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Año XIII, 4 de diciembre de 2021

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Para mantener a militares en la Macrozona Sur: Gobierno analiza acudir al TC por decreto de Contraloría

Desde el oficialismo se arguye que los habitantes de la Araucanía temen por su seguridad y exigen al ejecutivo tomar medidas severas. En la vereda de la oposición, se acusa al presidente Piñera de intentar naturalizar a las Fuerzas Armadas como policías ante su incapacidad de gobernar bajo estándares democráticos.

Maria Luisa Cisternas

  Viernes 1 de octubre 2021 18:39 hrs. 
Juan Francisco Galli.


Tensión provocó en La Moneda la determinación de Contraloría al declarar ilegal el decreto firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el ministro de Defensa, Cristián de la Masa, que buscaba autorizar el despliegue de Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, posterior al término del estado de excepción.

El decreto 249 fue emanado por el Ejecutivo con la finalidad de permitir el patrullaje de las Fuerzas Armadas en la provincia de Bío Bío y Arauco, de la Región del Bio Bío, y en Cautín y Malleco, en la Región de la Araucanía con el objetivo de que colaborasen en la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo. No obstante, Contraloría puso el freno.

El órgano dictaminó que el decreto del Gobierno es inconstitucional en cuanto las labores de prevención y control de orden público corresponden a las funciones exclusivas de Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.

“En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”, determinó el organismo que dirige el abogado Jorge Bermúdez.

Posterior a la declaración este jueves se desarrolló un intercambio entre la cartera de Interior con Contraloría, que inició el subsecretario Juan Francisco Galli sosteniendo que la inconstitucionalidad es incomprensible para el Gobierno, considerando que el organismo ya ha autorizado el decreto 265 para efectos de que las Fuerzas Armadas participen en la vigilancia de la Macrozona Norte, lo que para Galli incurría en una contradicción.

Un poco más tarde el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, respondió. El abogado hizo una observación a Interior, señalando que no había que confundir el decreto 265, que establece colaboración en la frontera frente a amenazas exteriores en el norte, con este decreto 249 que trata de un conflicto interno de orden público.

contraloria

El Gobierno insiste

Lejos de cerrar el capítulo, este viernes el subsecretario Galli declaró que se evaluará si es posible corregir las observaciones que hizo la Contraloría al decreto 249, a modo que las policías puedan contar con los recursos de vigilancia que posee Fuerzas Armadas, sin considerar recursos bélicos. 

“Nadie está pidiendo que los medios destinados para la guerra de las Fuerzas Armadas se desplieguen en el combate contra el narcotráfico, ese no es el objetivo de esto. Pero las Fuerzas Armadas tienen muchísimos medios distintos de lo propiamente bélicos”, señaló.

El uso de imágenes satelitales para la planificación del territorio fue una de los elementos que destacó el representante de la cartera del Interior y que a su juicio, podrían contribuir en mejorar el desempeño de las policías.

“¿Queremos que las Fuerzas Armadas cumplan labores policiales, no y tajantemente, no. Ahora, ¿queremos que los medios de las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en el cumplimiento de la función del Estado de proveer del bien público de seguridad a los ciudadanos, sí, tajantemente sí”, agregó Galli.

Dentro de las salidas que estudia el Gobierno para hacer efectivo este reforzamiento de la seguridad pública mediante la participación de los militares se encontrarían mecanismos de impugnación, afirmó el Delegado Presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar. Recurrir al Tribunal Constitucional, en particular.

“Por qué en el norte sí y en el sur no, cuando en el sur y todos sabemos -los que estamos acá- que hay terrorismo, hay crimen organizado, hay narcotráfico que está afectando diariamente a víctimas, personas, familias mapuches y no mapuches y que por lo tanto el actuar de Fuerzas Armadas resulta fundamental para colaborar en ese combate (…) Como gobierno estamos analizando y evaluando todas y cada una de las acciones posibles incluidos los medios de impugnación en donde también está disponible el Tribunal Constitucional hoy día contemplado en el artículo 93 N° 3 de la Constitución para poder impugnar la decisión de Contraloría”, aseveró.

En eso, Urquízar instó al Congreso Nacional a dar celeridad a los nueve proyectos de ley que son parte de la agenda legislativa de la Macrozona Sur y que, a consideración del delegado “apuntan a dar seguridad a las personas en el territorio y a las víctimas del terrorismo y el narcotráfico”.

Miedo y autodefensa 

El rechazo de Contraloría a la iniciativa del Gobierno provocó la reacción del oficialismo en el Parlamento. El diputado de Renovación Nacional del distrito 23, Miguel Mellado, acusó a Bermúdez de desconocer la realidad de la zona que apremia el refuerzo en seguridad.

“El contralor no entiende en qué país estamos viviendo, él vive en su oficina iluminada, con aire acondicionado, y calentito en invierno. Yo lamento que él no sepa lo que es el Chile real, lo que están sufriendo las personas víctimas aquí en la región de la Araucanía y yo lo emplazo a venir, le pago el pasaje contralor, venga a la Araucanía a ver lo que sienten las víctimas de la región. Usted cometió un tremendo error y lo único que queda ahora es que escuchen a la Región de la Araucanía, decreten estado de sitio para terminar de una vez por todas con estos terroristas“, arguyó.

Su par de RN, el diputado del distrito 22 Jorge Rathgeb señaló tener grandes reparos respecto a la interpretación que tuvo Contraloría respecto al tema. Para el legislador del oficialismo las fuerzas de orden público no cuentan con las condiciones para resguardar la seguridad de los habitantes de la Araucanía, lo que hace indispensable la colaboración de las Fuerzas Armadas.

“Hay que tener presente que es además (la región) una zona productora de alimentos. No estamos hablando de una zona minera sino productora de alimentos y claramente no puede verse mermada en riesgo cuando es la que llega finalmente a la mesa de todos los chilenos (…) Aquí el robo de vehículos en distintas rutas y sectores rurales es pan de cada día, el hecho de que se destruyan fuentes laborales, que se ataquen a trabajadores, es el pan de cada día. Hoy día la gente siente mucho temor y pide y exige al gobierno que finalmente aplique mano dura respecto a este tema”.

Jorge Rathgeb

Jorge Rathgeb.

La presión la vino a ejercer el gremio de camioneros este viernes, quienes un día antes se encontraban protestando con bloqueos intermitentes en la Ruta 5 Sur en los sectores de Collipulli y Duqueco a modo de manifestación por los ataques incendiarios que se han producido este último período.

Frente a la determinación de Contraloría, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, advirtió que “si las instituciones no hacen su trabajo tendremos que autodefendernos y armarnos para enfrentar a los delincuentes”.

Disposición que evalúo el diputado Rathgeb, sosteniendo que la rigurosidad de las posiciones ocurren en la medida que los aparatos del Estado no garantizan la seguridad de la población afectada en la zona.

“La legítima defensa está garantizada en todos los ordenamientos jurídicos internacionales y en el nuestro, por lo tanto, no digo que tengan que defenderse por sus propias manos, pero si alguien te viene a lesionar, a matar, a destruir tus bienes y finalmente el tema judicial y el Estado no está operando, tendré el derecho de por lo menos defenderme por mis propios medios”.

El fracaso del Gobierno

Desde la vereda de la oposición, el diputado de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Brito aquilató la iniciativa del Gobierno como nuevo intento de convertir a las Fuerzas Armadas en policías. Objetivo que, a juicio del frenteamplista, el Ejecutivo ha buscado materializar por diferentes vías y que desde la Comisión de Defensa se han buscado paralizar.

“En el Congreso frenamos las iniciativas peligrosas en esta materia como el proyecto de Resguardo de Infraestructura Crítica que era una demanda de las y los camioneros y también la Ley de Inteligencia. Como el Gobierno no ha podido avanzar en el Congreso, lo intentó imponer vía decreto especialmente para el wallmapu y esto la Contraloría General de la República lo freno. Me parece que todas las instituciones del Estado debemos estar preocupadas de resguardar el Estado de Derecho y el no involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos internos frente a la porfía del Presidente Sebastián Piñera en transformarlas en policías y enfrentarlas a nuestros propios compatriotas

El parlamentario de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, criticó la adquisición de vehículos de guerra y prometió fiscalizar que no se haya incurrido en irregularidades. Foto: Cámara de Diputados.

Jorge Brito.

Por su parte el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara valoró el anuncio de Contraloría en cuanto el Gobierno busca “abusar de las instituciones de la defensa nacional intentando levantar una estructura de gobernanza sustentada con militares, sustituyendo las labores que constitucionalmente son de exclusividad de las policías”, aseveró.

“El Presidente Sebastián Piñera fracasó en su intento por perpetuar la militarización de la Araucanía y debe dar explicaciones por su estrategia ilegal de abuso de las Fuerzas Armadas para proteger su orden político. El rechazo de parte de Contraloría al intento de Sebastián Piñera, demuestra un Presidente que no tiene capacidad de gobernar bajo estándares democráticos. Intentó por decreto saltarse la democracia para profundizar la militarización de la Araucanía para el término de la excepcionalidad”.

Lo anterior, agregó Vergara, evidencia que el estado de catástrofe fue decretado y mantenido por 560 días por motivos de orden político y con el objeto de “parchar” la incompetencia de la administración del mandatario, motivo por el cual debe dar explicaciones al Congreso y a la ciudadanía, consideró.