Por Ana Sofía Álvarez Jofré y Sebastián Cepeda Valdés
*Integrantes de equipo de Investigación Anillos SOC180008

La migración ha sido protagonista de la agenda pública durante las últimas semanas. Latinoamérica vive un momento de reactivación de una crisis migratoria de larga data. En lo atingente a Chile, se ha dado a conocer el éxodo de personas haitianas desde nuestro país hacia América del Norte, motivado por el sufrimiento y la miseria que vivieron en Chile. Por otro lado, en el norte del país, con motivo del desalojo de un campamento de migrantes, se suscitaron graves episodios de racismo y xenofobia que intensificaron el debate en esta materia.

¿Por qué las y los chilenos se sienten amenazados por las personas migrantes? Históricamente, Chile ha propiciado una visión selectiva hacia los extranjeros, dándole la bienvenida al europeo y rechazando al latinoamericano. Dicha perspectiva cimentó las bases de una “chilenidad” construida desde la diferencia, la exclusión y una autopercepción de superioridad ante el otro. Esta lógica se perpetúa hasta la actualidad, pues, sectores de la sociedad chilena agrupan como “migrantes indeseables” a personas peruanas, bolivianas, colombianas, venezolanas y dominicanas. Lo que se agrava con la llegada de migrantes haitianos, donde “lo desconocido” -idioma, cultura, color de piel- causa temor y rechazo.

Ante ello, cabe resaltar que las fronteras son construcciones geopolíticas y que la nacionalidad, en tanto vínculo de una persona con un Estado, es también una construcción jurídica. Lo real y tangible somos los seres humanos, cuya dignidad y derechos humanos no distinguen según nacionalidad. La defensa de los derechos humanos como marco jurídico, ético y social, supone reivindicar la dignidad de las personas como fundamento del vivir en sociedad. Lo cual implica reclamar un conjunto de libertades, pero también, asumir la subjetividad del otro para permitir la realización personal, es decir, defender la diversidad en igualdad. Así, características jurídicas de los derechos humanos, tales como su interdependencia -operan de manera indivisible, sin que se pueda privilegiar un tipo de derecho por sobre otro-, y su universalidad -igualdad en el acceso y ejercicio de derechos-, se presentan como centrales en el debate migratorio.

El panorama actual de las personas migrantes, especialmente en el norte de Chile está caracterizado por su situación de extrema vulnerabilidad, precariedad y sufrimiento. Son personas que huyen de conflictos armados o políticos, de condiciones de extrema pobreza, que añoran reunirse con su familia y que arriesgan sus vidas para buscar mejores condiciones para ellos y sus seres queridos. Al llegar a Chile enfrentan dificultades económicas, culturales, habitacionales, alimentarias y sanitarias; enfrentándose a una institucionalidad y sociedad hostil que, paradójicamente, les rechaza, y a la vez les necesita, principalmente en términos económicos. La situación y el sufrimiento de las personas migrantes en el norte de Chile no es sólo una crisis migratoria, sino una crisis humanitaria y de “humanidad”.

Los lamentables hechos ocurridos la última semana tienen un importante correlato institucional. La crisis en la gestión migratoria se debe a políticas que no han sabido responder a los flujos migratorios que llegan a Chile. En la última década, se han implementado dos tipos de política migratoria. Una buscó matizar, en lo posible, los efectos de la aplicación del D.L N°1.094, sin atacar el fondo de la legislación aún vigente y su lógica securitista. Otra, buscó “ordenar la casa”, reivindicando un discurso antimigración basado en el control de fronteras y criminalización de las personas migrantes. Lo cual se ha visto reflejado en la excesiva tardanza en los procesos de regularización, trabas en la aplicación de la normativa relativa a refugio, las recientes expulsiones masivas y la inacción de las autoridades ante la situación del norte de Chile, que culminó con repudiables actos de violencia contra personas migrantes.

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, el panorama actual que enfrenta la migración en Chile implica el incumplimiento de obligaciones adquiridas por el Estado chileno y la desatención de estándares de derechos humanos. Desde el principio de igualdad y un enfoque de vulnerabilidad, no puede olvidarse que los Estados son titulares de deberes reforzados respecto de las personas migrantes. Ya en abril de este año, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en su segundo informe periódico sobre Chile, evidenciaba situaciones de desprotección de derechos de personas migrantes, enfatizando la necesidad que el Estado de Chile “refuerce sus acciones para la atención e inclusión de la población migrante al nivel local y en zonas de fronteras” y “desarrolle medidas para eliminar la xenofobia y los estereotipos discriminatorios sobre los trabajadores migratorios y sus familiares”, dentro de otras recomendaciones.

En este escenario, las personas migrantes dependen en gran medida de su propia articulación, de por sí compleja, y la labor de actores de la sociedad civil. Ante la urgencia, se celebra la labor de diversas ONG, grupos de la sociedad civil y clínicas jurídicas de algunas universidades nacionales. No obstante, es el Estado el principal responsable de velar por el bienestar de sus habitantes, incluyendo a las personas inmigrantes en su territorio. El cumplimiento de estas obligaciones supone no propiciar la irregularidad migratoria, así como repensar el trabajo de todos los órganos del Estado, tanto de aquellos con competencias especiales en materia migratoria, como de sus servicios de salud, sus universidades y otros servicios administrativos atingentes.

Así, es fundamental que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales adquiridos, otorgando una real protección a los grupos vulnerables migrantes, promoviendo y asegurando su dignidad y acceso a derechos. Apostar por abordar la temática migratoria únicamente desde lo nacional resulta ilusorio. Es momento de propiciar instancias de cooperación regional para abordar de manera integral los flujos migratorios desde el reconocimiento al derecho al desarrollo humano y la búsqueda de mejores condiciones de vida, mediante el ejercicio de la libertad de movimiento. Por último, en lo que respecta al ámbito social y cultural de nuestro país, urge repensarnos como sociedad, desde la interculturalidad, la diversidad y la dignidad humana.