Esta semana vimos el comienzo de la tramitación del Cuarto Retiro en la Comisión de Constitución del Senado. Un debate tenso, como ha sido su característica desde que se propuso la iniciativa en plena pandemia. Ahora se dividió la discusión para revisar, por un lado, por el retiro de los fondos, y por otro, el de las rentas vitalicias. Algunos congresistas ya han puesto las alertas y anticiparon que presentarán indicaciones para modificar el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. 

Una vez más, escuchamos las frases conocidas: que implicará una caída para las aseguradoras, que el crecimiento será nulo durante los próximos años. Frases que se han alineado entre los congresistas oficialistas, el gobierno y las aseguradoras. Del ministerio de Hacienda hace algunos días escuchamos claro que hacer este retiro “no es necesario” por los beneficios estatales que se están entregando, como el IFE. El discurso fue secundado por Richard Von Appen, presidente de la SOFOFA, quien vaticinó que el crecimiento del país, debido a los retiros, sería cero. Luego, la Comisión para el Mercado Financiero alerta que esto implicaría que las aseguradoras pierdan hasta un 60% de su patrimonio. Instituciones que, sin embargo, tienen con ganancias multimillonarias cada año. 

Por eso, el punto es, cuánto pierden las personas que no pueden hacer uso de sus recursos, que no pueden tomar decisiones sobre ellos, qué es lo que realmente está en riesgo. Sabemos que esta es una medida pensada para beneficiar a millones de personas que se han visto afectados económicamente como consecuencia de la pandemia. Y, sin duda, arrastra el tema estructural de un cambio al modelo de pensiones. Hay que ir al fondo.

Es necesario cambiar nuestro actual sistema de pensiones, por uno en donde las fuentes de financiamiento sean de carácter mixto, combinando las contribuciones a la seguridad social de trabajadores, empleadores y el Estado. Entendiendo que, la cotización previsional actual del trabajador es de aproximadamente 12%, 10% más los costos de administración, nuestra propuesta es mantener esta contribución y la creación de una contribución previsional obligatoria de 6% para el empleador, así ambas sumadas llegan a un total de 18%.

Un nuevo sistema previsional debe contemplar una Pensión Básica Universal para todas las personas independiente de sus contribuciones, que cubra, a lo menos, un estándar de vida adecuado para las y los pensionados. Esta debe acercarse al salario mínimo, pero pudiendo definirse en torno a la canasta de consumo, que atienda específicamente las necesidades de las personas mayores. 

Y, también, una Pensión Contributiva que se calcule en función de lo contribuido por cada persona en su vida activa con un reconocimiento a las labores de cuidado, con solidaridad intra e intergeneracional, y se subsidien los períodos de desempleo con cargo a los excedentes del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, existiendo de esta manera un seguro social de lagunas previsionales.

Es indispensable considerar un Nuevo Fondo Solidario de Pensiones, administrado por el nuevo órgano público, que se complementará con gasto público por definir, y, una parte, usado para aumentar las pensiones de los actuales jubilados y, otra, se ahorrará para las futuras pensiones de manera de darle sustentabilidad al sistema.

Y que no se nos olvide: en esta propuesta cotizarán, sin duda, las Fuerzas Armadas y las policías. Por un sistema de pensiones equitativo, justo y digno.