Rentas vitalicias: CMF advirtió que siete compañías de seguro no tienen liquidez para otro anticipo
El presidente del organismo, Joaquín Cortez, explicó que un nuevo anticipo repercutirá en el patrimonio de las compañías de seguro, lo que no significa el quiebre ni la insolvencia para efectos de pagar el retiro.
Maria Luisa Cisternas
Miércoles 13 de octubre 2021 20:11 hrs.
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Una tercera sesión de audiencias se llevó a cabo en la Comisión de Constitución del Senado en el marco de la discusión del cuarto retiro de los fondos previsionales, instancia que este miércoles escuchó la exposición del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, quien advirtió sobre la repercusión del proyecto en las compañías de seguro de vida destacando que Chile es el único país que en contexto de la pandemia ha forzado cambios en el contrato de rentas vitalicias.
En su interlocución, Cortez explicó que es competencia de la CMF observar la solvencia de las compañías de seguros de vida toda vez que el organismo supervisa el 75 por ciento de los activos financieros del mercado de capitales chileno, donde dichas compañías asumen un rol importante, señaló.
En ese línea, explicó que desde la CMF se midió la desestabilización que provocaría un nuevo adelanto de las rentas vitalicias en las compañías de seguro desde el análisis de dos escenarios: El primero, suponiendo que se repite el patrón del primer anticipo en el que 48 por ciento de los pensionados solicitaron la sustracción, en ese caso, la caída del patrimonio de las compañías de seguro sería del orden del 28 por ciento. En un segundo escenario, el organismo consideró la eventualidad de que todos los pensionados vitalicios solicitasen el anticipo, lo que marcaría una caída del 57 por ciento del patrimonio. Una reducción que en promedio va más allá de la mitad.
Al respecto, Cortez recalcó que “el patrimonio de las compañías de seguro es el principal mecanismo que tiene la regulación para asegurar el pago oportuno de las pensiones. Si el valor de los activos de la compañías de seguro de vida cae, por ejemplo, por un tema crediticio, un bono que no se pagó, una recesión, etc. O si los pensionados viven más de lo esperado, es el capital de los dueños de la compañía el que tiene que absorber este riesgo”, indicó.
El debilitamiento de la base capital, agregó el presidente de la CMF, aumenta el riesgo de que las compañías no puedan pagar las pensiones y otros seguros, en cuanto es el colchón que tienen estas instituciones para eventos inesperados o de estrés.
En la lógica del primer supuesto, si cerca del 50 por ciento de los pensionados efectúan otro retiro, tres compañías podrían caer bajo el estándar del índice de fortaleza patrimonial, explicó, mientras que en la eventualidad de que todos los pensionados bajo este esquema realicen el anticipo, esa cifra aumentaría a nueve compañías. Actualmente varias de esas instituciones no tienen las condiciones de entregar un nuevo anticipo, agregó Cortez.
“Las estimaciones que ha hecho nuestro equipo técnico dicen que en este caso hay siete compañías de seguro de vida que no tendrían suficientes activos líquidos para pagar el anticipo y acá no hemos contemplado en estas estimaciones el impacto patrimonial que se genera por el costo financiero de generar el dinero, de tener que salir a vender activos en un mercado que hoy día está bastante líquido”, mencionó el presidente de la CMF.
En otras consideraciones hacia la ciudadanía, el representante del organismo técnico explicó que el proyecto de ley implica alzas en los dividendos hipotecarios debido al aumento de las tasas y del costo del seguro de desgravamen. Para las Pymes, un aumento del costo del financiamiento por subida de tasas y porque deberán competir contra las grandes corporaciones por financiamiento “recordando que una parte importante de los bonos son comprados por las compañías de seguro de vida” -recalcó Cortez- y para el Fisco, costos fiscales por el alza de tasas, por riesgo de activación de garantías de rentas vitalicias y eventuales costos por demandas internacionales.
En un intercambio entre los senadores que integran al Comisión, quienes consultaron por las utilidades que registraron las compañías de seguros de vida que venden rentas vitalicias durante el 2020, Cortez informó que la cifra fue de $455 mil millones.
“Las compañías de seguro se podrán defender por si mismas pero si quiero decir que cuando uno mira utilidades de estas instituciones, de los bancos, de las compañías de seguro, de las corredoras de bolsa, tiene que tratar de entender qué es lo que generó esas utilidades y si recuerdo bien, ese fue un año de caídas de tasas de interés y por tanto compañías de seguros de vida pudieron vender activos con una buena rentabilidad y las bolsas también se portaron relativamente bien, pero eso tendrá que explicarlo las compañías de seguros”, respondió.
Una tercera sesión de audiencias se llevó a cabo en la Comisión de Constitución del Senado en el marco de la discusión del cuarto retiro de los fondos previsionales, instancia que este miércoles escuchó la exposición del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, quien advirtió sobre la repercusión del proyecto en las compañías de seguro de vida destacando que Chile es el único país que en contexto de la pandemia ha forzado cambios en el contrato de rentas vitalicias.
En su interlocución, Cortez explicó que es competencia de la CMF observar la solvencia de las compañías de seguros de vida toda vez que el organismo supervisa el 75 por ciento de los activos financieros del mercado de capitales chileno, donde dichas compañías asumen un rol importante, señaló.
En ese línea, explicó que desde la CMF se midió la desestabilización que provocaría un nuevo adelanto de las rentas vitalicias en las compañías de seguro desde el análisis de dos escenarios: El primero, suponiendo que se repite el patrón del primer anticipo en el que 48 por ciento de los pensionados solicitaron la sustracción, en ese caso, la caída del patrimonio de las compañías de seguro sería del orden del 28 por ciento. En un segundo escenario, el organismo consideró la eventualidad de que todos los pensionados vitalicios solicitasen el anticipo, lo que marcaría una caída del 57 por ciento del patrimonio. Una reducción que en promedio va más allá de la mitad.
Al respecto, Cortez recalcó que “el patrimonio de las compañías de seguro es el principal mecanismo que tiene la regulación para asegurar el pago oportuno de las pensiones. Si el valor de los activos de la compañías de seguro de vida cae, por ejemplo, por un tema crediticio, un bono que no se pagó, una recesión, etc. O si los pensionados viven más de lo esperado, es el capital de los dueños de la compañía el que tiene que absorber este riesgo”, indicó.
El debilitamiento de la base capital, agregó el presidente de la CMF, aumenta el riesgo de que las compañías no puedan pagar las pensiones y otros seguros, en cuanto es el colchón que tienen estas instituciones para eventos inesperados o de estrés.
En la lógica del primer supuesto, si cerca del 50 por ciento de los pensionados efectúan otro retiro, tres compañías podrían caer bajo el estándar del índice de fortaleza patrimonial, explicó, mientras que en la eventualidad de que todos los pensionados bajo este esquema realicen el anticipo, esa cifra aumentaría a nueve compañías. Actualmente varias de esas instituciones no tienen las condiciones de entregar un nuevo anticipo, agregó Cortez.
“Las estimaciones que ha hecho nuestro equipo técnico dicen que en este caso hay siete compañías de seguro de vida que no tendrían suficientes activos líquidos para pagar el anticipo y acá no hemos contemplado en estas estimaciones el impacto patrimonial que se genera por el costo financiero de generar el dinero, de tener que salir a vender activos en un mercado que hoy día está bastante líquido”, mencionó el presidente de la CMF.
En otras consideraciones hacia la ciudadanía, el representante del organismo técnico explicó que el proyecto de ley implica alzas en los dividendos hipotecarios debido al aumento de las tasas y del costo del seguro de desgravamen. Para las Pymes, un aumento del costo del financiamiento por subida de tasas y porque deberán competir contra las grandes corporaciones por financiamiento “recordando que una parte importante de los bonos son comprados por las compañías de seguro de vida” -recalcó Cortez- y para el Fisco, costos fiscales por el alza de tasas, por riesgo de activación de garantías de rentas vitalicias y eventuales costos por demandas internacionales.
En un intercambio entre los senadores que integran al Comisión, quienes consultaron por las utilidades que registraron las compañías de seguros de vida que venden rentas vitalicias durante el 2020, Cortez informó que la cifra fue de $455 mil millones.
“Las compañías de seguro se podrán defender por si mismas pero si quiero decir que cuando uno mira utilidades de estas instituciones, de los bancos, de las compañías de seguro, de las corredoras de bolsa, tiene que tratar de entender qué es lo que generó esas utilidades y si recuerdo bien, ese fue un año de caídas de tasas de interés y por tanto compañías de seguros de vida pudieron vender activos con una buena rentabilidad y las bolsas también se portaron relativamente bien, pero eso tendrá que explicarlo las compañías de seguros”, respondió.
Una tercera sesión de audiencias se llevó a cabo en la Comisión de Constitución del Senado en el marco de la discusión del cuarto retiro de los fondos previsionales, instancia que este miércoles escuchó la exposición del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, quien advirtió sobre la repercusión del proyecto en las compañías de seguro de vida destacando que Chile es el único país que en contexto de la pandemia ha forzado cambios en el contrato de rentas vitalicias.
En su interlocución, Cortez explicó que es competencia de la CMF observar la solvencia de las compañías de seguros de vida toda vez que el organismo supervisa el 75 por ciento de los activos financieros del mercado de capitales chileno, donde dichas compañías asumen un rol importante, señaló.
En ese línea, explicó que desde la CMF se midió la desestabilización que provocaría un nuevo adelanto de las rentas vitalicias en las compañías de seguro desde el análisis de dos escenarios: El primero, suponiendo que se repite el patrón del primer anticipo en el que 48 por ciento de los pensionados solicitaron la sustracción, en ese caso, la caída del patrimonio de las compañías de seguro sería del orden del 28 por ciento. En un segundo escenario, el organismo consideró la eventualidad de que todos los pensionados vitalicios solicitasen el anticipo, lo que marcaría una caída del 57 por ciento del patrimonio. Una reducción que en promedio va más allá de la mitad.
Al respecto, Cortez recalcó que “el patrimonio de las compañías de seguro es el principal mecanismo que tiene la regulación para asegurar el pago oportuno de las pensiones. Si el valor de los activos de la compañías de seguro de vida cae, por ejemplo, por un tema crediticio, un bono que no se pagó, una recesión, etc. O si los pensionados viven más de lo esperado, es el capital de los dueños de la compañía el que tiene que absorber este riesgo”, indicó.
El debilitamiento de la base capital, agregó el presidente de la CMF, aumenta el riesgo de que las compañías no puedan pagar las pensiones y otros seguros, en cuanto es el colchón que tienen estas instituciones para eventos inesperados o de estrés.
En la lógica del primer supuesto, si cerca del 50 por ciento de los pensionados efectúan otro retiro, tres compañías podrían caer bajo el estándar del índice de fortaleza patrimonial, explicó, mientras que en la eventualidad de que todos los pensionados bajo este esquema realicen el anticipo, esa cifra aumentaría a nueve compañías. Actualmente varias de esas instituciones no tienen las condiciones de entregar un nuevo anticipo, agregó Cortez.
“Las estimaciones que ha hecho nuestro equipo técnico dicen que en este caso hay siete compañías de seguro de vida que no tendrían suficientes activos líquidos para pagar el anticipo y acá no hemos contemplado en estas estimaciones el impacto patrimonial que se genera por el costo financiero de generar el dinero, de tener que salir a vender activos en un mercado que hoy día está bastante líquido”, mencionó el presidente de la CMF.
En otras consideraciones hacia la ciudadanía, el representante del organismo técnico explicó que el proyecto de ley implica alzas en los dividendos hipotecarios debido al aumento de las tasas y del costo del seguro de desgravamen. Para las Pymes, un aumento del costo del financiamiento por subida de tasas y porque deberán competir contra las grandes corporaciones por financiamiento “recordando que una parte importante de los bonos son comprados por las compañías de seguro de vida” -recalcó Cortez- y para el Fisco, costos fiscales por el alza de tasas, por riesgo de activación de garantías de rentas vitalicias y eventuales costos por demandas internacionales.
En un intercambio entre los senadores que integran al Comisión, quienes consultaron por las utilidades que registraron las compañías de seguros de vida que venden rentas vitalicias durante el 2020, Cortez informó que la cifra fue de $455 mil millones.
“Las compañías de seguro se podrán defender por si mismas pero si quiero decir que cuando uno mira utilidades de estas instituciones, de los bancos, de las compañías de seguro, de las corredoras de bolsa, tiene que tratar de entender qué es lo que generó esas utilidades y si recuerdo bien, ese fue un año de caídas de tasas de interés y por tanto compañías de seguros de vida pudieron vender activos con una buena rentabilidad y las bolsas también se portaron relativamente bien, pero eso tendrá que explicarlo las compañías de seguros”, respondió.
