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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Un paso que no resuelve el problema de fondo: Expertos analizan proyecto de ley corta de pensiones

En medio de un clima de incertidumbre respecto del destino del proyecto de reforma constitucional para un cuarto retiro desde las cuentas de AFP, el Gobierno envió este lunes al Congreso su mensaje para una normativa que permitiría mejorar las jubilaciones chilenas. Aquí, tres expertos analizan el proyecto, calculan sus costos y beneficios y las reales posibilidades de que se haga realidad.

Claudia Carvajal G.

  Martes 21 de septiembre 2021 21:57 hrs. 
ley corta

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Este lunes, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de ley corta de pensiones tendiente a aumentar la cobertura de la Pensión Básica Solidaria desde el 60% al 80% más vulnerable y a subir el monto de la pensión mínima a $178 mil pesos, de modo tal que de ser aprobada la iniciativa, esa jubilación quedará por encima de la línea de la pobreza.

La Reforma de Pensiones fue una de las promesas de campaña de la actual administración y ha sido un dolor de cabeza, toda vez que el proyecto original está estancado en el Senado desde marzo pasado y sin posibilidades cercanas de seguir tramitándose para lograr una nueva legislación antes del cambio de gobierno. Eso ya es un asunto meridianamente claro para el Ejecutivo, que si bien ha negado expresamente haber desechado la idea de una reforma estructural, en la práctica apuestan sus fichas a una rápida aprobación de este proyecto al que se le imprimió la urgencia de discusión inmediata, es decir, debe ser discutido y despachado en un plazo de tres días por cada cámara.

“Vamos a dar un paso adicional en el cumplimiento de ese compromiso político y moral de mejorar las pensiones de todos enviando al Congreso, y con discusión inmediata, un proyecto de ley que nuevamente fortalece nuestro Sistema Previsional” dijo, en el Patio de los Naranjos, el Primer Mandatario.

Inicialmente, se había señalado que los cambios en las pensiones implicarían un costo fiscal cercano a los 1600 millones de dólares, sin embargo, fue el mismo Presidente el que explicó  que el gasto estará finalmente en los  1.100 millones, equivalentes a un 0,33% del PIB, y que se financiará con la eliminación y restricción de algunas exenciones tributarias vigentes.

Para Marcela Vera, economista y académica de la Universidad de Santiago, la rebaja en el monto a gastar en la ley corta responde simplemente a que es el monto que el Gobierno puede obtener con los cambios tributarios destinados a lograr una mayor recaudación.

“Seguramente hay un déficit muy importante en cuanto a dónde obtener recursos para financiar esta ley corta, sobre todo en el contexto actual en que el Gobierno ha gastado tantos recursos para generar el IFE y las otras políticas fiscales, pues el FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social) ha disminuido en forma significativa, entonces existe una debilidad en las fuentes de financiamiento para este tipo de políticas”.

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Marcela Vera. Foto @radiousach

“Quieren reducir la exención tributaria en distintos ámbitos, por ejemplo va a disminuir un 5% el impuesto a las ganancias de capital, eliminará los créditos al IVA en la construcción, eliminará los beneficios a los dueños de DFL2, el IVA a los servicios, beneficios por el impuesto a las herencias y seguros de vida. Con eso, se reúne en total 1100 millones, principalmente gracias a dos de esas exenciones: las relativas al IVA”, explicó la académica.

Desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el profesor José Luis Ruiz, expresó que el cambio en los montos destinados a la mejoría de las jubilaciones dice relación con una decisión de responsabilidad fiscal.

“Hay que entender que cualquier cambio en las pensiones es permanente, por lo tanto hay que hacer un buen análisis de los costos involucrados. Esto tiene que ver con la responsabilidad fiscal de hacer las estimaciones adecuadas”, señaló el Ph.D. y Magister en Economía en conversación con nuestro medio.

Pero la pregunta de fondo en este asunto es si efectivamente esta ley corta resuelve el nudo crítico de las pensiones en Chile y si se cumple realmente con la promesa de campaña del presidente Piñera en la materia.

En ese sentido, el economista de FEN, Guillermo Larraín, explicó a nuestro medio que bajo ninguna perspectiva este proyecto de ley podría ser considerado como una manera de resolver el tema de las bajas jubilaciones en nuestro país, ni siquiera al agregar este seguro para precaver lagunas previsionales.

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Guillermo Larrain. Foto @FEN

“Es claro que este proyecto no resuelve el tema de pensiones porque el debate que hay en torno a la reforma  estructural del sistema de pensiones no forma parte de esta iniciativa. Ésta es una mejora  al nivel de los fondos de pensiones solidario y este otro componente novedoso que tiene que ver con los seguros de lagunas previsionales, pero el tema central no está zanjado”.

De la misma opinión es la profesora Vera, quien además señaló que con este proyecto simplemente se entrega una suerte de compensación a las AFP para paliar los efectos de un cuarto retiro, ya que con esta inversión de los 1100 millones de dólares,  las AFP continúan con un negocio lucrativo, pero que genera muy bajas pensiones para chilenos y chilenas.

Esta ley tiene el déficit de no preocuparse de lo importante, lo central, del origen del problema, porque las pensiones dignas son el efecto de lo que tenemos hoy en déficit. Esta ley niega el problema de origen que está generando las deficiencias en materia de pensiones y también, al analizarlo más complejamente, está pensada para gestionar los niveles de pobreza en nuestro país. Si se amplía el pilar solidario, la gente que está en torno a la línea de la pobreza, quedará ahora solo un poco por arriba de ella, entonces con esta política pública es precisamente esa delgada línea la que se soslaya”

“Por otra parte, el aumento no es sustantivo pues para la pensión mínima el alza será solo de 14.600 pesos y eso es absolutamente insuficiente respecto de las necesidades que tienen los adultos mayores”, agregó.

Pese a que aseguró que lo ideal sería tener pensiones más altas y con una mejor cobertura de previsión social para nuestra sociedad, el profesor José Luis Ruiz sí consideró que esta ley corta es un avance en materia de jubilaciones.

“Lo primero que hay que destacar es que esta modificación que se introduce con esta ley corta lo que hace es fijar una pensión mínima ligada a la línea de la pobreza, porque hasta ahora lo que se había hecho no permitía garantizar superar la línea de la pobreza. Quienes estiman que es muy poco lo hacen porque hay un tema de expectativas que es algo complejo de manejar, pero para el Estado éste es un esfuerzo enorme porque además se expande desde el 60 al 80% de la población más vulnerable y abarca a la clase media que generalmente está fuera de este tipo de beneficios. Creo que vamos en el sentido correcto porque hay que tener una dosis de realismo fiscal, pues la pandemia está dejando muy pobres las arcas fiscales”.

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José Luis Ruiz. Foto @unegocios

“Uno quisiera que se pagaran pensiones mayores, pero vamos en el camino correcto y valoro ese esfuerzo, independientemente que una parte importante de la campaña del actual presidente era tener una reforma estructural a las pensiones, pero ya no se alcanza a eso por la falta de consenso político para los cambios que se requieren”, agregó.

Es precisamente a ese punto que se refirió el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en una entrevista este martes en radio Cooperativa, cuando afirmó que la presentación de esta ley corta no significaba dar un cierre a la reforma de pensiones, pero que, independiente de eso, “lo que realmente les importa a los chilenos es el aumento de sus pensiones, más allá del sistema”.

Para el académico y ex  Superintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, esta afirmación del ministro solo representa a su sector, pues no es solo el monto el que preocupa a los chilenos, sino también la forma en que se manejan los recursos destinados a las jubilaciones.

“El nivel de las pensiones es una cosa, pero hay otras consideraciones respecto de la volatilidad de la pensión y eso tiene que ver con la estructura del sistema. El sistema hoy, tal cual está, todavía hace que las personas estén enfrentando muchos más riesgos de lo que efectivamente puede razonablemente manejar un individuo y, por lo mismo, hay que avanzar hacia una estructura que permita mejorar la gestión de esos riesgos y eso no pasa solo por incrementar el valor final de la pensión”, aseveró.

Respecto de las afirmaciones del ministro de Hacienda, José Luis Ruiz, manifestó que no se trata de declaraciones tan descabelladas porque el sistema de AFP ha sido exitoso en el desarrollo de su labor cual es la de administrar esos fondos de capitalización individual en orden a generar ganancias para sus cotizantes.

“Lo que se quiere es mejorar la calidad de pensiones, con mejor monto y de amplio acceso a las personas, de esta manera debiera dar lo mismo cómo se organice. Obviamente desde el lado social hay una molestia contra el sistema porque hacen de las AFP el blanco de críticas, pero hay que entender que debería haber un Estado más garante de ciertos derechos en cuanto a seguridad social. No estoy hablando de un gobierno, sino del concepto Estado, porque el sistema de AFP funciona bien para aquellos que cotizan de manera regular porque la rentabilidad es un concepto clave: hay que tener presente que un punto porcentual de mayor rentabilidad es un 20% más de pensión y, en ese sentido, el sistema ha sido eficiente”.

El problema es que la gente no cotiza de manera regular o tiene bajos salarios, por eso se requiere un Estado garante que cree incentivos correctos para la cotización, pero complementar con buenas pensiones a quienes no llegan“, aseveró.

El Gobierno ingresó este martes el proyecto de ley corta de pensiones a la Cámara de Diputados, esperando una acogida favorable de parte de los parlamentarios, sin embargo, en horas de la tarde de este martes desde la oposición ya se dejaron oír las voces contrarias a apoyar la iniciativa. La Democracia Cristiana , a través de su jefe de bancada Gabriel Ascencio, anunció que no darán su luz verde sin antes agregar indicaciones relativas a una mayor responsabilidad de las AFP en materia de rentabilidad negativa y el cambio en la edad de de jubilación con Pensión Básica para las mujeres desde los 60 años. Éste último tópico también fue al que se refirió la bancada de la Federación Regionalista Verde Social al anunciar indicaciones en materia de  reducción de la Tabla de Mortalidad (de 110 a 85 años), flexibilidad del Pilar Solidario para Rentas Vitalicias

Por su parte desde el Frente Amplio, el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric señaló que esta ley es insuficiente para entregar un real sistema de seguridad social que dé pensiones dignas a las personas de nuestro territorio, aunque anunció que apoyarán algunos aspectos como la universalidad de la Pensión Básica.

 

Foto @PrensaPresidencia

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