley, instancia en la que participó el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, quien entregó algunos argumentos que sustentan la petición de revocar el articulado.
“Se cumplen a nuestro entender dos requisitos esenciales para proceder en este caso la anulación. Primero desde un punto de vista normativo efectivamente creemos que el Congreso como organismo constitucionalmente reconocido para la creación de las leyes, también tiene por ende la facultad de anular en este caso aquellas leyes donde se pueda acreditar de que efectivamente hubo un vicio en su tramitación, discusión y posteriormente aprobación”, indicó el profesional.
Ramírez agregó que “el segundo requisito es precisamente aquel, que en este caso la Ley de Pesca o Ley Longueira como se conoce, efectivamente hubo hechos de corrupción que están en este caso judicialmente acreditados. Primeramente el año 2018 fue condenado en este caso Francisco Mujica Ortúzar, ex gerente general de Corpesca, por los delitos de soborno a los parlamentarios Marta Issasi y Jaime Orpis. Y posteriormente este año 2021 ya se ha condenado a Corpesca como persona jurídica, porque efectivamente se acreditó un marco en el que se propendía a estos actos de corrupción y además se condenó en este caso a los parlamentarios tanto el ex senador y la ex diputada”.
El penalista recordó que en caso de Isasi y Orpis, ambos recibían órdenes de Corpesca a través del ejecutivo Francisco Mujica u otros personeros de la compañía que según se pudo comprobar durante la investigación judicial incluso se hacían pasar por asesores parlamentarios cuando en realidad eran empleados de esta compañía.
Para el abogado la nulidad de la cuestionada Ley de Pesca pasa no sólo por ser de origen corrupto, sino también por los perjuicios que ha provocado a la biodiversidad marina y en especial a la pesca artesanal.
“Por ejemplo en la Región de Tarapacá es una de las pocas regiones en la macrozona norte donde se permite la perforación de las cinco millas exclusivas de la pesca artesanal. Y eso precisamente fue a raíz de la corrupción que hubo en la tramitación de la Ley de Pesca. Lo mismo con la pesca de arrastre o pesca de cerco que en este caso ha causado un daño enorme a la biomasa marina. Lo mismo respecto a las licitaciones o inclusive las fracciones de los recursos. En este caso, en el norte de Chile, la anchoveta como recurso el 90 por ciento corresponde a la industria y solamente el 10 por ciento a la pesca artesanal. Es uno de los fraccionamientos más irregulares que hay en comparación a lo que sucede con el fraccionamiento de otros recursos en el país”, retrató el abogado.
Se espera que la propuesta de nulidad sea revisada a la brevedad por la comisión unida que revisa la iniciativa y sea presentada a la Sala de la Cámara de Diputados para avanzar con el cambio de esta legislación.
Hace casi 10 años se aprobó la Ley de Pesca en el Congreso Nacional, normativa que luego se conoció fue tramitada con las presiones e incluso las directrices de los ejecutivos de una de las empresas interesadas en el articulado, Corpesca.
Luego de conocidos estos antecedentes que terminaron con las carreras políticas de los legisladores UDI Marta Isasi y Jaime Orpis, se demandó la anulación de la norma conocida también como Ley Longueira producto del impulso puesto por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, en sacar adelante la iniciativa legal.
Durante esta semana se registró una nueva sesión de las comisiones unidas de Legislación, Justicia y Pesca, instancia donde se debate la nulidad de la ley, instancia en la que participó el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, quien entregó algunos argumentos que sustentan la petición de revocar el articulado.
“Se cumplen a nuestro entender dos requisitos esenciales para proceder en este caso la anulación. Primero desde un punto de vista normativo efectivamente creemos que el Congreso como organismo constitucionalmente reconocido para la creación de las leyes, también tiene por ende la facultad de anular en este caso aquellas leyes donde se pueda acreditar de que efectivamente hubo un vicio en su tramitación, discusión y posteriormente aprobación”, indicó el profesional.
Ramírez agregó que “el segundo requisito es precisamente aquel, que en este caso la Ley de Pesca o Ley Longueira como se conoce, efectivamente hubo hechos de corrupción que están en este caso judicialmente acreditados. Primeramente el año 2018 fue condenado en este caso Francisco Mujica Ortúzar, ex gerente general de Corpesca, por los delitos de soborno a los parlamentarios Marta Issasi y Jaime Orpis. Y posteriormente este año 2021 ya se ha condenado a Corpesca como persona jurídica, porque efectivamente se acreditó un marco en el que se propendía a estos actos de corrupción y además se condenó en este caso a los parlamentarios tanto el ex senador y la ex diputada”.
El penalista recordó que en caso de Isasi y Orpis, ambos recibían órdenes de Corpesca a través del ejecutivo Francisco Mujica u otros personeros de la compañía que según se pudo comprobar durante la investigación judicial incluso se hacían pasar por asesores parlamentarios cuando en realidad eran empleados de esta compañía.
Para el abogado la nulidad de la cuestionada Ley de Pesca pasa no sólo por ser de origen corrupto, sino también por los perjuicios que ha provocado a la biodiversidad marina y en especial a la pesca artesanal.
“Por ejemplo en la Región de Tarapacá es una de las pocas regiones en la macrozona norte donde se permite la perforación de las cinco millas exclusivas de la pesca artesanal. Y eso precisamente fue a raíz de la corrupción que hubo en la tramitación de la Ley de Pesca. Lo mismo con la pesca de arrastre o pesca de cerco que en este caso ha causado un daño enorme a la biomasa marina. Lo mismo respecto a las licitaciones o inclusive las fracciones de los recursos. En este caso, en el norte de Chile, la anchoveta como recurso el 90 por ciento corresponde a la industria y solamente el 10 por ciento a la pesca artesanal. Es uno de los fraccionamientos más irregulares que hay en comparación a lo que sucede con el fraccionamiento de otros recursos en el país”, retrató el abogado.
Se espera que la propuesta de nulidad sea revisada a la brevedad por la comisión unida que revisa la iniciativa y sea presentada a la Sala de la Cámara de Diputados para avanzar con el cambio de esta legislación.
