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Año XIII, 27 de noviembre de 2021

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Centros comerciales en la mira de la FNE: Gremios de consumidores valoran fiscalización para la libre competencia

Los representantes de Conadecus y Odecus señalaron que la concentración de la industria de los centros comerciales deviene en un perjuicio para la sostenibilidad de las Pymes y repercute en los bolsillos de los consumidores.

Maria Luisa Cisternas

  Viernes 22 de octubre 2021 19:25 hrs. 
FNE


La Fiscalía Nacional Económica (FNE) vuelve a poner sobre la mesa un riesgo latente sobre la libre competencia, esta vez asociado al sector comercial y de retail. Mediante un informe de la División Antimonopolios, el organismo advirtió la existencia de relaciones de propiedad y vínculos personales entre los operadores de los principales centros comerciales, más conocidos como Malls.

Del mismo modo, se observó una integración vertical entre operadores y locatarios de grandes tiendas y disposiciones que ponen en riesgo la libre competencia en las cláusulas de los contratos entre ambas partes.

Por este motivo la Fiscalía ofició al Tribunal de Defensa de Libre Competencia para efectos de constatar si la integración vertical y estos contratos de arriendo de los operadores de Grupo Plaza, Cencosud, Parque Arauco, VivoCorp, Grupo Marina y Grupo Pasmar, se ajustan a las normas dispuestas en el decreto de ley 211.  

Asimismo, requirió al Tribunal adoptar resguardos con la finalidad de evitar que los operadores de los grandes centros comerciales puedan adquirir información comercial relevante entre sí mismos. 

Al respecto el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) Hernán Calderón, sostuvo que estas relaciones horizontales y verticales entre los operadores de los centros comerciales que provocan afecciones en la libre competencia ha sido una situación insistentemente denunciada por las Pymes que se encuentran al interior de los Malls.

“La industria de los Malls está concentrada en muy pocos operadores donde existen relaciones de propiedad entre ellos mismos y claramente eso hace que la competencia se vuelva bastante limitada y poco competitiva en cuanto a que un mall compita con otro. Esto ha sido denunciado por las Pymes principalmente y también por las grandes empresas, hay muchas que han tenido muchas dificultades para poder mantener esos espacios por los altos costos que se cobran porque no hay una posibilidad de competir a precios de mercado”.

Un hecho que el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECUS) Stefan Larenas, explicó como el abuso de la posición dominante por parte de los operadores de los centros comerciales sobre las Pymes, que finalmente termina por repercutir en el bolsillo de los consumidores.

“Es evidente que la información sensible se comparte sobre todo si hay familiares y hay una integración vertical y clausulas abusivas, o sea, aquí es evidente que no hay una competencia real tal como los ejemplos que dice el mismo informe de la Fiscalía. Ahora al haber falta de competencia, toda falta de competencia en definitiva, redunda en perjuicio para las personas, es decir para el consumidor porque de alguna manera el locatario va a recuperar lo perdido por falta de competencia y se lo va a traspasar al consumidor“.

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Stefan Larenas.

En palabras de Calderón, “los márgenes de utilidad que pueden tener las Pymes que están al interior de los Malls tienen que subir su valor para poder solventar esos altos costos que están determinados en forma unilateral sin posibilidad de competencia o que resultan excesivos”.

Por este motivo es que la existencia de cláusulas abusivas es meritorio de un proceso contencioso, explicó Larenas, en la medida que radica a todas luces a una infracción, no sólo a la normativa de libre competencia, sino además a la normativa de consumidores.

La concentración del mercado

Las acciones adoptadas por la Fiscalía Nacional Económica respecto a los operadores de centros comerciales y locatarios de grandes tiendas surge en medio de la coyuntura sobre la colusión de las empresas de transporte de valores y del informe elaborado por el organismo que dilucidó falta de competencia entre las empresas del gas. Estudios que este último tiempo han vuelto a hacer evidente la dimensión de la concentración de los mercados en el país.

“Uno de los problemas que tiene nuestra economía es que está concentrada, que es una economía donde hay oligopolio, que en este caso son de tres. En todas las industrias se da tres: en el gas se da tres, en la distribución de combustible se da tres, en la venta de pollos se da tres, en la farmacia se da tres, siempre tenemos un oligopolio que está controlando el mercado, donde a veces hay algunos que tienen una posición más importante o más dominante porque tiene una mayor participación de mercado”, sostuvo al respecto el presidente de Conadecus.

Un oligopolio que se ha manifestado en una repartición del territorio y del mercado mediante cuotas agregó Calderón, mencionando la colusión de los pollos como ejemplo ilustre de esa irregularidad. Por otro lado las relaciones de propiedad entre los competentes genera un ambiente muy proclive a la colusión.

“No puede ser que en un mercado, poniendo el ejemplo del gas, donde hay tres actores que compiten en la distribución final pero resulta que ellos aguas arriba tienen relaciones de propiedad. Eso no puede ocurrir, eso impide la competencia porque claramente están resguardando el negocio donde tienen una participación oligopólica o monopólica incluso en el caso del gas aguas arriba y esto es lo que hay que tomar en cuenta para que el Estado funcione eficientemente y realmente haya competencia “.

Hernan Calderon

Hernán Calderón. 

Evaluando los mecanismos que dispone el Estado para efectos de revertir la colusión, Larenas consideró que la eficacia ha ido de menos a más considerando el rol que ha asumido la FNE al levantar estudios y recomendaciones relevantes para efectos de fiscalizar por la libre competencia. En eso también valoró las modificaciones que se han ido realizando al decreto 211, pese a que han sido a la par de los “escándalos” de la colusión.

“Hoy día por lo menos tenemos una Fiscalía que, tal como pasó con el transporte de valores recientemente, no solamente está demandando por multa a las empresas sino también a las personas naturales. No obstante, lo que falta y que en parte igual se ha mejorado, es que una vez se dicte la sentencia, esta tendría que ser explícita en cuál el daño que se ha producido a las personas, porque nosotros sabemos que hay multas a beneficio fiscal y luego deducir acciones para indemnizar a las personas pero eso requiere un antecedente previo que debería estar implícito en el fallo”, reparó.

Desde la perspectiva de Calderón, la legislación ha tenido un cambio radical con la última modificación del decreto 211 en la medida que las multas hacia las empresas se calculan en directa relación al beneficio que se ha obtenido por medio de la colusión, tal como se pudo evidenciar en la pena pecuniaria que se ejerció sobre las empresas de transporte de valores.

“Lo que ha determinado la Fiscalía Nacional Económica en su requerimiento al Tribunal de Libre Competencia, está considerada la multa en directa relación con el beneficio que obtuvieron producto de la colusión (…) Para efectos de desincentivar este tipo de malas prácticas se determinó que las empresas tuvieran que cancelar las multas con relación a la rentabilidad que hayan tenido”, explicó.

En un análisis más amplio y para efectos de que una economía de mercado funcione con los principios del modelo económico vigente, Calderón hizo énfasis de terminar con el oligopolio por medio de la regulación de la integración vertical y horizontal, y la desconcentración de las participaciones en los mercados.

“De tal manera de que hayan más actores participando en esos mercados de tal manera que la competencia y la participación de más impide también de que haya este tipo de colusiones. No es lo mismo que en un mercado hayan tres a que hayan siete, porque es más difícil poner de acuerdo a siete que poner de acuerdo a tres”, concluyó.