Durante esta mañana la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente de la República Sebastián Piñera, interpuesta por la compra-venta de la minera Dominga cuyas condiciones de transacción fueron develadas en los Pandora Papers, dio inicio al período de audiencias para efectos de escuchar las perspectivas técnicas y jurídicas que alimentan los argumentos a favor y en contra del líbelo acusatorio.

La comisión conformada por sorteo dispone de seis días para votar el informe que debe ser evacuado a la sala de la Cámara dando cuenta de su aprobación o rechazo -no vinculante a la deliberación del pleno- sobre esta acusación de 99 páginas y que consta de dos capítulos: el primero asociado a una vulneración del principio de probidad y el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y el segundo, por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

Si bien la sesión de este martes contemplaba la participación del Fiscal Nacional Jorge Abott, el abogado remitió una carta a la instancia excusándose de su intervención aludiendo a que es la Fiscal Regional Claudia Perivancich quien lleva la titularidad del caso que investiga el Ministerio Público, por lo que él no podría referirse al proceso. Otra consideración con la que Abott explicó su ausencia es la condición de reserva en la que se encuentra la investigación, según la disposición que establece el Código Penal.

Frente a esta situación, en la mesa presidida por la diputada socialista Maya Fernández y compuesta por el diputado Raúl Alarcón (IND), Pepe Auth (IND), Paulina Núñez (RN), y Virginia Troncoso (IND) se acordó desarrollar un cuestionario de consultas que se espera conteste el Fiscal Nacional.

A quienes sí escucharon los parlamentarios la mañana de este martes fue a los abogados vinculados a las bancadas que presentaron el libelo acusatorio: Llankiray Díaz y Ezzio Costa, junto al ex presidente del Consejo para la Transparencia, el abogado Marcelo Drago. De ese modo fue Díaz quien abrió la ronda de exposiciones entregando detalles sobre los procesos administrativos a los que estuvo sometida la minera Dominga  y que a juicio de la abogada deben ser considerados para efectos de aprobar la acusación.

Por un lado sostuvo que los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la que son sometidos los proyectos entrañan un carácter político en la medida que participan autoridades designadas por el Presidente de la República. Del mismo modo hizo hincapié en que a finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el 2017, fue declarada área marítima costera protegida para múltiples usos el polígono que circunda la comuna de La Higuera, mandatando a los ministerios de Economía y Medioambiente a ejecutar esta determinación, hecho que no sucede con la asunción posterior del gobierno de Sebastián Piñera.

Asimismo, Diaz reparó en el proyecto de central térmica Barrancones, que el 2010 se encontraba aprobado para erigirse en la zona cercana al sector donde hoy se proyecta la minera de Andes Iron. El proyecto, mencionó la abogada, fue bajado en ese período por una negociación privada que sostuvo Piñera con el titular de Barrancones, no obstante un reportaje de radio Biobío develó posteriormente que dicha reunión no fue encabezada por el mandatario, sino por su amigo y empresario, Juan Claro.

“¿Qué es lo relevante de que haya sido el señor Juan Claro y no el propio Presidente de la República quien realizara la negociación con el titular del proyecto Barrancones? Es que el señor Juan Claro es parte de la comunidad agrícola Los Choros, comunidad que posee derechos de uso permanente sobre los terrenos en lo que se iba a desarrollar Barrancones y en lo que hoy se iba a construir Dominga. En definitiva el Presidente de la República en aquella oportunidad sorteó una decisión administrativa perfectamente válida por aparentemente una preocupación medioambiental en aquella época”, señaló.

Llankiray Díaz.

En su alocución Díaz mencionó además la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables que fue creada el 2018 por decreto del Presidente Piñera con el objetivo de agilizar el proceso de autorización de proyectos de inversión priorizados por el gobierno y que se aloja en el ministerio de Economía. Dicha oficina, sostuvo la abogada tuvo como proyecto prioritario a la minera Dominga el año de su creación y ha respaldado iniciativas que a su juicio están alejadas del carácter sustentable con la que fue declarada, tales como la minera Invierno y la mina Los Pelambres, entre otras.

“Lo primero relevante es la existencia de un convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Economía y el Servicio de Evaluación Ambiental a propósito de esta oficina y lo segundo relevante es que junto a este traspaso de recursos también se han dirigido personal a honorarios pagados por el Ministerio de Economía en el Servicio de Evaluación Ambiental para la gestión de reuniones entre los titulares de los proyectos priorizados y los servicios que requieren presentar autorizaciones ambientales sectoriales. En el fondo la Oficina de Gestión de Recursos Sustentables no es otra cosa que una oficina de lobby gubernamental alojado en el Ministerio de Economía para realizar una tramitación más expedita en el Servicio de Evaluación Ambiental”, denunció.

Posteriormente a Diaz, el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago entregó a la comisión revisora elementos sobre el principio establecido en el artículo octavo de la Constitución referidos al concepto de la probidad. Al respecto señaló que la disposición de la Constitución señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, probidad que se asocia a la preminencia del interés general por sobre el particular. 

Consultado por el límite de la dimensión del conflictos de interés, el abogado señaló que lo que establece la regulación es un limite bastante amplio en la medida que considera cualquier participación en alguna circunstancia que le reste imparcialidad a los funcionarios públicos y que repercuta en la integridad de la toma de decisiones de los actores del Estado.

“Este es un principio de primera línea a nivel Constitucional, es de primera línea en nuestra estructura jurídica por lo tanto se debe precaver siempre, no hay excepciones, es en toda circunstancia y bajo cualquier autoridad en la forma más estricta dice la Constitución, por lo tanto no deja espacio a excepciones ni a reglas más benignas”, aseveró.

En esa línea, Drago agregó frente a la comisión que la falta a la probidad, desde una mirada sistémica de la Constitución, está dentro de las infracciones más graves.

Posteriormente a esta intervención se hizo parte de la audiencia el abogado ambientalista, Ezzio Costa, abordando el punto del líbelo referido a vivir en un medioambiente libre de contaminación. En eso, Costa se hizo parte de la critica hacia la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, arguyendo que “los gobiernos no deberían tener proyectos privados como favoritos” y aseguró que no están normados los criterios para priorizar ciertos proyectos.

Bajo esos antecedentes la presidenta Maya Fernández, previo al receso de la comisión, recomendó a los y las diputadas invitar a la instancia al subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, a modo conocer más sobre el funcionamiento de la cuestionada oficina.

Investigaciones periodísticas 

Pasado a las 16 horas, el periodista de El Desconcierto y exdirector de la Unidad de Investigación de la radio Biobío, Sergio Jara, dio cuenta frente a la comisión sobre la línea de investigación que desarrolló junto al periodista Juan Pablo Figueroa sobre la reestructuración silenciosa que hubo del family office de los Piñera-Morel, Bancard, luego que Sebastián Piñera asumiera como Presidente de la República.

Abordando esas pericias, Jara entregó detalles de la negociación que permitió la bajada del proyecto Barrancones, asegurando que no sólo era el empresario y ex presidente de la Sofofa, Juan Claro, quien mantenía intereses particulares en la construcción de Dominga sino además otros empresarios cercanos al Presidente como su hermano, Polo Piñera; uno de los dueños de las empresas que manejaban los fideicomisos ciegos del Presidente, Jorge Errazuriz y Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio. Todos miembros de la Comunidad de Los Choros y dueños de los terrenos donde se instalaría Dominga, relató el periodista.

“Cuando se pactó la retirada de la termoeléctrica ya tenían contratos firmados desde hacía meses con Dominga, contratos que tenían que ver con arrendarles los terrenos para su instalación, contratos que tienen que ver con pertenencias mineras y con derechos de agua. De esta forma nosotros revelamos que al final, de alguna u otra manera, todos los involucrados en la bajada de Barrancones tenían negocios cruzados con Dominga, desde la familia presidencial hasta los amigos socios y cercanos al Presidente Piñera tal como lo reflejan estos reportajes de investigación”, sostuvo.

Sergio Jara.

A su vez, el director de Ciper Chile, Pedro Pinto, junto a la editora de Labot, Francisca Skoknic, ambos medios integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que elaboraron el capítulo chileno de los Pandora Papers, expusieron en conjunto sobre el contrato de la compra venta de Dominga y sobre la tercera cuota que, la periodista de Labot recordó, sólo se ejecutaría en el caso que no existiesen cambios regulatorios tales como la creación de áreas protegidas que impidan la construcción de la minera y su puerto. Una cláusula que a juicio de Skoknic puede tener apariencia de normalidad, pero que entraña finalmente un conflicto de interés.

“Se da en el marco de que se había recientemente, por parte del Presidente, hecho gestiones para bajar el proyecto Barrancones que estaba en la misma zona y existía formalmente una petición de declarar la zona un área protegida marítima por lo tanto no es una cláusula que en el aire uno diga ‘bueno, se aseguran de que en el futuro no habrá cambios’, no. Era razonable pensar que había una amenaza real y con la característica en particular de que el 33% de la sociedad que vendía este proyecto, estaba controlado por la familia de quien era Presidente en ese momento, Sebastián Piñera”, recalcó.

En ese sentido el director de Ciper sostuvo que “lo que está diciendo este artículo es que hay una cláusula en un contrato que fue suscrito por el principal ejecutivo de negocios de la familia Piñera-Morel, por Nicolás Noguera en las Islas Vírgenes Británicas que condiciona el pago del 33% de 10 millones de dólares a la familia Piñera-Morel a una eventual acción administrativa o la omisión de un acto administrativo de un gobierno que encabeza su padre, el jefe de la familia y eso para nosotros, desde el punto de vista periodístico es de interés público y constituye un conflicto de interés“, señaló.

Por este motivo es que Pinto aseguró no estar de acuerdo con la línea que ha planteado el Gobierno en cuanto se ha argumentado que no existe ilegalidad en la cláusula que se da a conocer en los Pandora Papers en la media que es un antecedente que ya se había dado a conocer el 2017 por radio Biobío y que la justicia ya investigó en profundidad estos hechos.

“Esto implica que la Presidencia nos está diciendo que no hay un reproche, no considera inconveniente ni inoportuno que una familia presidencial suscriba a una cláusula de esta naturaleza. Lo que nos está diciendo es que desde el punto de vista de la legalidad y del conocimiento previo, esto está en regla y nosotros creemos que desde el interés periodístico y público, eso no es así”.

Por otro lado los periodistas hicieron hincapié en que la investigación liderada por el exfiscal Manuel Guerra no perseveró- por decisión del persecutor- en las pericias sobre la arista de Dominga vinculado en el caso Exalmar durante el año 2017.

“El fiscal Guerra que investigó nueve meses, nada más, cerró el caso definitivamente en septiembre. Piñera sale electo en diciembre, y lo cierra sin hacer una serie de solicitudes, de requerir los correos de Sebastián Piñera, de tomar declaraciones y otros requerimientos que pidieron los querellantes, incluso de temas que estaban en la carpeta investigativa y cierra rápidamente el caso. Ahí hay bastante responsabilidad del fiscal también”, denunció el experiodista de radio Biobío.