Sin prejuicios: abordar la interrupción voluntaria del embarazo desde la salud pública
Cada 28 de septiembre a nivel internacional se realizan distintas actividades para la promoción del aborto seguro. Esta acción, promovida por distintas organizaciones sociales y feministas, busca que los gobiernos legalicen el aborto y faciliten el acceso de este, para reducir las muertes que cada año ocurren por interrupciones ilegales e inseguras del embarazo.
Martes 28 de septiembre 2021 13:12 hrs.
A comienzos de la década de los 90’, en el quinto encuentro feminista latinoamericano, se decidió declarar al 28 de septiembre como el “Día por el derecho al aborto de las mujeres en Latinoamérica”, lo que posteriormente fue titulado “Día de acción por un aborto legal y seguro”, asumiendo la característica global dado que se sumaron organizaciones feministas del resto del planeta para poder promover las condiciones propicias de llevar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y disminuir las muertes de mujeres por esta causa. Los datos son claros, según el Fondo de poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), un 8 por ciento de las muertes maternas se deben a abortos practicados en condiciones riesgosas, es por esto, que es fundamental abordar la problemática desde la perspectiva de la salud pública.
Para tener una perspectiva integral, es necesario comprender las dinámicas de poder y violencias de género presentes al momento de hablar de políticas públicas que vayan en la línea de promover los derechos de las mujeres. En este sentido, por ejemplo, es fundamental tener claridad con respecto a la prevención del embarazo: acceso a la anticoncepción, a la Educación Sexual Integral y prevención de la violencia de género, por mencionar algunas problemáticas que aún están en deuda.
Por otra parte, el abordaje profesional técnico debe promover las condiciones necesarias para que las mujeres que deseen realizarse una Interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, la “objeción de conciencia” profesional se instala como una barrera en la que, finalmente, mujeres que podrían abortar dentro del marco legal (y las tres causales disponibles en el país) son forzadas a no hacerlo por el miedo a las represalias o porque los profesionales no realizan la prestación de salud en el servicio de salud regional.
La Corporación Humanas realizó en diciembre de 2019 un informe ligado a esta problemática y los resultados demostraron que, del total de médicos y obstetras contratados por los servicios públicos, para la primera causal (de riesgo vital de la madre) un 18,4 por ciento de los profesionales se declaraban objetores de conciencia. En el caso de la segunda causal (inviabilidad fetal), el número de objetores aumentaba a un 25,3 por ciento. Mientras que, para la tercera causal (violación) los objetores crecían hasta el 46 por ciento de los profesionales, es decir, casi la mitad de los médicos y obstetras no practicaban una interrupción al embarazo por esta causal.
Al desglosar la información por cada servicio de salud (dentro del mismo informe) se observó que, en algunos casos, los porcentajes aumentaban considerablemente, llegando a casi la totalidad de profesionales que se declaraban en contra de realizar esta prestación de salud. En los servicios de salud de Osorno y Araucanía Norte, por ejemplo, los objetores llegaban al 89,5 por ciento del total de profesionales del área al interior de los recintos.
Un problema de salud pública
Para la académica de la Escuela de Salud Pública de la U. Chile, Dra. Pamela Eguiguren, es necesario que el abordaje para hablar de la interrupción voluntaria del embarazo se realice desde la perspectiva de la salud pública, porque independiente de si exista o no regulación, el aborto se seguirá realizando y practicando en todo el mundo. En este sentido, es importante escuchar a las comunidades y organizaciones feministas que durante décadas han exigido el derecho al aborto.
“Debemos tener aborto legal, seguro y gratuito, reconociendo las legítimas razones de las mujeres y estableciendo plazos razonables. No se puede pretender cambiar la realidad que enfrentan las mujeres sólo por el hecho de prohibir y criminalizar, hay evidencia de sobra que esto tiene consecuencias sobre la salud de las mujeres”, señaló la Dra. Eguiguren.
La profesora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. Chile, Dra. Soledad Barría, concuerda con la Dra. Eguiguren, en relación con que el abordaje debe salir de la perspectiva moral, trasladándose a un plano sanitario y hablando claro respecto de las cifras y de las problemáticas que se arrastran por la realización de abortos inseguros, tanto en Chile como en el mundo.
“Las mujeres han utilizado esto (el aborto) desde hace milenios. La pregunta es si se puede hacer con seguridad o no y para esto necesitamos que sea legal y gratuito. No habrá más o menos abortos si se legaliza, porque quienes tienen recursos pueden realizar la interrupción fuera del país y las que no lo hacen en malas condiciones, pero al menos tendremos la seguridad de que sean seguros para quien lo necesite”, agregó la Dra. Barría.
Diversas organizaciones feministas han convocado para la conmemoración de la jornada a un “pañuelazo virtual” por el aborto, además de concentraciones en distintas ciudades del país y del mundo. Por otro lado, durante esta jornada la Cámara de Diputados votará la despenalización del aborto hasta las catorce semanas de gestación, para avanzar hacia la garantía de los derechos de las mujeres en el país.
A comienzos de la década de los 90’, en el quinto encuentro feminista latinoamericano, se decidió declarar al 28 de septiembre como el “Día por el derecho al aborto de las mujeres en Latinoamérica”, lo que posteriormente fue titulado “Día de acción por un aborto legal y seguro”, asumiendo la característica global dado que se sumaron organizaciones feministas del resto del planeta para poder promover las condiciones propicias de llevar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y disminuir las muertes de mujeres por esta causa. Los datos son claros, según el Fondo de poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), un 8 por ciento de las muertes maternas se deben a abortos practicados en condiciones riesgosas, es por esto, que es fundamental abordar la problemática desde la perspectiva de la salud pública.
Para tener una perspectiva integral, es necesario comprender las dinámicas de poder y violencias de género presentes al momento de hablar de políticas públicas que vayan en la línea de promover los derechos de las mujeres. En este sentido, por ejemplo, es fundamental tener claridad con respecto a la prevención del embarazo: acceso a la anticoncepción, a la Educación Sexual Integral y prevención de la violencia de género, por mencionar algunas problemáticas que aún están en deuda.
Por otra parte, el abordaje profesional técnico debe promover las condiciones necesarias para que las mujeres que deseen realizarse una Interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, la “objeción de conciencia” profesional se instala como una barrera en la que, finalmente, mujeres que podrían abortar dentro del marco legal (y las tres causales disponibles en el país) son forzadas a no hacerlo por el miedo a las represalias o porque los profesionales no realizan la prestación de salud en el servicio de salud regional.
La Corporación Humanas realizó en diciembre de 2019 un informe ligado a esta problemática y los resultados demostraron que, del total de médicos y obstetras contratados por los servicios públicos, para la primera causal (de riesgo vital de la madre) un 18,4 por ciento de los profesionales se declaraban objetores de conciencia. En el caso de la segunda causal (inviabilidad fetal), el número de objetores aumentaba a un 25,3 por ciento. Mientras que, para la tercera causal (violación) los objetores crecían hasta el 46 por ciento de los profesionales, es decir, casi la mitad de los médicos y obstetras no practicaban una interrupción al embarazo por esta causal.
Al desglosar la información por cada servicio de salud (dentro del mismo informe) se observó que, en algunos casos, los porcentajes aumentaban considerablemente, llegando a casi la totalidad de profesionales que se declaraban en contra de realizar esta prestación de salud. En los servicios de salud de Osorno y Araucanía Norte, por ejemplo, los objetores llegaban al 89,5 por ciento del total de profesionales del área al interior de los recintos.
Un problema de salud pública
Para la académica de la Escuela de Salud Pública de la U. Chile, Dra. Pamela Eguiguren, es necesario que el abordaje para hablar de la interrupción voluntaria del embarazo se realice desde la perspectiva de la salud pública, porque independiente de si exista o no regulación, el aborto se seguirá realizando y practicando en todo el mundo. En este sentido, es importante escuchar a las comunidades y organizaciones feministas que durante décadas han exigido el derecho al aborto.
“Debemos tener aborto legal, seguro y gratuito, reconociendo las legítimas razones de las mujeres y estableciendo plazos razonables. No se puede pretender cambiar la realidad que enfrentan las mujeres sólo por el hecho de prohibir y criminalizar, hay evidencia de sobra que esto tiene consecuencias sobre la salud de las mujeres”, señaló la Dra. Eguiguren.
La profesora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. Chile, Dra. Soledad Barría, concuerda con la Dra. Eguiguren, en relación con que el abordaje debe salir de la perspectiva moral, trasladándose a un plano sanitario y hablando claro respecto de las cifras y de las problemáticas que se arrastran por la realización de abortos inseguros, tanto en Chile como en el mundo.
“Las mujeres han utilizado esto (el aborto) desde hace milenios. La pregunta es si se puede hacer con seguridad o no y para esto necesitamos que sea legal y gratuito. No habrá más o menos abortos si se legaliza, porque quienes tienen recursos pueden realizar la interrupción fuera del país y las que no lo hacen en malas condiciones, pero al menos tendremos la seguridad de que sean seguros para quien lo necesite”, agregó la Dra. Barría.
Diversas organizaciones feministas han convocado para la conmemoración de la jornada a un “pañuelazo virtual” por el aborto, además de concentraciones en distintas ciudades del país y del mundo. Por otro lado, durante esta jornada la Cámara de Diputados votará la despenalización del aborto hasta las catorce semanas de gestación, para avanzar hacia la garantía de los derechos de las mujeres en el país.
A comienzos de la década de los 90’, en el quinto encuentro feminista latinoamericano, se decidió declarar al 28 de septiembre como el “Día por el derecho al aborto de las mujeres en Latinoamérica”, lo que posteriormente fue titulado “Día de acción por un aborto legal y seguro”, asumiendo la característica global dado que se sumaron organizaciones feministas del resto del planeta para poder promover las condiciones propicias de llevar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y disminuir las muertes de mujeres por esta causa. Los datos son claros, según el Fondo de poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), un 8 por ciento de las muertes maternas se deben a abortos practicados en condiciones riesgosas, es por esto, que es fundamental abordar la problemática desde la perspectiva de la salud pública.
Para tener una perspectiva integral, es necesario comprender las dinámicas de poder y violencias de género presentes al momento de hablar de políticas públicas que vayan en la línea de promover los derechos de las mujeres. En este sentido, por ejemplo, es fundamental tener claridad con respecto a la prevención del embarazo: acceso a la anticoncepción, a la Educación Sexual Integral y prevención de la violencia de género, por mencionar algunas problemáticas que aún están en deuda.
Por otra parte, el abordaje profesional técnico debe promover las condiciones necesarias para que las mujeres que deseen realizarse una Interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, la “objeción de conciencia” profesional se instala como una barrera en la que, finalmente, mujeres que podrían abortar dentro del marco legal (y las tres causales disponibles en el país) son forzadas a no hacerlo por el miedo a las represalias o porque los profesionales no realizan la prestación de salud en el servicio de salud regional.
La Corporación Humanas realizó en diciembre de 2019 un informe ligado a esta problemática y los resultados demostraron que, del total de médicos y obstetras contratados por los servicios públicos, para la primera causal (de riesgo vital de la madre) un 18,4 por ciento de los profesionales se declaraban objetores de conciencia. En el caso de la segunda causal (inviabilidad fetal), el número de objetores aumentaba a un 25,3 por ciento. Mientras que, para la tercera causal (violación) los objetores crecían hasta el 46 por ciento de los profesionales, es decir, casi la mitad de los médicos y obstetras no practicaban una interrupción al embarazo por esta causal.
Al desglosar la información por cada servicio de salud (dentro del mismo informe) se observó que, en algunos casos, los porcentajes aumentaban considerablemente, llegando a casi la totalidad de profesionales que se declaraban en contra de realizar esta prestación de salud. En los servicios de salud de Osorno y Araucanía Norte, por ejemplo, los objetores llegaban al 89,5 por ciento del total de profesionales del área al interior de los recintos.
Un problema de salud pública
Para la académica de la Escuela de Salud Pública de la U. Chile, Dra. Pamela Eguiguren, es necesario que el abordaje para hablar de la interrupción voluntaria del embarazo se realice desde la perspectiva de la salud pública, porque independiente de si exista o no regulación, el aborto se seguirá realizando y practicando en todo el mundo. En este sentido, es importante escuchar a las comunidades y organizaciones feministas que durante décadas han exigido el derecho al aborto.
“Debemos tener aborto legal, seguro y gratuito, reconociendo las legítimas razones de las mujeres y estableciendo plazos razonables. No se puede pretender cambiar la realidad que enfrentan las mujeres sólo por el hecho de prohibir y criminalizar, hay evidencia de sobra que esto tiene consecuencias sobre la salud de las mujeres”, señaló la Dra. Eguiguren.
La profesora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. Chile, Dra. Soledad Barría, concuerda con la Dra. Eguiguren, en relación con que el abordaje debe salir de la perspectiva moral, trasladándose a un plano sanitario y hablando claro respecto de las cifras y de las problemáticas que se arrastran por la realización de abortos inseguros, tanto en Chile como en el mundo.
“Las mujeres han utilizado esto (el aborto) desde hace milenios. La pregunta es si se puede hacer con seguridad o no y para esto necesitamos que sea legal y gratuito. No habrá más o menos abortos si se legaliza, porque quienes tienen recursos pueden realizar la interrupción fuera del país y las que no lo hacen en malas condiciones, pero al menos tendremos la seguridad de que sean seguros para quien lo necesite”, agregó la Dra. Barría.
Diversas organizaciones feministas han convocado para la conmemoración de la jornada a un “pañuelazo virtual” por el aborto, además de concentraciones en distintas ciudades del país y del mundo. Por otro lado, durante esta jornada la Cámara de Diputados votará la despenalización del aborto hasta las catorce semanas de gestación, para avanzar hacia la garantía de los derechos de las mujeres en el país.
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