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Año XIII, 7 de diciembre de 2021

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¿Delincuencia o legítima defensa?: La violencia patriarcal de las instituciones del Estado que entraña el caso de Katty Hurtado

La mujer de Calama fue condenada a 20 años de cárcel por haber asesinado a su ex pareja. No obstante, organizaciones advierten que la justicia ignoró que Katty fue víctima de violencia sistemática de quien fue por años su agresor.

Maria Luisa Cisternas

  Sábado 23 de octubre 2021 17:30 hrs. 
absolución katty


El pasado 31 de agosto el Tribunal Oral en lo Penal de Calama condenó a una pena de 20 años de cárcel a Katty Margarita Hurtado Caamaño por el delito de parricidio. El fallo de los magistrados Rodrigo Cartes Fierro, Sergio Villa Romero y Juan Ramírez Núñez dio por acreditado, más de toda duda razonable, que la madrugada del 14 de mayo del 2018 la mujer dio muerte a su cónyuge Richard Anthony Aravena Jara mediante la aplicación de golpes en su cabeza con un objeto contundente y en la zona del cuello con un elemento cortopunzante.

Pero la determinación del organismo ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en cuanto el Tribunal no consideró que la acción de Katty fue motivada por los años de violencia que ejerció quien alguna vez fue su esposo. Así dio cuenta en el proceso de la investigación el hijo de ambos, Alex Aravena Hurtado, y así también señalaron los reportes de profesionales que acreditaron que su ex pareja era un agresor.

Tres años duró el juicio, período en el que Katty debió permanecer en prisión preventiva mientras se desarrollara la investigación. La medida cautelar nunca fue revocada pese a que en octubre del 2018 la imputada fue víctima de violación por parte de dos gendarmes del penal de Calama.

Aún cuando se encontraron evidencias sobre la veracidad del ataque, Yolanda Caamaño, madre de Katty, cuenta que los funcionarios no fueron dados de baja y que las cámaras que podrían haber registrado la actividad de esa noche, se extraviaron. La respuesta de parte de la autoridad carcelaria fue que su hija se había autoinflingido las lesiones que se evidenciaban en su cuerpo.

La Fiscalía aún no se hace cargo de lo que pasó en ese caso, no se investigó nada más allá y cuando ocurre todo esto, estando en las condiciones que estaba mi hija, es removida desde la cárcel de Calama, la trasladan a las dos de la mañana a la cárcel de Tocopilla en donde la dejan en una celda llena de excremento”, relató.

A menos de dos meses de la lectura de sentencia, la convicción de la madre de Katty es que “la Fiscalía ni siquiera se dio el trabajo de investigar la violencia de género” y que la madrugada del 14 de mayo del 2018 a su hija la embargaba un profundo miedo producto de la tensión que iba escalando entre ella y Aravena a partir de una discusión sobre la venta de unos pasajes, que finalmente devino en el uso de la fuerza por parte del hombre y un intento de violación.

“Ella tenía mucho miedo y así lo dicen los informes médicos de quienes la vieron. La mandaron a Arica y Antofagasta a hacerse análisis psicológicos y psiquiátricos y todo indica que ella actúo bajo mucho temor, que es lo que los jueces no vieron, que es lo que la Fiscalía nunca quiso ver. Todos los informes psicológicos están en la carpeta investigativa, de que ella actúo bajo mucho miedo y no tomaron en cuenta ninguno de los peritajes que se hicieron“.

Yolanda dijo no saber sobre la violencia de la que era víctima su hija hasta que la investigación en torno a la muerte de Aravena comenzó, en ese proceso se enteró del relato de su nieto, quien sabía mejor “sobre la realidad de su casa”, mencionó. “Ella nunca puso una demanda por el miedo, por el temor, por la vergüenza, porque no quería que nadie supiera lo que estaba viviendo”, señaló.

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Katty Hurtado

                                                                                                                                                                                      

Una medida que Katty si interpuso fue una demanda por pensión alimentos a Aravena. Al respecto Yolanda sostuvo que él nunca fue un padre presente, que para su nieto la figura paterna siempre fue bastante lejana y que fue ella la que ingresó al parto de su hija.

A los 16 años Alex testificó sobre las actitudes de su padre señalando que era celoso, que no le gustaba que su madre fuese a trabajar porque podría conocer a otros hombres, que en una oportunidad lo vio agarrar fuerte los brazos de ella y que en otra ocasión, le tiró un zapato a la cabeza. Además, manifestó que alguna vez Aravena le propuso un arreglo de pasarle dinero directamente con tal de que su mamá retrotrajera la pensión de alimentos. Nada de eso fue objeto de una línea de investigación. 

Son algunos de los antecedentes por los cuales la defensa de Katty consideró que el proceso que se llevó a cabo fue mal ejecutado en cuanto entrañó una “visión de tunel”, una perspectiva sesgada sobre la culpabilidad de la imputada que devino en su condena. Por este motivo es que se buscó revocar el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Calama frente a la Corte de Apelaciones que finalmente fue declarada admisible por la instancia. Actualmente Katty y su familia están a la espera de la primera audiencia. 

“Cinismo puro de una sociedad”

El caso de Katy ha llamado la atención de las organizaciones feministas en cuanto ilustra la dimensión de la violencia patriarcal que entraña la institucionalidad del Estado. A juicio de Lorena Astudillo, integrante de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, este proceso refleja el “cinismo puro de una sociedad y de una institucionalidad que en los discursos públicos condena la violencia hacia las mujeres pero que a la hora de juzgar y conocer situaciones de violencia extrema hacia ellas, se desdicen de todo lo que supuestamente deberían hacer”.

“La mujeres podemos reaccionar de diversas formas. Hoy día se hace público cuando las mujeres se suicidan para escapar de la violencia y casi que se comprende, como ‘pucha, claro’ pero cuando la reacción es poner a resguardo la vida y matar al agresor, son juzgadas y no hay ningún tipo de declaración (…) Está completamente silenciado los casos de las mujeres que ponen a resguardo su vida, yo diría que es completamente ausente y, a ver, la idea no es instar a las mujeres que maten, pero si a que se defiendan”, reparó.

En eso Astudillo abordó la ausencia del Sernameg en cuanto el organismo no tiene políticas de acompañamiento integral hacia las mujeres que han tenido que llegar a situaciones como las de Katty. “Los centros de la mujer lo que hacen es acompañar a la mujer mayores de 18 años que estén viviendo violencia de parte de su pareja, pareja formal o pareja informal pero que convivan. O sea ni siquiera es en las relaciones de pololeo, tiene que haber algún tipo de formalidad en esta relación y a eso se dedican, no a más”, criticó.

lorena astudillo

Lorena Astudillo.

Nicole Sánchez, directora de la ONG Leasur, organización que defiende y promociona los derechos de las personas privadas de libertad, señaló que la falta de intervención del Sernameg en los casos de vulneración a mujeres dentro de los penales se hace parte de la dificultad que se encuentra al momento de levantar denuncias contra el actuar de los gendarmes.

“Si ellos quieren denunciar (los presos y presas) a un gendarme que les pegó, que los violó o que de alguna manera los torturó, esa denuncia la tienen que hacer frente a la misma institución que es Gendarmería, entonces eso complejiza mucho las cosas y por eso creo que también se hace necesario para este caso y para todos los casos de personas privadas de libertad, que exista una ley de ejecución penal que busque de alguna forma garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad y especialmente de las mujeres que siguen sufriendo estas vulneraciones”, manifestó.
En cuanto a los penales, Sánchez sostuvo que son espacios absolutamente masculinizados donde se replica y agudiza el modelo de violencia de género que las mujeres experimentaban en su vida cotidiana.

“En las cárceles no existen espacios adecuados para el rol de las mujeres, no hay espacios adecuados para el cuidado de los niños, hay una falta de insumos y todas esas situaciones hace ver la falta de protección por parte del Estado como la que vivió Katty que fue víctima de esta violencia intrafamiliar que no fue acreditada y luego en la cárcel también sufre agresiones”.

Para Astudillo el caso de Katty apremia la necesidad de que el poder legislativo discuta sobre la comprensión de la legítima defensa en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia permanentemente.

“Siempre se va a entender que tu vas a proteger tu vida, siempre vas a intentar salvarte si alguien te quiere matar pero se entiende que eso ocurre en un hecho puntual y con una especie de equilibrio de fuerzas, entonces alguien viene con una pistola, yo voy con una pistola de vuelta o yo voy con un cuchillo y defiendo mi vida porque lo natural es defender tu vida. Eso se podrá comprender en hechos puntuales, pero cuando una mujer todos lo días piensa o sabe que corre el riesgo de que la puedan matar, siempre va a estar en alerta y siempre va a estar pensando que tienen que defender su vida porque el Estado no ha sido capaz de ponerla a salvo“.

Por otro lado, consideró necesario revisar la dilación de los procesos de investigación en cuanto es un factor que incurre en una afección hacia quienes están en calidad de imputados e imputadas de un delito y a sus familias, dado que pueden pasar años hasta que se lee la sentencia. A ese perjuicio se suma la exacerbación de la prisión preventiva como medida cautelar, que a juicio de la directora de Leasur, se utiliza como una pena anticipada. 

 

“Se ha visto y sobre todo últimamente, que ha habido un uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar y creemos que es necesario que los tribunales hagan frente a esta situaciones declarando otras medidas cautelares como las necesarias para resguardar otros fines del juicio. En ese sentido, pensamos que la prisión preventiva no necesariamente resguarda todos los fines del procedimiento y lo que hace es que expone mayormente a las personas que ni siquiera han sido condenadas a vivir situaciones de vulneraciones que sabemos que se viven a diario en las cárceles, porque además no hay una diferenciación entre personas condenadas o personas que están con prisión preventiva, lo que dificulta mucho más que se puedan garantizar los derechos y que se puedan resguardar la seguridad de todas las personas que están privadas de libertad”, sostuvo.

 

Según cifras de Gendarmería en Chile se ha registrado un alza de la prisión preventiva de 15 puntos porcentuales entre los años 2001 a 2021. Quienes actualmente se encuentran con la medida cautelar representan el 36,5 por ciento de la totalidad de la población penitenciaria, es decir 14.127 personas de 38.749 internos e internas en el subsistema cerrado de Gendarmería.