Fue el Ministerio de Defensa que ratificó esta semana la realización de la Parada Militar que, tras ser suspendida el año pasado por la pandemia, volverá a realizarse presencialmente en la elipse del Parque O’Higgins este domingo 19 de septiembre, donde desfilará un total de 6.500 efectivos. Sin público y con una inversión de 218 millones de pesos, un 40% menos a la última vez en 2019.
Decisión que desató las críticas de distintos sectores políticos, especialmente en las oposiciones, desde donde incluso catalogaron el hecho como “absurdo, irracional e irresponsable” dado el contexto sanitario, que podría propiciar nuevos rebrotes de coronavirus, y en el que también apuntaron a una desconexión por parte de los altos mandos del Ejército con la ciudadanía.
Bajo ese contexto es que la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, hizo su lectura respecto a estos acontecimientos y cuál es la postura que deberían tomar las autoridades frente a los cuestionamientos que han suscitado las instituciones castrenses este último tiempo.
Asimismo, se refirió a la querella por fraude al fisco interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el Ejército de Chile, luego que una auditoría de Contraloría detectara el pago de 8,6 millones de dólares en sobreprecios por la compra de helicópteros y repuestos, mediante la empresa intermediaria C&M, representada por Virgilio Cartoni, durante la administración del excomandante en jefe Juan Miguel-Fuentealba, entre 2015 y 2017.
¿Cómo evalúa que, pese a las críticas de distintos sectores sociales, el Ministerio de Defensa haya ratificado la decisión de realizar la Parada Militar? Qué señal cree que se le está dando a la ciudadanía?
Considerando la crisis sanitaria, económica y social que vive el país, la decisión del ministro de Defensa da una equivocada señal de normalidad. El costo de este ejercicio es alto, que por mucho que se diga es austero en comparación con años anteriores. Debería haberse hecho igual al año pasado, reafirmándole así a la ciudadanía la necesidad de mantener la precaución y el cuidado por la pandemia que aún no termina.
¿Cuál es su postura frente a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el Ejército, tras la investigación de Contraloría que reportó pagos por millonarios sobreprecios tras la compra de helicópteros?
La querella del CDE contra el Ejército por fraude al fisco demuestra la independencia y acuciosidad con que las instituciones estatales deben actuar en general y en particular cuando se trata de estos delitos. Lamentablemente, esto se suma a otros procesos de faltas a la probidad que involucran a miembros, incluso activos del Ejército, lo que daña no solo la imagen de éste, las instituciones armadas y la defensa en general. Igualmente, estos casos muestran la necesidad de limitar la autonomía que de hecho observan las FF.AA. en materia de gasto institucional.
¿Cuáles son sus expectativas respecto al seguimiento de este caso y qué llamado le haría a las autoridades?
El ministerio de Defensa debe mejorar el control civil de la asignación y ejecución del gasto militar. La Contraloría, simultáneamente, tiene un rol clave en la fiscalización de este sector, el que ha venido desarrollando a través de controles especializados, lo que debe continuar y fortalecerse. Finalmente, el Congreso debe mejorar su apoyo técnico en estas materias para desempeñar efectivamente su rol fiscalizador. Esto deberá incluirse en las nuevas normas constitucionales.
Considerando el contexto social que actualmente atraviesa el país ¿Cómo evalúa el tratamiento mediático que ha tenido este hecho?
Es deber de la prensa informar detalladamente y con rigurosidad los casos de corrupción que afectan a instituciones armadas. Tiene la capacidad de darle seguimiento detallado a estos temas de la agenda nacional. Es clave contar con prensa especializada en materias de defensa y FF.AA. Las autoridades de gobierno deben cumplir la ley y responder a los requerimientos de información que haga tanto la Justicia como los medios.
Fue el Ministerio de Defensa que ratificó esta semana la realización de la Parada Militar que, tras ser suspendida el año pasado por la pandemia, volverá a realizarse presencialmente en la elipse del Parque O’Higgins este domingo 19 de septiembre, donde desfilará un total de 6.500 efectivos. Sin público y con una inversión de 218 millones de pesos, un 40% menos a la última vez en 2019.
Decisión que desató las críticas de distintos sectores políticos, especialmente en las oposiciones, desde donde incluso catalogaron el hecho como “absurdo, irracional e irresponsable” dado el contexto sanitario, que podría propiciar nuevos rebrotes de coronavirus, y en el que también apuntaron a una desconexión por parte de los altos mandos del Ejército con la ciudadanía.
Bajo ese contexto es que la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, hizo su lectura respecto a estos acontecimientos y cuál es la postura que deberían tomar las autoridades frente a los cuestionamientos que han suscitado las instituciones castrenses este último tiempo.
Asimismo, se refirió a la querella por fraude al fisco interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el Ejército de Chile, luego que una auditoría de Contraloría detectara el pago de 8,6 millones de dólares en sobreprecios por la compra de helicópteros y repuestos, mediante la empresa intermediaria C&M, representada por Virgilio Cartoni, durante la administración del excomandante en jefe Juan Miguel-Fuentealba, entre 2015 y 2017.
¿Cómo evalúa que, pese a las críticas de distintos sectores sociales, el Ministerio de Defensa haya ratificado la decisión de realizar la Parada Militar? Qué señal cree que se le está dando a la ciudadanía?
Considerando la crisis sanitaria, económica y social que vive el país, la decisión del ministro de Defensa da una equivocada señal de normalidad. El costo de este ejercicio es alto, que por mucho que se diga es austero en comparación con años anteriores. Debería haberse hecho igual al año pasado, reafirmándole así a la ciudadanía la necesidad de mantener la precaución y el cuidado por la pandemia que aún no termina.
¿Cuál es su postura frente a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el Ejército, tras la investigación de Contraloría que reportó pagos por millonarios sobreprecios tras la compra de helicópteros?
La querella del CDE contra el Ejército por fraude al fisco demuestra la independencia y acuciosidad con que las instituciones estatales deben actuar en general y en particular cuando se trata de estos delitos. Lamentablemente, esto se suma a otros procesos de faltas a la probidad que involucran a miembros, incluso activos del Ejército, lo que daña no solo la imagen de éste, las instituciones armadas y la defensa en general. Igualmente, estos casos muestran la necesidad de limitar la autonomía que de hecho observan las FF.AA. en materia de gasto institucional.
¿Cuáles son sus expectativas respecto al seguimiento de este caso y qué llamado le haría a las autoridades?
El ministerio de Defensa debe mejorar el control civil de la asignación y ejecución del gasto militar. La Contraloría, simultáneamente, tiene un rol clave en la fiscalización de este sector, el que ha venido desarrollando a través de controles especializados, lo que debe continuar y fortalecerse. Finalmente, el Congreso debe mejorar su apoyo técnico en estas materias para desempeñar efectivamente su rol fiscalizador. Esto deberá incluirse en las nuevas normas constitucionales.
Considerando el contexto social que actualmente atraviesa el país ¿Cómo evalúa el tratamiento mediático que ha tenido este hecho?
Es deber de la prensa informar detalladamente y con rigurosidad los casos de corrupción que afectan a instituciones armadas. Tiene la capacidad de darle seguimiento detallado a estos temas de la agenda nacional. Es clave contar con prensa especializada en materias de defensa y FF.AA. Las autoridades de gobierno deben cumplir la ley y responder a los requerimientos de información que haga tanto la Justicia como los medios.
Fue el Ministerio de Defensa que ratificó esta semana la realización de la Parada Militar que, tras ser suspendida el año pasado por la pandemia, volverá a realizarse presencialmente en la elipse del Parque O’Higgins este domingo 19 de septiembre, donde desfilará un total de 6.500 efectivos. Sin público y con una inversión de 218 millones de pesos, un 40% menos a la última vez en 2019.
Decisión que desató las críticas de distintos sectores políticos, especialmente en las oposiciones, desde donde incluso catalogaron el hecho como “absurdo, irracional e irresponsable” dado el contexto sanitario, que podría propiciar nuevos rebrotes de coronavirus, y en el que también apuntaron a una desconexión por parte de los altos mandos del Ejército con la ciudadanía.
Bajo ese contexto es que la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, hizo su lectura respecto a estos acontecimientos y cuál es la postura que deberían tomar las autoridades frente a los cuestionamientos que han suscitado las instituciones castrenses este último tiempo.
Asimismo, se refirió a la querella por fraude al fisco interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el Ejército de Chile, luego que una auditoría de Contraloría detectara el pago de 8,6 millones de dólares en sobreprecios por la compra de helicópteros y repuestos, mediante la empresa intermediaria C&M, representada por Virgilio Cartoni, durante la administración del excomandante en jefe Juan Miguel-Fuentealba, entre 2015 y 2017.
¿Cómo evalúa que, pese a las críticas de distintos sectores sociales, el Ministerio de Defensa haya ratificado la decisión de realizar la Parada Militar? Qué señal cree que se le está dando a la ciudadanía?
Considerando la crisis sanitaria, económica y social que vive el país, la decisión del ministro de Defensa da una equivocada señal de normalidad. El costo de este ejercicio es alto, que por mucho que se diga es austero en comparación con años anteriores. Debería haberse hecho igual al año pasado, reafirmándole así a la ciudadanía la necesidad de mantener la precaución y el cuidado por la pandemia que aún no termina.
¿Cuál es su postura frente a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el Ejército, tras la investigación de Contraloría que reportó pagos por millonarios sobreprecios tras la compra de helicópteros?
La querella del CDE contra el Ejército por fraude al fisco demuestra la independencia y acuciosidad con que las instituciones estatales deben actuar en general y en particular cuando se trata de estos delitos. Lamentablemente, esto se suma a otros procesos de faltas a la probidad que involucran a miembros, incluso activos del Ejército, lo que daña no solo la imagen de éste, las instituciones armadas y la defensa en general. Igualmente, estos casos muestran la necesidad de limitar la autonomía que de hecho observan las FF.AA. en materia de gasto institucional.
¿Cuáles son sus expectativas respecto al seguimiento de este caso y qué llamado le haría a las autoridades?
El ministerio de Defensa debe mejorar el control civil de la asignación y ejecución del gasto militar. La Contraloría, simultáneamente, tiene un rol clave en la fiscalización de este sector, el que ha venido desarrollando a través de controles especializados, lo que debe continuar y fortalecerse. Finalmente, el Congreso debe mejorar su apoyo técnico en estas materias para desempeñar efectivamente su rol fiscalizador. Esto deberá incluirse en las nuevas normas constitucionales.
Considerando el contexto social que actualmente atraviesa el país ¿Cómo evalúa el tratamiento mediático que ha tenido este hecho?
Es deber de la prensa informar detalladamente y con rigurosidad los casos de corrupción que afectan a instituciones armadas. Tiene la capacidad de darle seguimiento detallado a estos temas de la agenda nacional. Es clave contar con prensa especializada en materias de defensa y FF.AA. Las autoridades de gobierno deben cumplir la ley y responder a los requerimientos de información que haga tanto la Justicia como los medios.
