Cambio climático: las comunidades exigen justicia contra las empresas contaminantes
A través de una campaña, organizaciones de Colombia y Chile se unen para demandar a compañías que han convertido territorios en zonas de sacrificio privilegiando la actividad extractivista por la vida de las comunidades.
Lunes 27 de septiembre 2021 14:59 hrs.
La FIDH junto a sus organismos miembros firmantes* interpusieron las primeras dos acciones legales en Chile y Colombia para hacer justicia frente a empresas contaminantes que vulneran los derechos humanos y contribuyen al cambio climático. #SeeYouInCourt (#NosVemosEnLaCorte) no es solo un hashtag, ni un aviso, ni únicamente una campaña. Es el inicio de una serie de acciones que tienen como fin denunciar aquellas prácticas nocivas de empresas que impiden a decenas de miles de comunidades alrededor del mundo la posibilidad de vivir en un entorno sano, seguro, limpio y sostenible.
“La plata no lo puede todo, la naturaleza es invaluable y su destrucción causa daños perpetuos e irreparables. Defenderla es denunciar los impactos sociales, económicos y espirituales que las empresas han causado mediante su destrucción, poniendo en riesgo la pervivencia de nuestro pueblo”, dijo Luis Misael Socarras Ipuana, defensor de derechos humanos y líder des las comunidades Wayuu de la Guajira, en Colombia.
Desde hace más de un año, lanzamos acciones judiciales coordinadas contra las multinacionales implicadas o los Estados que les conceden los permisos. Hoy se presentan dos nuevas acciones que esperamos sean decisivas.
En Chile, el Observatorio Ciudadano junto a la Fundación Terram con el apoyo de la organización local Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, interponen hoy una acción de amparo contra la empresa AES Gener por las consecuencias de la contaminación causada por la operación de centrales eléctricas de carbón, incluyendo intoxicaciones masivas de la población, y por la incapacidad de las autoridades ambientales de fiscalizar adecuadamente sus emisiones.
Una segunda acción se presenta hoy en Colombia. El CAJAR – Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, junto a un grupo de comunidades locales piden a la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- medidas cautelares por el riesgo de daños irreparables causados por el desvío del arroyo Bruno y la intención de explotarlo para permitir la expansión de la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, Carbones del Cerrejón perteneciente a las multinacionales mineras Anglo American, Glencore y BHP. Esta operación ha puesto en grave riesgo la supervivencia de los pueblos étnicos en la zona y ha generado la destrucción del frágil ecosistema de bosque seco tropical, en medio de un contexto de crisis hídrica y climática.
“Frente a la permisividad del Estado y a la ausencia de una mínima debida diligencia de las empresas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático con grave impacto en los derechos humanos, hemos decidido recurrir a los tribunales como última instancia para impedir ello siga ocurriendo”, señaló José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile.
La campaña #SeeYouInCourt contempla otras acciones en varios continentes e incluye casos en curso presentados recientemente. No es de sorprender que los primeros tengan lugar en Sudamérica, debido a las enormes desigualdades de la región y a la histórica legitimación de prácticas y políticas que denostan a las comunidades y anteponen el lucro empresarial particular por encima del bienestar social y ambiental. Si bien la campaña se centra en las empresas, los Estados son también responsables de manera frecuente al propiciar, defender o hacer la vista gorda ante atropellos e injusticias por parte de las empresas.
Para respaldar la multiplicación de acciones judiciales contra las empresas contaminantes, la FIDH invita al público en general a participar en el financiamiento de nuevas acciones.
Mediante la multiplicación de acciones legales como estas, interpuestas de la mano de comunidades afectadas por empresas transnacionales que destruyen el planeta y vulneran los derechos humanos en total impunidad, la campaña busca obtener reparación y avanzar en la lucha internacional por el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano, contribuyendo a corregir un punto ciego de las políticas climáticas y medioambientales: la responsabilidad de las empresas.
“Proteger el planeta y luchar contra la crisis climática son dos de los mayores retos de nuestro tiempo. Los Estados deben escuchar las demandas de las comunidades para que el derecho humano a un medio ambiente sano sea reconocido y se regule a las empresas por los impactos de sus operaciones”, declaró Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
El lanzamiento de la campaña #SeeYouInCourt” llega en un momento de debates decisivos en los organismos internacionales -Naciones Unidas y la COP26- sobre la crisis medioambiental. Es una forma de participar en los plazos decisivos que marcarán el final de 2021, y de influir en los debates.
Las comunidades locales no son víctimas pasivas: desempeñan un papel único en la protección de sus derechos y su territorio frente a daños que en última instancia son susceptibles de afectar a toda la población. La FIDH las acompaña en los litigios y amplificando su voz, silenciada por siglos. La indignación de estas comunidades hace eco de la de todo el planeta ante la destrucción del medio ambiente.
Las catástrofes medioambientales, el cambio climático, los conflictos por los recursos naturales y el agotamiento de los alimentos tienen consecuencias directas para el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y, en general, el derecho a una vida digna. Por ello, la FIDH está firmemente comprometida con el reconocimiento y la defensa del derecho a un medio ambiente sano como un “nuevo” derecho humano por derecho propio.
#SeeYouInCourt
#NosVemosEnLaCorte
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*Organizaciones miembros de la FIDH firmantes:
- CAJAR – Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – Colombia
- Observatorio Ciudadano – Chile
La FIDH junto a sus organismos miembros firmantes* interpusieron las primeras dos acciones legales en Chile y Colombia para hacer justicia frente a empresas contaminantes que vulneran los derechos humanos y contribuyen al cambio climático. #SeeYouInCourt (#NosVemosEnLaCorte) no es solo un hashtag, ni un aviso, ni únicamente una campaña. Es el inicio de una serie de acciones que tienen como fin denunciar aquellas prácticas nocivas de empresas que impiden a decenas de miles de comunidades alrededor del mundo la posibilidad de vivir en un entorno sano, seguro, limpio y sostenible.
“La plata no lo puede todo, la naturaleza es invaluable y su destrucción causa daños perpetuos e irreparables. Defenderla es denunciar los impactos sociales, económicos y espirituales que las empresas han causado mediante su destrucción, poniendo en riesgo la pervivencia de nuestro pueblo”, dijo Luis Misael Socarras Ipuana, defensor de derechos humanos y líder des las comunidades Wayuu de la Guajira, en Colombia.
Desde hace más de un año, lanzamos acciones judiciales coordinadas contra las multinacionales implicadas o los Estados que les conceden los permisos. Hoy se presentan dos nuevas acciones que esperamos sean decisivas.
En Chile, el Observatorio Ciudadano junto a la Fundación Terram con el apoyo de la organización local Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, interponen hoy una acción de amparo contra la empresa AES Gener por las consecuencias de la contaminación causada por la operación de centrales eléctricas de carbón, incluyendo intoxicaciones masivas de la población, y por la incapacidad de las autoridades ambientales de fiscalizar adecuadamente sus emisiones.
Una segunda acción se presenta hoy en Colombia. El CAJAR – Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, junto a un grupo de comunidades locales piden a la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- medidas cautelares por el riesgo de daños irreparables causados por el desvío del arroyo Bruno y la intención de explotarlo para permitir la expansión de la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, Carbones del Cerrejón perteneciente a las multinacionales mineras Anglo American, Glencore y BHP. Esta operación ha puesto en grave riesgo la supervivencia de los pueblos étnicos en la zona y ha generado la destrucción del frágil ecosistema de bosque seco tropical, en medio de un contexto de crisis hídrica y climática.
“Frente a la permisividad del Estado y a la ausencia de una mínima debida diligencia de las empresas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático con grave impacto en los derechos humanos, hemos decidido recurrir a los tribunales como última instancia para impedir ello siga ocurriendo”, señaló José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile.
La campaña #SeeYouInCourt contempla otras acciones en varios continentes e incluye casos en curso presentados recientemente. No es de sorprender que los primeros tengan lugar en Sudamérica, debido a las enormes desigualdades de la región y a la histórica legitimación de prácticas y políticas que denostan a las comunidades y anteponen el lucro empresarial particular por encima del bienestar social y ambiental. Si bien la campaña se centra en las empresas, los Estados son también responsables de manera frecuente al propiciar, defender o hacer la vista gorda ante atropellos e injusticias por parte de las empresas.
Para respaldar la multiplicación de acciones judiciales contra las empresas contaminantes, la FIDH invita al público en general a participar en el financiamiento de nuevas acciones.
Mediante la multiplicación de acciones legales como estas, interpuestas de la mano de comunidades afectadas por empresas transnacionales que destruyen el planeta y vulneran los derechos humanos en total impunidad, la campaña busca obtener reparación y avanzar en la lucha internacional por el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano, contribuyendo a corregir un punto ciego de las políticas climáticas y medioambientales: la responsabilidad de las empresas.
“Proteger el planeta y luchar contra la crisis climática son dos de los mayores retos de nuestro tiempo. Los Estados deben escuchar las demandas de las comunidades para que el derecho humano a un medio ambiente sano sea reconocido y se regule a las empresas por los impactos de sus operaciones”, declaró Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
El lanzamiento de la campaña #SeeYouInCourt” llega en un momento de debates decisivos en los organismos internacionales -Naciones Unidas y la COP26- sobre la crisis medioambiental. Es una forma de participar en los plazos decisivos que marcarán el final de 2021, y de influir en los debates.
Las comunidades locales no son víctimas pasivas: desempeñan un papel único en la protección de sus derechos y su territorio frente a daños que en última instancia son susceptibles de afectar a toda la población. La FIDH las acompaña en los litigios y amplificando su voz, silenciada por siglos. La indignación de estas comunidades hace eco de la de todo el planeta ante la destrucción del medio ambiente.
Las catástrofes medioambientales, el cambio climático, los conflictos por los recursos naturales y el agotamiento de los alimentos tienen consecuencias directas para el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y, en general, el derecho a una vida digna. Por ello, la FIDH está firmemente comprometida con el reconocimiento y la defensa del derecho a un medio ambiente sano como un “nuevo” derecho humano por derecho propio.
#SeeYouInCourt
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*Organizaciones miembros de la FIDH firmantes:
- CAJAR – Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – Colombia
- Observatorio Ciudadano – Chile
La FIDH junto a sus organismos miembros firmantes* interpusieron las primeras dos acciones legales en Chile y Colombia para hacer justicia frente a empresas contaminantes que vulneran los derechos humanos y contribuyen al cambio climático. #SeeYouInCourt (#NosVemosEnLaCorte) no es solo un hashtag, ni un aviso, ni únicamente una campaña. Es el inicio de una serie de acciones que tienen como fin denunciar aquellas prácticas nocivas de empresas que impiden a decenas de miles de comunidades alrededor del mundo la posibilidad de vivir en un entorno sano, seguro, limpio y sostenible.
“La plata no lo puede todo, la naturaleza es invaluable y su destrucción causa daños perpetuos e irreparables. Defenderla es denunciar los impactos sociales, económicos y espirituales que las empresas han causado mediante su destrucción, poniendo en riesgo la pervivencia de nuestro pueblo”, dijo Luis Misael Socarras Ipuana, defensor de derechos humanos y líder des las comunidades Wayuu de la Guajira, en Colombia.
Desde hace más de un año, lanzamos acciones judiciales coordinadas contra las multinacionales implicadas o los Estados que les conceden los permisos. Hoy se presentan dos nuevas acciones que esperamos sean decisivas.
En Chile, el Observatorio Ciudadano junto a la Fundación Terram con el apoyo de la organización local Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, interponen hoy una acción de amparo contra la empresa AES Gener por las consecuencias de la contaminación causada por la operación de centrales eléctricas de carbón, incluyendo intoxicaciones masivas de la población, y por la incapacidad de las autoridades ambientales de fiscalizar adecuadamente sus emisiones.
Una segunda acción se presenta hoy en Colombia. El CAJAR – Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, junto a un grupo de comunidades locales piden a la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- medidas cautelares por el riesgo de daños irreparables causados por el desvío del arroyo Bruno y la intención de explotarlo para permitir la expansión de la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, Carbones del Cerrejón perteneciente a las multinacionales mineras Anglo American, Glencore y BHP. Esta operación ha puesto en grave riesgo la supervivencia de los pueblos étnicos en la zona y ha generado la destrucción del frágil ecosistema de bosque seco tropical, en medio de un contexto de crisis hídrica y climática.
“Frente a la permisividad del Estado y a la ausencia de una mínima debida diligencia de las empresas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático con grave impacto en los derechos humanos, hemos decidido recurrir a los tribunales como última instancia para impedir ello siga ocurriendo”, señaló José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile.
La campaña #SeeYouInCourt contempla otras acciones en varios continentes e incluye casos en curso presentados recientemente. No es de sorprender que los primeros tengan lugar en Sudamérica, debido a las enormes desigualdades de la región y a la histórica legitimación de prácticas y políticas que denostan a las comunidades y anteponen el lucro empresarial particular por encima del bienestar social y ambiental. Si bien la campaña se centra en las empresas, los Estados son también responsables de manera frecuente al propiciar, defender o hacer la vista gorda ante atropellos e injusticias por parte de las empresas.
Para respaldar la multiplicación de acciones judiciales contra las empresas contaminantes, la FIDH invita al público en general a participar en el financiamiento de nuevas acciones.
Mediante la multiplicación de acciones legales como estas, interpuestas de la mano de comunidades afectadas por empresas transnacionales que destruyen el planeta y vulneran los derechos humanos en total impunidad, la campaña busca obtener reparación y avanzar en la lucha internacional por el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano, contribuyendo a corregir un punto ciego de las políticas climáticas y medioambientales: la responsabilidad de las empresas.
“Proteger el planeta y luchar contra la crisis climática son dos de los mayores retos de nuestro tiempo. Los Estados deben escuchar las demandas de las comunidades para que el derecho humano a un medio ambiente sano sea reconocido y se regule a las empresas por los impactos de sus operaciones”, declaró Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
El lanzamiento de la campaña #SeeYouInCourt” llega en un momento de debates decisivos en los organismos internacionales -Naciones Unidas y la COP26- sobre la crisis medioambiental. Es una forma de participar en los plazos decisivos que marcarán el final de 2021, y de influir en los debates.
Las comunidades locales no son víctimas pasivas: desempeñan un papel único en la protección de sus derechos y su territorio frente a daños que en última instancia son susceptibles de afectar a toda la población. La FIDH las acompaña en los litigios y amplificando su voz, silenciada por siglos. La indignación de estas comunidades hace eco de la de todo el planeta ante la destrucción del medio ambiente.
Las catástrofes medioambientales, el cambio climático, los conflictos por los recursos naturales y el agotamiento de los alimentos tienen consecuencias directas para el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y, en general, el derecho a una vida digna. Por ello, la FIDH está firmemente comprometida con el reconocimiento y la defensa del derecho a un medio ambiente sano como un “nuevo” derecho humano por derecho propio.
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