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Año XVI, 19 de marzo de 2024


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Oposición acusa “provecho político” de Galli luego de responsabilizar a candidatos presidenciales por hechos de violencia ocurridos el 18-O

El emplazamiento del subsecretario de Interior provocó una serie de reacciones en parlamentarios y personeros de la centroizquierda. El candidato presidencial Gabriel Boric, aludido por Galli, exigió que “dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos”.

Lorena Moreno Berroeta

  Martes 19 de octubre 2021 15:43 hrs. 
GALLI

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Esta mañana, luego del balance por la jornada de manifestaciones durante la conmemoración del segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, culpó directamente de la autoría intelectual de la violencia a Yasna Provoste y Gabriel Boric, candidatos presidenciales de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad, respectivamente.

“Una cosa es quienes cometieron los saqueos, quienes estuvieron en los desórdenes (…) pero más allá de los autores materiales de los delitos, ¿quiénes son los responsables finales de esta violencia?”, cuestionó Galli, para luego lanzar una serie de críticas a representantes de la oposición.

“Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile. Los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez”, afirmó.

“Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste. Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric. O Fernando Atria, que le atribuye a la maternidad de la Constituyente a la violencia”, sostuvo Galli.

Es ese contexto, las reacciones desde el mundo político no se hicieron esperar y el oficialismo se alineó a los argumentos presentados por el Ejecutivo.

“El subsecretario Galli tiene toda la razón. Es evidente que los responsables finales de crear una sensación de impunidad son los presidenciables Yasna Provoste, que promueve indultar a delincuentes; y Gabriel Boric, que va a visitar a imputados a la cárcel. Ambos solo dan señales que avalan la violencia, de nada sirve condenarla después por redes sociales”, afirmó el diputado Tomás Fuentes.

Asimismo, a través de redes sociales, el diputado Luciano Cruz-Coke emplazó a Yasna Provoste a retirar el proyecto de ley sobre indulto a los “presos de la revuelta”.

En ese contexto, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, aseguró que como gremio esperan que “ningún político vuelva a hablar de indulto a delincuentes”, y asegura que el eventual avance de este proyecto de ley “generará más resentimiento y polarización cuando estamos a un mes de las elecciones y en medio de un Proceso Constituyente”.

Por su parte, en un tono más mesurado, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, aseguró que el subsecretario Galli hace uso político de una situación que no ayuda a frenar la violencia.

Echarle la culpa a Boric o a Yasna Provoste no tiene ninguna lógica. Somos todos culpables. El mundo político, empresarial, social, que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para reformar y darle legitimidad a Carabineros. Ayer en la noche, estábamos indefensos”.

Además, sostuvo que falta voluntad política para lograr un acuerdo que permita buscar “una solución al problema, porque nos hemos transformado sólo en comentaristas de la violencia. Hay que condenarla, pero también hay que darle soluciones y para eso necesitamos un gran acuerdo nacional”.

Oposición sale al paso de los dichos de Galli

Sin embargo, las respuestas de este sector político no se hicieron esperar.

Aludido por el subsecretario Juan Francisco Galli, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso de los emplazamientos y aseguró que, “una vez más, el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público y, además, se hacen los desentendidos respecto a las demandas que miles de chilenos y chilenas están levantando para transformar y terminar con las desigualdades de nuestro país”.

Además, el diputado de Convergencia Social demostró su apoyo a las manifestaciones pacíficas de las personas que “quieren luchar por transformar las desigualdades y las injusticias en Chile. Ese camino es de unidad, es de paz”. Sin embargo, condenó los hechos de violencia y ante esto, exigió el máximo peso de la ley.

“Es, justamente, el status quo lo que genera ingobernabilidad. A quienes creen que, en cambio, saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no. No solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de la ley tanto para ellos como para quienes delinquen con cuello y corbata como el Presidente de la República”.

Asimismo, ante las declaraciones del subsecretario Galli, Boric exigió que “dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos. Dejen de utilizar el Gobierno, como lo ha hecho la ministra Rubilar, para tratar de favorecer sus propios intereses. Nosotros vamos a seguir sumando para transformar Chile en paz y con convicción de que solamente la igualdad y el avance hacia la transformación nos permitirá tener un país más justo y digno para todos y todas”.

Incluso, el ex candidato presidencial de Chile Digno, Daniel Jadue, aseguró que los dichos del subsecretario son graves y representan “una clara intervención política”.

Desde la Democracia Cristiana condenaron “la violencia, el pillaje y el saqueo” ocurrido durante los incidentes de ayer, mientras el diputado Gabriel Silber aseguró que “nos parece increíble cómo el Gobierno se lava las manos hoy día frente al tema de la seguridad pública y los actos de violencia acaecidos el día de ayer. Era absolutamente predecible lo que iba a ocurrir y el Gobierno, hoy día, arranca para adelante, como es su costumbre, endosándole la responsabilidad a quienes recién a partir de marzo pueden hacerse cargo de la seguridad pública y el combate contra la delincuencia”.

Además, Silber aseguró que durante la jornada del lunes se evidenció una ausencia de Carabineros en resguardo del orden público, por lo que exigió explicaciones al subsecretario Galli “frente a la falta de seguridad en situaciones que eran perfectamente previsibles con tiempo responder o controlar”, sostuvo.

Por otro lado, el coordinador de los Consejos Ciudadanos de Provoste, Alejandro Guillier, afirmó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo para resguardar el orden público fueron insuficientes y deben asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

“Con bombos y platillos el Gobierno anunció que tenía un vasto plan para contener protestas y desorden social durante el 18 de octubre. El plan, obviamente, fracasó y ahora ¿qué hace el Gobierno? Lo que hace siempre, culpa a los demás. Responsabiliza a los candidatos de la oposición como si ellos gobernaran Chile. Esto es consecuencia de una política de corrupción, de mentiras e incompetencias de este Gobierno”, afirmó Alejandro Guillier.

Además, el senador por Antofagasta también emplazó a Galli para que éste “asuma que es el subsecretario del peor Gobierno en la historia de Chile, y no culpe a los demás por lo que él es incapaz de hacer. Él es el responsable como subsecretario del Interior, que sea más consistente este Gobierno en alguna cosa, porque esto es un desastre”, sostuvo.

En la misma línea, a través de redes sociales, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, responsabilizó al subsecretario de Interior, al Ministro Rodrigo Delgado y al Presidente Sebastián Piñera por el resguardo del orden público.

https://twitter.com/MaiteOrsini/status/1450461288371470339

Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, manifestó que los únicos responsables de los episodios de violencia y de orden público desbordado son las autoridades políticas del Gobierno, cuya obligación principal es garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Ese no es otro que el mismo subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Juan Francisco Galli. Resulta insólito ver al señor Galli, que en vez de asumir su responsabilidad, en este descontrol policial y callejero, intenta desviar la atención sobre su incapacidad para cumplir su deber, utilizando un discurso de odio por razones ideológicas, imputando su propia responsabilidad a candidatos presidenciales de oposición contrarios a su ideología política, como es la senadora Provoste y el diputado Boric”, aseguró.

Para Soto, incluso, las declaraciones del subsecretario se encuentran en una “vereda que es muy peligrosa, porque estas acusaciones, además de ser injustas y falsas, podrían incitar a alguien a agredir a la senadora Provoste o al diputado Boric, que él está acusando desde su tribuna política. El señor Galli se ha pasado varios pueblos con su discurso de odio ideológico”, señaló.

También respondió el diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, y aseguró que utilizar los hechos de violencia en favor de los candidatos presidenciales del oficialismo, demuestra que “el Gobierno interviene en la arena electoral utilizando hechos de resguardo del orden público que, por lo además es su responsabilidad, con fines políticos y electorales. Lo hace el mismo Gobierno que ha sido responsable de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Chile”, afirmó.

Constituyentes fustigan al Ejecutivo

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, aseguró que lo ocurrido el pasado lunes “son hechos criminales que evidentemente condenamos”, y explicó que la violencia política no es una forma de acción.

“Acá hay una violencia que se manifiesta en hechos delictuales concretos, de vandalismos, de saqueos, que ciertamente condenamos porque no forma parte del proceso de transformación que esta Convención Constitucional representa. La potencia transformadora del pueblo movilizado está en la masividad de esa organización, que es la que tiene a muchas y muchos constituyentes, en este momento, trabajando por una nueva Constitución”, sostuvo.

Además, aseguró que la responsabilidad del orden público es del Gobierno y la ciudadanía debe pedir explicaciones sobre estos resguardos. “El riesgo permanente que tenemos de violaciones masivas a los Derechos Humanos surge, precisamente, de la forma en que el Gobierno despliega la fuerza policial y la forma en que esa fuerza policial genera efectos, finalmente, en la violación de los derechos humanos”.

El convencional por el distrito 10, Jorge Baradit, aseguró que después de la semana territorial que vivió la Convención y luego de la marcha pacífica del día de ayer, “queda claro que después de dos años el peso de la noche no ha mellado un centímetro la necesidad de la gente de un mejor país”.

Sin embargo, afirma que es preocupante que, un día después de segundo aniversario del estallido social, se evidencie que “las autoridades de Gobierno y este mundo conservador con los constituyentes de derecha, han demostrado que no han entendido nada y que ahora van a pasar a la presión directa, a la amenaza, a la clara y abierta desinformación porque lo único que les interesa y ya lo demostraron es regresar al 17 de octubre del 2019”, sostuvo Baradit.

En la misma línea, Marcos Barraza aseguró que “las declaraciones del subsecretario Galli son absolutamente delirantes y no tiene consistencia con lo que dice”. Además, el constituyente por el distrito 13 lamentó la falta de respuestas por parte del subsecretario ante la inacción de Carabineros, y asegura que esta acción busca menoscabar a la Convención.

“Es curioso que los mismos Carabineros de Chile hayan señalado que era una marcha masiva y pacífica y, una vez que se instaló esa masividad y carácter pacífico a nivel nacional, se hayan expresado estos hechos de saqueo. En consecuencia, creo que el Gobierno instrumentaliza esta situación, que tiene responsabilidades y lo que busca es desvirtuar el carácter del Proceso Constituyente”.

Durante esta tarde, los diputados de la Democracia Cristina, Gabriel Silber y Gabriel Ascencio, ingresaron un oficio a la Contraloría para solicitar una fiscalización por lo acontecido, ya que el “subsecretario manifiesta una opinión de carácter político, aprovechando la instancia en que el Gobierno debería dar cuenta de sus acciones para trasladar la responsabilidad a personas ajenas a la Administración, todas correspondientes al sector político de oposición”, lo que, a juicio de los parlamentarios, “aparenta ser una acción destinada a disminuir el apoyo electoral sobre dichos candidatos, es decir, un intervencionismo electoral”.

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