En medio de nuevos hechos de violencia que esta vez terminó con la muerte de un comunero mapuche en la región del Biobío, el Presidente Sebastián Piñera ingresó el pasado jueves al Congreso la solicitud para extender el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur.
Esta segunda prórroga- que busca extender la medida por 15 días más- ocurrió a solo un día de que se reportara el fallecimiento de Jordan Yempi Marchán, de 23 años, en el marco de un aparente enfrentamiento entre desconocidos y personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas en la ruta que une a las comunas de Cañete y Tirúa.
Hecho que en primera instancia el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó sobre dos decesos, pero que luego la Fiscalía corrigió que se trataba solo de uno. Además, la entidad persecutora de Biobío desestimó formalizar a dos de los tres detenidos en el incidente, denunciados por delitos de atentado contra la autoridad e infracción a la ley de control de armas, dejándolos en libertad por falta de evidencias.
En concreto, el Congreso tiene hasta el próximo 9 de noviembre para pronunciarse respecto a la prórroga del estado de excepción, donde requiere de mayoría simple para ser aprobada. Sin embargo, esa misma semana debe votarse la acusación constitucional contra el mandatario, que cuenta con prioridad constitucional y que, en caso de dilatarse la discusión, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), advirtió que la medida podría terminar ampliándose automáticamente de no abordarse en el plazo establecido.
El diputado socialista por el distrito 21, Manuel Monsalve descartó esa posibilidad y añadió que “el Congreso está plenamente consciente de que debe votar el martes y yo creo que se va a establecer un procedimiento para votar ya sea aprobando o rechazando esta prórroga del estado de excepción”, adelantando su voto en contra.
Asimismo, el parlamentario aseguró que esta postura también sería compartida por una mayoría del Parlamento, puesto que “como es una medida extraordinaria que le da un poder al presidente de la República, lo mínimo que uno espera de un Gobierno que quiera hacer las cosas bien es que rinda cuentas si toma una medida de esta naturaleza”.
La diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, exigió al Gobierno mayores explicaciones respecto al trabajo en la zona y apuntó a la necesidad de abrir mesas de trabajo para abordar este asunto.
En ese sentido, Pérez señaló que “este es un conflicto político, económico, social que tiene ribetes de seguridad para reestablecer un estado de derecho, pero que no puede soslayar una problemática histórica donde el Gobierno ha estado ausente. Mientras el Gobierno no asegure condiciones y, por cierto, nos informe del trabajo serio que esperamos se realice en la zona (…) creo que es muy difícil hoy día dar una apreciación por este estado de excepción”.
Por ello, la legisladora se mostró abierta al diálogo y sostuvo que “analizaremos esto en su minuto y el presidente de la Cámara también sabrá qué hacer según las urgencias, pero creo que soslayar y no dar un debate creo que es complejo para el país. Debemos dar todas las discusiones necesarias en las instancias respectivas, pero el Gobierno tampoco puede endosar solo al Congreso la responsabilidad, el fracaso y la tardanza que tenido en estas materias”.
En tanto, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión de Defensa, Leonidas Romero, defendió la iniciativa y manifestó que “es necesario seguir poniendo orden, pero siempre y cuando cuente con el respaldo real del Ejecutivo a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden. Hoy día los tres poderes del Estado estamos al debe, pero quien está haciendo el ridículo más grande es el poder Judicial”.
En esa línea, el parlamentario criticó la labor del Ministerio Público respecto a la investigación tras el fallecimiento del comunero mapuche, añadiendo que “si es necesario y tenemos los tiempos para votar, yo lo voy a aprobar”.
Cabe señalar que a partir de este viernes hasta el próximo domingo 7 de noviembre también se estará llevando a cabo la consulta ciudadana en las 32 comunas de la región de La Araucanía, donde los ciudadanos podrán votar si están o no a favor de la ampliación del estado de excepción, cuyo carácter, si bien no es vinculante, se espera que pueda servir como “un insumo” para la discusión parlamentaria, según lo expresado por el gobernador de la zona, Luciano Rivas.