“En los países donde hay aborto libre, la tasa de mortalidad materna es mucho más alta”.

Esta frase pronunciada por José Antonio Kast durante el debate presidencial, provocó una serie de reacciones que cuestionaron la veracidad de la información entregada. Incluso, al finalizar el debate, el candidato del Partido Republicano reiteró sus dichos y aseguró que “yo creo que los números son los números. Yo creo que a las personas que tienen dudas, que revisen los estudios, por ejemplo lo que pasa en México, lo que pasa en otros países donde está aprobado el aborto libre y es obvio, porque mientras más intervenciones hay de ese tipo en mujeres, el riesgo de vida de la madre es más alto”.

Pero los estudios publicados a nivel internacional y la evaluación de las políticas públicas implementadas en distintos países contradicen lo afirmado por el candidato.

Por ejemplo, lo ocurrido esta semana trae al debate el caso de Rumania, un país que durante años implementó una política pro-natalista que prohibió el aborto y los métodos anticonceptivos. Sin embargo, la tasa de mortalidad de las mujeres rumanas alcanzó la cifra más alta registrada en Europa: 170 muertes maternas por 100.000 bebés nacidos vivos, y el 87% de esos fallecimientos se produjeron por abortos clandestinos sin asistencia médica. Años después, el aborto volvió a ser legal en 1989, y la decisión provocó una disminución de fallecimientos entre las mujeres gestantes que decidían abortar. Para el año 2006, la mortalidad materna en Rumania se redujo a 15 por 100.000 habitantes.

En esa línea, uno de los puntos del artículo “Mortalidad Materna” publicado en septiembre de 2019 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que el número de muertes maternas es un reflejo de la inequidad al acceso a la salud, principalmente si se compara entre países ricos y pobres. Como ejemplo, entre los datos recopilados por este informe se aprecia que el 99% de las muertes maternas se producen en países en vías de desarrollo, y más de la mitad de esa mortalidad ocurre en África y un tercio en el sur de Asia. La mortalidad materna se acrecienta en lugares de entornos frágiles o azotados por crisis humanitarias.

Asimismo, la OMS afirma que entre las principales complicaciones que provocan la mortalidad materna, con un 75% del total, se encuentran los abortos peligrosos. Una práctica común que se vive en la clandestinidad cuando los países criminalizan los abortos. “Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto”, indica el artículo.

A pocos días de la conmemoración del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, la Directora Ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas, Danitza Pérez, explica que “estamos bien preocupadas por las afirmaciones del candidato Kast, principalmente porque realiza en televisión abierta una afirmación que tiene datos que no son reales y no transparenta de dónde nace esta posición”.

“Es absolutamente irresponsable, porque si yo no doy luces concretas de dónde estoy sacando los datos, puedo engañar a la población. Nosotras, desde las agrupaciones feministas, venimos abogando por el aborto libre hace ya bastantes años en una lucha que no ha sido fácil, que hoy día se está materializando en la despenalización sólo hasta la semana 14. Pero luego, cuando una persona que pretender dirigir al país, se basa en datos que no dice de dónde salen, difícilmente se puede confiar”, expuso Pérez.

Varios países de Europa permiten el aborto. Uno de ellos es Alemania, donde no se criminaliza a las mujeres que decidan abortar durante las primeras 12 semanas de la gestación, pero la ley exige que la mujer reciba un asesoramiento previo de manera gratuita, donde sea informada sobre las consecuencias del aborto y las posibles alternativas al procedimiento, y debe esperar tres días para interrumpir el embarazo. Asimismo, la legislación alemana establece que médicos, clínicas y hospitales pueden informar que realizan abortos, pero también deben entregar referencias adicionales de institucionales neutrales sobre este tema.

Al observar a nivel continental la implementación de políticas públicas relacionadas con esta situación, Cuba fue el primer país de la región que consideró el aborto como un derecho humano y una medida para disminuir las muertes maternas. Si bien en Cuba no existía tanta estigmatización del aborto como en otros países americanos, la no regulación de la práctica ponía en riesgo la vida de las mujeres que recurrían a abortos clandestinos como primera opción. A partir de ahí, en 1961 fue despenalizado y, desde 1965, es considerado como un derecho legal y asegurado en el servicio médico para que el procedimiento pudiera realizarse a través del Sistema Nacional de Salud. Aún así, el precedente de esta decisión se remonta a 1936, año en que la ley permitió el aborto bajo las tres causales: cuando el feto es producto de una violación, cuando la vida de la madre está en riesgo, y cuando hay posibilidad de aparición de enfermedades hereditarias.

Otro país de América Latina que no criminaliza el aborto es Uruguay, a través del procedimiento legal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite que la mujer aborte por su propia voluntad durante las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, la legislación uruguaya establece que la mujer comparezca ante una comisión asesora, integrada por un profesional de la salud mental, un ginecólogo y un trabajador social. Incluso, los datos recopilados por médicas uruguayas indican que las muertes maternas por abortos prácticamente desaparecieron de la realidad de ese país, y destacan su importancia si se considera que ésa fue la principal causa de mortalidad materna en el año 2000.

Por otra parte, el último país de Latinoamérica que despenalizó el aborto en todas sus causales fue Argentina. La normativa entró en vigencia el 14 de enero de este año, y permite a las mujeres trasandinas abortar de manera legal, segura y gratuita hasta la semana 14 de gestación. Incluso, antes de la promulgación de esta ley, la aplicación de interrupción legal del embarazo (ILE) cuando el embarazo es producto de violación o está en peligro la vida de la persona gestante, en algunas localidades redujo a cero el número de muertes maternas provocadas por complicaciones al abortar.

Todo este contexto indica que gran parte de las muertes de mujeres gestantes se producen, precisamente, por la criminalización del aborto. En países donde el aborto es legal, la tasa de mortalidad materna disminuyó con la implementación de reformas legales más permisivas, que contrasta con las cifras de la OMS recopiladas en países con legislación restrictiva: en lugares donde el aborto es ilegal, se llevan a cabo en la clandestinidad y el riesgo de mortalidad materna es más alto.

“Lo que nosotras sabemos es que todos los estudios modernos que tienen que ver con despenalización del aborto precisamente hablan de que la mortalidad materna es mayor en aquellos países en donde precisamente está penalizado, a pesar de casos particulares, porque es precisamente la penalización la que empuja a la clandestinidad, y eso quiere decir que se traduce en embarazos y en intervenciones que no son seguras, sobre las cuales tampoco tenemos datos que podamos observar”, cerró Danitza Pérez.