La pandemia de coronavirus ha causado distintas consecuencias a nivel mundial y una de ellas ha sido la dificultad para que algunos sectores de la economía puedan desarrollarse ante la falta de mano de obra.

El sector agrícola no solo no ha estado exento de este problema, sino que es uno de los más afectados: para este año se estima entre entre 150 y 200 mil las plazas de trabajo que no se han logrado cubrir. A la vez, nos encontramos ante una grave situación humanitaria que se ha focalizado en el Norte Grande de nuestro país en el que miles de personas extranjeras solicitan a las autoridades se les permita legalizar su ingreso de modo de poder acceder a un empleo que les permita establecerse con dignidad en Chile.

A inicios de esta semana, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, anunció que en el Gobierno están estudiando, en el marco de la nueva ley de migración, implementar una visa temporal que permita proveer de mano de obra extranjera a los campos nacionales.

 “Un sistema que dé cuenta de la necesidad de poder suplir mano de obra, porque son en el fondo, trabajos muy temporales pero a su vez, que también dé la tranquilidad para aquellos que vienen con condiciones conocidas por todos que permitan que esto sea una oportunidad no solamente para una temporada, sino que una proyección en el mediano y largo plazo”, explicó la titular del Minagri a radio Agricultura.

Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, explicó, en entrevista con nuestro medio, que el tema de la escasez de trabajadores en el ámbito agrícola no es algo nuevo ni solo atribuible a la pandemia. Según explicó el líder del gremio frutícola, durante la pandemia y a consecuencia del cierre de las fronteras, dejó de venir a Chile un grupo de personas migrantes que viajaban habitualmente para trabajar en las temporadas de cosecha y, luego de finalizada esta, retornaba a sus países de origen.

“Normalmente viene mucha gente de Bolivia a trabajar al agro, parten en Copiapó y se van moviendo hacia el sur hasta mayo y luego vuelven a Bolivia. Pero el año pasado no vinieron y hasta ahora estamos a la espera de qué va a pasar. También hay que tener en cuenta la migración campo ciudad, por las condiciones de vida. Pero acá quiero aclarar un mito: se  dice que en el campo se paga mal, pero en el agro nadie gana menos que el mínimo y  es un área muy competitiva en términos de pago. Además las condiciones del campo pueden ser mucho mejores que, por ejemplo, el trabajo en un supermercado en que las personas están doce horas encerrados, para luego moverse por largo rato en un transporte público precario”.

Consultado sobre la idea de otorgar visas temporales para inmigrantes y así poder paliar la escasez de mano de obra al sector agrícola, Valenzuela señaló que el fenómeno de migración actual regional requiere de una regularización para, luego de eso, integrarlos al ámbito laboral en el agro.

“Las puertas del sector agrícola están abiertas para que vengan a trabajar con nosotros, pero debe ser un asunto normado: tienen que venir con una visa temporal, nosotros debemos llevar un registro de identificación, porque hay que hacer contratos y pagar imposiciones. Pero nosotros podemos contratar un máximo de 15% de inmigrantes, no podemos excedernos de ese porcentaje”.

Entonces dado que las personas inmigrantes en situación irregular buscan una oportunidad, pues la decisión de salir de su país de origen fue forzada por una crisis económica y humanitaria profunda y Chile tiene una carencia de casi un 20% de mano de obra para llevar adelante la actividad económica agrícola, parece una paradoja que el Gobierno no haya tomado antes la decisión de otorgar un estatus migratorio regular a quienes ya se encuentran en nuestro país, especialmente si se considera que podrían constituir un grupo afecto a refugio. Así lo explicó Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes.

“No se entiende cómo, habiendo una necesidad de personas que trabajen y, por otro lado, un grupo de personas que busca trabajo, no se haya gestionado una visa. Creo que lo que hay es una concepción malentendida de que cualquier medida que adopte el Gobierno provocará el efecto llamado al que se le teme muchísimo, pero las medidas que ha implementado el Gobierno para evitar este efecto no han sido todo lo eficaces que se podría pensar: este año tenemos 26 mil personas que han ingresado por pasos no habilitados y esa cifra es mucho más alta que el año anterior y éste, a su vez, superó al año previo. Eso demuestra que las barreras de ingreso no generan el no ingreso, sino que aumenta el ingreso por paso no habilitado y eso es muy dañino para las propias personas, porque no pueden trabajar y entran a un círculo de abusos, se genera un tráfico de migrantes en la frontera y una serie de situaciones que son más dañinas y que termina en que esas personas no colaboran con sus impuestos como sí lo podrían hacer”.

Respecto específicamente de la idea de una visa temporal de trabajo como la que se ocupa en Nueva Zelanda o Estados Unidos,  la presidente  del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes no se mostro muy convencida respecto de la utilidad de crear un nuevo instrumento, especialmente si se considera que las personas que actualmente acampan en diversas zonas de la región de Tarapacá pueden ser considerados refugiados.

“Acá no se trata de reinventar la rueda, porque la ley de refugio establece mecanismos de reconocimiento grupal cuando hay ingreso masivo de personas que pueden ser solicitantes de refugio. La ley chilena habilita a la autoridad para establecer mecanismos de reconocimiento por grupos de personas que cumplen con las condiciones básicas a los que se les da un estatus regular en virtud del estatus de refugiado, como pasaría con los venezolanos pues las condiciones que se viven en Venezuela han sido documentadas ampliamente por distintas organizaciones internacionales y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH y que se enmarcan dentro de las hipótesis que establece nuestra ley de refugio”.

“Parece razonable desde todo punto de vista entregar un estatus migratorio a las personas que ya están en el país, porque ellos lo necesitan y porque el país lo necesita. Desde cualquier perspectiva la irregularidad es una mala política”, enfatizó en conversación con nuestro medio.

La falta de mano de obra ha causado según los datos entregados por Fedefruta que en las cosechas de cítricos se perdiera a casi un 24% de los frutos destinados a la exportación simplemente porque no hubo quien la recogiera. De mantenerse la escasez de trabajadores que ronda ya el 30% para el periodo de la cosecha que comienza en octubre, habría un problema mayor para la balanza comercial del sector agrícola, de acuerdo con lo que indican los empresarios y como lo expresó a Radio Universidad de Chile, el presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), Ronald Bown.

“La materialización de una suerte de estatuto del trabajador agrícola de temporada inmigrante es algo que hemos planteado desde hace muchos años  y siempre pensando que debe existir un control y una adecuada fiscalización, más aun, en las actuales circunstancias”.

“Sería interesante, dada la situación que tenemos hoy en el norte, buscar una manera de darles una alternativa y eso sería factible en la medida que se adopten los resguardos sanitarios, deberían vacunarse y tener una visa de carácter temporal, sea que ya hayan llegado y estén en situación irregular o quieran hacerlo por un tiempo. Son miles de personas las que han trabajado en labores agrícolas  en Chile en los últimos años, algunos se quedan, otros salen o vuelven a sus países”.

Pese a que los gremios agrícolas y de exportadores han señalado hace varios años la escasez de trabajadores, en el 2020 las exportaciones se elevaron sobre los 70 mil millones de dólares, logrando un alza del 3% en relación con el año 2019, lo que permitió compensar la compensar la balanza comercial del país que cerró el año con saldo favorable superior a los 16 mil millones de la divisa norteamericana, el mayor registro desde el año 2007. Ello lleva a preguntarse cómo es posible que, habiendo poca mano de obra, las exportaciones no solo hayan logrado mantener su tasa de entrega, sino que además aumentarla. ¿Quién está cosechando entonces? Carolina Rudnick, abogada de la Fundación Libera nos entregó una respuesta.

“Lo que podemos presumir es que hay una contratación de trabajadores irregulares. Así lo hemos comprobado al conversar con trabajadores agrícolas migrantes irregulares que han llegado en el último tiempo y que señalan que los contratistas y los campos piden a personas en situación irregular porque eso significa una mano de obra que está absolutamente dependiente del empleador”.

“Si la Ministra está anunciando una visa para trabajadores agrícolas, será crucial que esa visa no condicione la dependencia del trabajador con la empresa porque eso genera un grado de dependencia que los expone a abusos, porque eso es lo que hemos podido observar en la visa sujeta a contrato que exige que el trabajador esté dos años con el empleador para efectos de solicitar la permanencia definitiva. Eso los ha expuesto a una serie de abusos como la retención de salarios, horas extras que no se pagan y condiciones de trabajo y de vida degradantes. Esos elementos deben ser tomados en consideración porque dependencias migratorias con empresas que no son fiscalizadas lo único que hace es exponer es a los trabajadores a abusos”, agregó la vocera de la institución dedicada a la lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzado.

El principal riesgo de la implementación de una visa temporal de trabajo para inmigrantes es que genera un ambiente propicio para que agencias de intermediación laborales, mejor conocidos como contratistas, puedan cometer abusos sacando partido de la situación de necesidad de las personas extranjeras que buscan sustento.

Por ello, un tema fundamental para evitar abusos a los trabajadores migrantes es la fiscalización que debe ejercer el Estado para asegurar que las condiciones de los trabajadores sean dignas y que estén recibiendo una remuneración acorde a la legalidad vigente. Es a eso que lo apuntó Ronald Bown consultado sobre la responsabilidad que le cabría a los empresarios el precaver situaciones vulneratorias.

“La dignidad está en la base de cualquier actividad empresarial: que sea un trabajo digno, que se respete a las personas y que además tenga un reembolso adecuado por su trabajo”.

El Ministerio de Agricultura ha informado que actualmente se está trabajando en sacar adelante un reglamento que, en el marco de la ley migratoria, permitiría una migración segura y con reglas claras para trabajadores y también para los empleadores nacionales, sin embargo, no se han dado a conocer fechas para su publicación e implementación, manteniendo la incertidumbre para quienes esperan una respuesta del Estado a su precaria situación.

Foto principal: @ucanr.edu