Sorpresa internacional ha causado la decisión del presidente demócrata, toda vez que los registros oficiales del magnicidio fueron transferidos ya en 1992 a los Archivos Nacionales, a través de una ley firmada por George W. Bush, la que creó la “Colección de Registros del Asesinato de John F. Kennedy”. La idea era centralizar allí todos registros que se han ido conociendo a través del largo proceso de revisión, con el propósito de haberlos liberado en octubre de 2017.
Con la aprobación del Congreso, aquella ley establecía un plazo de 25 años para que el Gobierno desclasificara todos sus registros e información al respecto. Es decir, los documentos debían haber salido a la luz en 2017, con Donald Trump en La Casa Blanca. Pero ya está dicho: Trump decidió postergar todo hasta 2018. Y aquel año, de nuevo, decidió aplazarlo hasta 2021, tal vez pensando en que él aún estaría en la Casa Blanca iniciando su segundo mandato. Para ello se apoyó en dos glosas que la ley de 1992 preveía: daño a la seguridad nacional y una circunstancia de gravedad que supere el interés público.
La impaciencia pública por conocer esa información se frustró cuando Trump le puso entonces la primera lápida y vuelve a verse abortada ahora, con la decisión de Joe Biden que, en términos futbolísticos, la “chutea” para adelante. Hay que recordar que los Archivos Nacionales custodian, entre otros materiales altamente sensibles, el cuestionado Informe de la Comisión Warren, la primera y -según muchos- poco prolija investigación sobre la muerte de Kennedy, cerrada apenas un año después de las balas en Texas, el 23 de noviembre de 1964.
Así, la Casa Blanca deja en suspenso otra vez la desclasificación de esos documentos secretos que contienen la crucial y sensible información sobre el crimen del trigésimo sexto presidente de Estados Unidos hace ya 58 años, sin que hasta ahora se haya podido establecer la verdad de lo ocurrido bajo el sol otoñal de aquel viernes 23 de noviembre de 1963, a las 12,30 hrs., en la plaza Dealey de Dallas.
La imprevista declaración de Joe Biden el fin de semana incluye algunas de las razones que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión de reiterar la postergación en más de un año la desclasificación de estos archivos. Argumenta que “el aplazamiento de la desclasificación inmediata (del material) es necesario para proteger seriamente la defensa militar, las operaciones de inteligencia, a las fuerzas de seguridad y el manejo de las relaciones exteriores, lo que resulta ser un contrapunto al interés público”.
Sin embargo, su statemen también resulta ambigua porque, si bien es cierto que ella dictamina que buena parte de los archivos que iban a ser revelados el próximo diciembre no serán publicados hasta finales de 2022, también incluye un acápite que indica que esa será una “desclasificación parcial”. Cabe preguntarse entonces si acaso aquellos registros considerados por los servicios de seguridad como los más sensibles realmente verán la luz hasta el año que viene… si es que realmente los liberan alguna vez.
La muerte del principal sospechoso del asesinato del presidente John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald a manos del empresario de clubes nocturnos Jack Ruby mientras estaba bajo custodia policial y transmitida al mundo en vivo por la televisión, así como el secretismo que ha rodeado toda la investigación del magnicidio, han dado lugar a innumerables teorías conspirativas, desde la participación de la CIA o la responsabilidad de la mafia italiana o de exiliados cubanos.
El nuevo retraso sólo agrega un nuevo halo de intriga a un caso que estremeció -y sigue estremeciendo- al mundo.
Sorpresa internacional ha causado la decisión del presidente demócrata, toda vez que los registros oficiales del magnicidio fueron transferidos ya en 1992 a los Archivos Nacionales, a través de una ley firmada por George W. Bush, la que creó la “Colección de Registros del Asesinato de John F. Kennedy”. La idea era centralizar allí todos registros que se han ido conociendo a través del largo proceso de revisión, con el propósito de haberlos liberado en octubre de 2017.
Con la aprobación del Congreso, aquella ley establecía un plazo de 25 años para que el Gobierno desclasificara todos sus registros e información al respecto. Es decir, los documentos debían haber salido a la luz en 2017, con Donald Trump en La Casa Blanca. Pero ya está dicho: Trump decidió postergar todo hasta 2018. Y aquel año, de nuevo, decidió aplazarlo hasta 2021, tal vez pensando en que él aún estaría en la Casa Blanca iniciando su segundo mandato. Para ello se apoyó en dos glosas que la ley de 1992 preveía: daño a la seguridad nacional y una circunstancia de gravedad que supere el interés público.
La impaciencia pública por conocer esa información se frustró cuando Trump le puso entonces la primera lápida y vuelve a verse abortada ahora, con la decisión de Joe Biden que, en términos futbolísticos, la “chutea” para adelante. Hay que recordar que los Archivos Nacionales custodian, entre otros materiales altamente sensibles, el cuestionado Informe de la Comisión Warren, la primera y -según muchos- poco prolija investigación sobre la muerte de Kennedy, cerrada apenas un año después de las balas en Texas, el 23 de noviembre de 1964.
Así, la Casa Blanca deja en suspenso otra vez la desclasificación de esos documentos secretos que contienen la crucial y sensible información sobre el crimen del trigésimo sexto presidente de Estados Unidos hace ya 58 años, sin que hasta ahora se haya podido establecer la verdad de lo ocurrido bajo el sol otoñal de aquel viernes 23 de noviembre de 1963, a las 12,30 hrs., en la plaza Dealey de Dallas.
La imprevista declaración de Joe Biden el fin de semana incluye algunas de las razones que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión de reiterar la postergación en más de un año la desclasificación de estos archivos. Argumenta que “el aplazamiento de la desclasificación inmediata (del material) es necesario para proteger seriamente la defensa militar, las operaciones de inteligencia, a las fuerzas de seguridad y el manejo de las relaciones exteriores, lo que resulta ser un contrapunto al interés público”.
Sin embargo, su statemen también resulta ambigua porque, si bien es cierto que ella dictamina que buena parte de los archivos que iban a ser revelados el próximo diciembre no serán publicados hasta finales de 2022, también incluye un acápite que indica que esa será una “desclasificación parcial”. Cabe preguntarse entonces si acaso aquellos registros considerados por los servicios de seguridad como los más sensibles realmente verán la luz hasta el año que viene… si es que realmente los liberan alguna vez.
La muerte del principal sospechoso del asesinato del presidente John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald a manos del empresario de clubes nocturnos Jack Ruby mientras estaba bajo custodia policial y transmitida al mundo en vivo por la televisión, así como el secretismo que ha rodeado toda la investigación del magnicidio, han dado lugar a innumerables teorías conspirativas, desde la participación de la CIA o la responsabilidad de la mafia italiana o de exiliados cubanos.
El nuevo retraso sólo agrega un nuevo halo de intriga a un caso que estremeció -y sigue estremeciendo- al mundo.
Sorpresa internacional ha causado la decisión del presidente demócrata, toda vez que los registros oficiales del magnicidio fueron transferidos ya en 1992 a los Archivos Nacionales, a través de una ley firmada por George W. Bush, la que creó la “Colección de Registros del Asesinato de John F. Kennedy”. La idea era centralizar allí todos registros que se han ido conociendo a través del largo proceso de revisión, con el propósito de haberlos liberado en octubre de 2017.
Con la aprobación del Congreso, aquella ley establecía un plazo de 25 años para que el Gobierno desclasificara todos sus registros e información al respecto. Es decir, los documentos debían haber salido a la luz en 2017, con Donald Trump en La Casa Blanca. Pero ya está dicho: Trump decidió postergar todo hasta 2018. Y aquel año, de nuevo, decidió aplazarlo hasta 2021, tal vez pensando en que él aún estaría en la Casa Blanca iniciando su segundo mandato. Para ello se apoyó en dos glosas que la ley de 1992 preveía: daño a la seguridad nacional y una circunstancia de gravedad que supere el interés público.
La impaciencia pública por conocer esa información se frustró cuando Trump le puso entonces la primera lápida y vuelve a verse abortada ahora, con la decisión de Joe Biden que, en términos futbolísticos, la “chutea” para adelante. Hay que recordar que los Archivos Nacionales custodian, entre otros materiales altamente sensibles, el cuestionado Informe de la Comisión Warren, la primera y -según muchos- poco prolija investigación sobre la muerte de Kennedy, cerrada apenas un año después de las balas en Texas, el 23 de noviembre de 1964.
Así, la Casa Blanca deja en suspenso otra vez la desclasificación de esos documentos secretos que contienen la crucial y sensible información sobre el crimen del trigésimo sexto presidente de Estados Unidos hace ya 58 años, sin que hasta ahora se haya podido establecer la verdad de lo ocurrido bajo el sol otoñal de aquel viernes 23 de noviembre de 1963, a las 12,30 hrs., en la plaza Dealey de Dallas.
La imprevista declaración de Joe Biden el fin de semana incluye algunas de las razones que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión de reiterar la postergación en más de un año la desclasificación de estos archivos. Argumenta que “el aplazamiento de la desclasificación inmediata (del material) es necesario para proteger seriamente la defensa militar, las operaciones de inteligencia, a las fuerzas de seguridad y el manejo de las relaciones exteriores, lo que resulta ser un contrapunto al interés público”.
Sin embargo, su statemen también resulta ambigua porque, si bien es cierto que ella dictamina que buena parte de los archivos que iban a ser revelados el próximo diciembre no serán publicados hasta finales de 2022, también incluye un acápite que indica que esa será una “desclasificación parcial”. Cabe preguntarse entonces si acaso aquellos registros considerados por los servicios de seguridad como los más sensibles realmente verán la luz hasta el año que viene… si es que realmente los liberan alguna vez.
La muerte del principal sospechoso del asesinato del presidente John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald a manos del empresario de clubes nocturnos Jack Ruby mientras estaba bajo custodia policial y transmitida al mundo en vivo por la televisión, así como el secretismo que ha rodeado toda la investigación del magnicidio, han dado lugar a innumerables teorías conspirativas, desde la participación de la CIA o la responsabilidad de la mafia italiana o de exiliados cubanos.
El nuevo retraso sólo agrega un nuevo halo de intriga a un caso que estremeció -y sigue estremeciendo- al mundo.
