Durante esta mañana, en la conmemoración de los dos años del estallido social, la Defensoría de la Niñez presentó el informe institucional sobre los avances en materia de verdad, justicia y reparación de niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos humanos en el marco de las manifestaciones sociales que iniciaron en todo el país a partir del 18 de octubre del 2019. 

En la instancia la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dio cuenta de la caracterización de las víctimas, un análisis del estado procesal de las causas, el seguimiento de las recomendaciones emanadas por la institución y la propuesta de la Defensoría de la Niñez para avanzar hacia la verdad, justicia y reparación de NNA, proponiendo el establecimiento de una Comisión de Verdad.

Al respecto, Muñoz informó sobre la existencia de mil 314 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos según las cifras entregadas por el Ministerio Público. Un 79% corresponde a hombres, un 21% a mujeres, 4% a la diversidad sexual y 3% al pueblo mapuche.

Por otro lado se informó que es entre los 14 a 17 años de edad el tramo donde se registró una concentración mayor de victimización, abarcando un 83, 2% del total, seguido de un 4,8% de víctimas ente los 10 a 13 años de edad, un 0,7% entre los 6 a 10 años, un 0,9% entre 0 a 5 años y y un 10,4% no identificado.

La Defensora de la Niñez reportó además que más de la mitad de las 1314 víctimas corresponden a niños, niñas y adolescentes que se encuentran vinculados a la red proteccional, con un 59% y un 25% corresponde a adolescentes vinculados a procesos de justicia juvenil. 

Entre octubre del 2019 al 5 de marzo del 2020 ingresaron 1733 denuncias al Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos de NNA perpetradas en todas las regiones del país, siendo la región con mayor ocurrencia la Metropolitana con 46%, seguida por la Región de Valparaíso con un 11% y luego, la Región del Biobío con un 9%.

Asimismo, el informe dio cuenta que la mayoría de estas denuncias se asocian al  comportamiento indebido de Carabineros de Chile con un 83% de los casos, seguido por un 3% efectuado por el personal del Ejercito, un 2,5% de la Policía de Investigaciones de Chile y un 0,5% de la Armada.

“Respecto al tipo de delito que se habría cometido por estos agentes del Estado, el delito más denunciado dice relación con apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos con un 72%, seguido de un 17% del delito de abusos contra particulares, un 5% del delito de torturas, un 2% de lesiones leves, un 1% de lesiones menos graves, un 1,5% de otros delitos y un 0,5% sin información precisa”, detalló Muñoz.

Estado procesal de las causas

Del total de las causas, constata el informe de la Defensoría de la Niñez, sólo siguen vigentes en investigación del Ministerio Público un 29% se ellas, de las cuales sólo un 1% tiene algún funcionario policial formalizado por estos hechos de violación a los derechos humanos. El otro 61% de estas causas se encuentran en calidad de terminadas, de las cuales un 1,3%  tuvo una salida judicial mientras que el 49% concluyó con archivo provisional, que es la salida que aplica el Fiscal -con aprobación del Fiscal Regional competente- en la eventualidad de que no hayan antecedentes que permitan el desarrollo de actividades conducentes a esclarecer los hechos de la causa.

De este total, sólo una causa terminó con sentencia condenatoria, con la pena de presidio menor en su grado máximo al funcionario de Carabineros que utilizó un arma de fuego contra una adolescente el 26 de enero del 2020 en la ciudad de Puerto Montt. El amedrentamiento se constituyó como delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.

Por otro lado sólo el 5% de las causas tiene imputado conocido, irregularidad que lamentó Muñoz en cuanto “el actuar policial está debidamente registrado en cada uno de los procedimientos que ocurren en nuestro país”, señaló.

“Esto revela evidentemente que la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile no sólo no ha encontrado verdad y justicia para las víctimas, sino que lo que ha encontrado es manifiesta impunidad“.

Seguimiento de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez 

La Defensoría de la Niñez emanó una serie de recomendaciones a distintos organismos del Estado agrupadas en cinco tópicos: acceso a la información, actuar policial, procedimientos de detenciones, verdad y justicia, y medidas de reparación. En las primeras cuatro se estimó un 33% de cumplimiento insuficiente y un nulo avance en materia de reparación. 

“Las niñas, niños y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos no cuentan con información suficiente, actualizada y accesible acerca de sus causas en investigación en la Fiscalía y de los programas y dispositivos de apoyo que existen para ellos para atender su reparación. Eso evidentemente les impide tomar decisiones en relación a sus proceso e infringe abiertamente el derecho a participar que les consagra la Convención sobre los Derechos del Niño”, sostuvo la Defensora de la Niñez.

Sobre el actuar policial, la abogada aseveró que las modificaciones que han existido a los protocolos de Carabineros “no han sido suficientes para integrar en la institución policial el enfoque de derechos humanos y con ello satisfacer la claridad de que cualquier intervención de funcionarios de esa institución va a resguardar efectivamente y de manera integral conforme a su deber, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

Sobre al procedimiento de detenciones, la Defensoría denunció que a dos años del estallido social no se conocen detalles sobre el contenido de las capacitaciones que se han hecho en materia de detenciones e intervención con niños, niñas y adolescentes, ni de cómo se ha formado a las policías en materia de prohibición de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

A lo crítico de la evaluación que hace el organismo se sumó el ítem de acceso a verdad y justicia, que por los datos entregados en este informe, la Defensoría de la Niñez constató que no han existido avances reales en materia de investigación.

“No es posible que a dos años de la ocurrencia de los hechos todavía no exista en esos 1314 niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones de derechos humanos repuestas contundentes de un sistema penal que debe, no sólo asegurar la debida diligencia de la investigación por parte del Ministerio Público, sino que también luego la sanción coherente y proporcional con el daño que implican las violaciones a los derechos humanos y lo que hay entonces es una expresión evidente de impunidad“, señaló Muñoz.

En las deudas que mantiene el Estado sobre las afecciones provocadas a las infancias y adolescencias, el rezago más grande se encuentra en las medidas de reparación, en los que se registra cero avance en la materia a dos años del estallido social.

Frente a lo anterior la Defensoría de la Niñez reiteró las recomendaciones que ha emanado con objeto de subsanar esta situación y que apuntan en materia de acceso a la información a que la Subsecretaría de Derechos Humanos actualice y difunda debidamente el portal informativo para víctimas de manifestaciones de octubre del 2019 con datos periódicos, accesible y relevante para las víctimas y la sociedad en su conjunto. 

A eso suma que el Ministerio Público aplique sus obligaciones constitucionales y legales que involucran el contacto con las víctimas para su atención, apoyo y protección “lo que no se ha manifestado en los términos exigibles por el rol que cumple esta institución”, criticó la Defensora de la Niñez.

Sobre el actuar policial, se busca que el Ministerio del Interior continúe con la actualización de los protocolos policiales pero cumpliendo con la promesa de hacer una reforma estructural a Carabineros de Chile que satisfaga lo que un Estado de derecho requiere y que se genere una planificación eficiente en términos de capacitación a los funcionarios garantizando procesos de formación continuos.

En lo relativo a las detenciones, el organismo requiere que se instruya a los funcionarios de Carabineros sobre los derechos de las personas detenidas con claridad, para que al interior de los recintos policiales no se produzca hechos denigrantes de derechos humanos, además de que el Ministerio del Interior haga énfasis en la prohibición de desnudamiento y de cualquier práctica degradante en esos contextos. 

Por otro lado, se hace un llamado al Ministerio de Hacienda a que disponga de los recursos requeridos por el Ministerio Público para desarrollar las investigaciones de las causas con la finalidad de que estas lleguen a establecer la verdad de los hechos ocurridos. No obstante, independientemente de la inyección de recursos, la Defensoría de la Niñez instó al Ministerio Público a perseverar en su deber de debida diligencia, priorizando las vulneraciones a los derechos humanos constatados desde octubre del 2019.

Finalmente en lo relativo a reparación, el organismo liderado por Patricia Muñoz persigue la creación de un comité intersectorial que lidere la Subsecretaría de Derechos Humanos y que se encargue de diseñar las medidas de reparación integral. Del mismo modo, se hizo un llamado al Presidente de la República a crear una Comisión de Verdad.

“Que dé un espacio (la Comisión de Verdad) de reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes en tanto víctimas de violaciones a los derechos humanos y que bajo ese contexto establezca la ocurrencia de los hechos y determine también instancia de reparación, no para sustituir la labor de la justicia, sino para dar un espacio efectivo donde el Estado de Chile asuma que ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y respondiendo a esa obligación, dé cuenta de la necesidad de cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud de la ratificación de los tratados internacionales incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño”, sostuvo Muñoz.

Para acceder al informe “Verdad, Justicia y Reparación”: Estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social, hace clic aquí.