La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha promovido desde su creación, una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos, y para tal efecto, desde hace ya varios años, venimos planteando que es necesario recuperar la soberanía popular que nos fuera arrebatada el 11 de septiembre del 73, y avanzar hacia un proceso constituyente que culmine con una nueva Constitución redactada entre todos y todas, a través del ejercicio del derecho de libre determinación que establece el artículo 1° homónimo, de ambos pactos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hoy, en virtud del inédito proceso constituyente en curso, la Convención Constitucional tiene la oportunidad histórica de poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

En efecto, la Convención Constitucional debe redactar el nuevo texto constitucional teniendo como marco referencial obligatorio a los derechos humanos, que están consagrados en los diferentes tratados internacionales de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado de Chile y, por lo tanto, son vinculantes para todos los órganos y poderes del estado. Siendo la convención constitucional un órgano del Estado, ninguna disposición del nuevo texto puede vulnerar o desconocer las normas contenidas en dichos instrumentos internacionales de derechos humanos y demás fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y el ius cogens. Si lo hace, el Estado de Chile incurrirá en responsabilidad internacional.

Con el objeto de contribuir a esta importante tarea,  y teniendo especialmente presente que el respeto de los derechos humanos no es una cuestión opcional para el Estado de Chile, que pudiera consagrar o no en el texto de la nueva Constitución, la Comisión Chilena de Derechos Humanos puso a disposición de cada uno de los integrantes de la Convención Constitucional, un extenso documento producto del trabajo realizado durante meses, que contiene en primer lugar, los  fundamentos jurídicos y normativos de porqué los derechos humanos y su protección deben ser el eje central obligatorio del nuevo texto constitucional junto con una propuesta de una nueva norma constitucional de recepción de los tratados  internacionales de derechos humanos, que contempla la obligación por  parte de los diversos órganos y poderes del Estado, de respetar y aplicar los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile.

En la segunda parte, abordamos la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, pilar fundamental de la nueva convivencia democrática a la que aspiramos, al mismo tiempo que proponemos un texto específico, para su debida consagración y protección constitucional.

Seguidamente, planteamos la obligación en torno a que el nuevo texto constitucional incorpore la perspectiva de género junto con relevar los derechos de los pueblos indígenas y los fundamentos normativos del deber de consagrarlos constitucionalmente.

La tercera parte, plantea propuestas en el ámbito de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales, y los fundamentos normativos para su debida garantía y protección constitucional.

Además, se aborda el Derecho a la Salud como derecho social específico, y muy especialmente, el derecho a la salud mental, con propuestas concretas de su tratamiento constitucional

Respecto de los derechos culturales, se hace un análisis exhaustivo de los fundamentos y obligaciones normativas en esta materia, y se hacen importantes propuestas para su consagración constitucional.

La cuarta parte se hace cargo de obligaciones incumplidas por parte del Estado post dictatorial en materia de garantías de no repetición, proponiendo criterios que permitan sentar las bases de un nuevo tratamiento constitucional de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, con enfoque de derechos humanos.

La última parte, propone una nueva institucionalidad de derechos humanos que permita la debida protección de los ciudadanos frente a los eventuales violaciones a los derechos humanos y abusos por parte del Estado, y propone mecanismos de participación ciudadana que permitan un ejercicio más directo de la soberanía popular en la toma de decisiones y un mejor control de quienes detentan el Poder.

Estamos convencidos que este conjunto de insumos, que pusimos a disposición de la Convención Constitucional, y que este medio de comunicación –fiel a su compromiso permanente con los Derechos Humanos- difundirá íntegramente, contribuirá a cumplir el mayoritario anhelo de todos quienes habitan nuestro territorio, de contar con un nuevo texto constitucional que siente las bases de una nueva convivencia democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos.

Por último, cabe tener presente que nuestros planteamientos coinciden con lo consignado en el reciente Informe de ACNUDH sobre Seguimiento del cumplimiento de las Recomendaciones hechas al Estado de Chile en Diciembre de 2019, que en una de sus conclusiones señala: El ACNUDH saluda a la Convención Constituyente, que se destaca por su diversidad y participación, siendo el primer proceso constituyente paritario en el mundo. En su rol de redacción de una nueva Constitución, tiene la posibilidad de encauzar las demandas sociales presentadas en las manifestaciones sociales y abordar las causas estructurales de las protestas iniciadas en 2019, en particular aquellas relacionadas con los derechos económicos y sociales, la igualdad ante la ley y la no discriminación. El ACNUDH reafirma su convicción que los derechos humanos deben estar al centro de la nueva Constitución y se pone a disposición de la Convención.

Carlos Margotta
Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos