Una serie de organizaciones sociales rechazaron el oficio de los diputados RN Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, que pide conocer el uso de recursos fiscales en “terapias de reemplazo hormonal”, “intervenciones quirúrgicas como mastectomías (extirpación de una o ambas mamas), metoidioplastías (cirugía de reasignación de sexo), histerectomías (extracción de útero), ooforectomías (extirpación de ovarios) y orquidectomías (extracción de testículo)”.
El documento fue emitido el 9 de julio y fue dirigido al ministro de Hacienda con el objetivo de conocer la distribución de los recursos en entidades públicas. Dicho oficio también solicitaba información sobre “cursos, centros, programas de estudio que se refirieran a estudios de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo”.
En ese sentido, el viernes pasado, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile rechazó la acción, indicando que “el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permiten construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante”.
Más tarde, distintas organizaciones sociales adhirieron a una declaración en la que establecieron que el oficio de los diputados RN “no es solo una persecución y ataque contra OTD Chile, sino también un evidente hostigamiento en pro de criminalizar a las organizaciones, instituciones, universidades, fundaciones, dirigentes, activistas, colectivas que trabajan por los DD.HH .y especial en contra de quienes luchamos por la comunidad trans y diversidades y disidencias sexo-genéricas”.
“Resulta indignante que se cuestionen los fondos públicos que reciben organizaciones de la comunidad LGBTIQANB+, quienes históricamente hemos sido condenades a vivir en la pobreza, sufriendo actos de discriminación, segregación, violencias, crímenes de odio, además es lamentable que el objetivo de estos diputados no sea proponer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las disidencias, sino que sea una forma velada y mañosa de cuestionar el derecho la identidad de todas las personas, lo cual además es un derecho humano”, añadieron en la declaración.
Asimismo, las organizaciones indicaron que continuarán defendiendo el acceso a la información pública, aunque precisaron: “No tenemos nada que temer respecto a nuestros escasos recursos económicos. Durante 6 años de existencia hemos desarrollado sólo dos proyectos con el Estado de Chile: puntualmente con INJUV y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto puede ser consultado por la ciudadanía en cualquier momento”.
En tanto, subrayan que “el acceso a las tecnologías médicas que permiten los tránsitos de género enfrentan las mismas desigualdades de clase que el resto de las prestaciones médicas”.
“Por tanto, es una tecnología médica que ya existe en nuestro país y respecto de la cual es necesario impulsar una política nacional, como la que sugiere el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU dentro de sus observaciones sobre salud sexual y reproductiva. Esto es materia de derechos humanos y desconocer los pronunciamientos internacionales en la materia es negacionismo”, concluyeron.
Revisa la declaración completa de las organizaciones aquí.
Una serie de organizaciones sociales rechazaron el oficio de los diputados RN Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, que pide conocer el uso de recursos fiscales en “terapias de reemplazo hormonal”, “intervenciones quirúrgicas como mastectomías (extirpación de una o ambas mamas), metoidioplastías (cirugía de reasignación de sexo), histerectomías (extracción de útero), ooforectomías (extirpación de ovarios) y orquidectomías (extracción de testículo)”.
El documento fue emitido el 9 de julio y fue dirigido al ministro de Hacienda con el objetivo de conocer la distribución de los recursos en entidades públicas. Dicho oficio también solicitaba información sobre “cursos, centros, programas de estudio que se refirieran a estudios de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo”.
En ese sentido, el viernes pasado, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile rechazó la acción, indicando que “el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permiten construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante”.
Más tarde, distintas organizaciones sociales adhirieron a una declaración en la que establecieron que el oficio de los diputados RN “no es solo una persecución y ataque contra OTD Chile, sino también un evidente hostigamiento en pro de criminalizar a las organizaciones, instituciones, universidades, fundaciones, dirigentes, activistas, colectivas que trabajan por los DD.HH .y especial en contra de quienes luchamos por la comunidad trans y diversidades y disidencias sexo-genéricas”.
“Resulta indignante que se cuestionen los fondos públicos que reciben organizaciones de la comunidad LGBTIQANB+, quienes históricamente hemos sido condenades a vivir en la pobreza, sufriendo actos de discriminación, segregación, violencias, crímenes de odio, además es lamentable que el objetivo de estos diputados no sea proponer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las disidencias, sino que sea una forma velada y mañosa de cuestionar el derecho la identidad de todas las personas, lo cual además es un derecho humano”, añadieron en la declaración.
Asimismo, las organizaciones indicaron que continuarán defendiendo el acceso a la información pública, aunque precisaron: “No tenemos nada que temer respecto a nuestros escasos recursos económicos. Durante 6 años de existencia hemos desarrollado sólo dos proyectos con el Estado de Chile: puntualmente con INJUV y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto puede ser consultado por la ciudadanía en cualquier momento”.
En tanto, subrayan que “el acceso a las tecnologías médicas que permiten los tránsitos de género enfrentan las mismas desigualdades de clase que el resto de las prestaciones médicas”.
“Por tanto, es una tecnología médica que ya existe en nuestro país y respecto de la cual es necesario impulsar una política nacional, como la que sugiere el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU dentro de sus observaciones sobre salud sexual y reproductiva. Esto es materia de derechos humanos y desconocer los pronunciamientos internacionales en la materia es negacionismo”, concluyeron.
Revisa la declaración completa de las organizaciones aquí.
Una serie de organizaciones sociales rechazaron el oficio de los diputados RN Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, que pide conocer el uso de recursos fiscales en “terapias de reemplazo hormonal”, “intervenciones quirúrgicas como mastectomías (extirpación de una o ambas mamas), metoidioplastías (cirugía de reasignación de sexo), histerectomías (extracción de útero), ooforectomías (extirpación de ovarios) y orquidectomías (extracción de testículo)”.
El documento fue emitido el 9 de julio y fue dirigido al ministro de Hacienda con el objetivo de conocer la distribución de los recursos en entidades públicas. Dicho oficio también solicitaba información sobre “cursos, centros, programas de estudio que se refirieran a estudios de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo”.
En ese sentido, el viernes pasado, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile rechazó la acción, indicando que “el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permiten construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante”.
Más tarde, distintas organizaciones sociales adhirieron a una declaración en la que establecieron que el oficio de los diputados RN “no es solo una persecución y ataque contra OTD Chile, sino también un evidente hostigamiento en pro de criminalizar a las organizaciones, instituciones, universidades, fundaciones, dirigentes, activistas, colectivas que trabajan por los DD.HH .y especial en contra de quienes luchamos por la comunidad trans y diversidades y disidencias sexo-genéricas”.
“Resulta indignante que se cuestionen los fondos públicos que reciben organizaciones de la comunidad LGBTIQANB+, quienes históricamente hemos sido condenades a vivir en la pobreza, sufriendo actos de discriminación, segregación, violencias, crímenes de odio, además es lamentable que el objetivo de estos diputados no sea proponer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las disidencias, sino que sea una forma velada y mañosa de cuestionar el derecho la identidad de todas las personas, lo cual además es un derecho humano”, añadieron en la declaración.
Asimismo, las organizaciones indicaron que continuarán defendiendo el acceso a la información pública, aunque precisaron: “No tenemos nada que temer respecto a nuestros escasos recursos económicos. Durante 6 años de existencia hemos desarrollado sólo dos proyectos con el Estado de Chile: puntualmente con INJUV y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto puede ser consultado por la ciudadanía en cualquier momento”.
En tanto, subrayan que “el acceso a las tecnologías médicas que permiten los tránsitos de género enfrentan las mismas desigualdades de clase que el resto de las prestaciones médicas”.
“Por tanto, es una tecnología médica que ya existe en nuestro país y respecto de la cual es necesario impulsar una política nacional, como la que sugiere el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU dentro de sus observaciones sobre salud sexual y reproductiva. Esto es materia de derechos humanos y desconocer los pronunciamientos internacionales en la materia es negacionismo”, concluyeron.
Revisa la declaración completa de las organizaciones aquí.
