En julio de 2017 Luciano Debrott hizo noticia por no haber saludado al Presidente Sebastián Piñera cuando acudió a votar. En ese momento señaló que su actitud se debía a que para él, el mandatario representa el modelo neoliberal.

Debrott ya vivía entonces con las consecuencias que le provocó el disparo a menos de 20 metros de una bomba lacrimógena lanzada con su escopeta por el oficial de Carabineros Rodrigo Sanzana Olhaberry, hecho ocurrido después de una manifestación autorizada por las autoridades de la época en 2015.

Según uno de los querellantes en este caso, el abogado Cristián Cruz, Debrott había regresado a la sede de la Universidad de Santiago donde estudiaba ingeniería después de la movilización y junto a otros compañeros se dirigió al casino para almorzar.

Cruz explica que en ese momento “ingresa personal policial, concretamente el oficial a cargo que hoy sabemos que ha sido instructor incluso en tiro y uso de armas de fuego dentro de la misma policía. Este carabinero iba dentro de un vehículo blindado de la policía, es decir, tenía todo el resguardo, la capacidad y la expertis. Se baja del vehículo, apunta a estos estudiantes que están tranquilos y dispara esta bomba lacrimógena que impacta en la cabeza de la víctima”.

El abogado agrega que el disparo “afortunadamente fue en un ángulo en que si bien es cierto le impactó, no le produjo secuelas gravísimas, sí secuelas graves, disminución de la vista y el riesgo constante de perder la visión en uno de sus ojos. Y ese es un fantasma que va a acompañar de por vida al joven estudiante”.

Críticas al actuar de la Fiscalía

El caso fue investigado inicialmente por una fiscal que a juicio de Cruz fue activa para lograr esclarecer los hechos.

Sin embargo y contrario a lo que se podría esperar, el Ministerio Público reemplazó a esta primera persecutora por otro de la Unidad de Alta Complejidad. “Se supone que es un fiscal más preparado, pero en realidad a nuestro entender poco y nada hizo de propia iniciativa. Si no se le pedía algo, usualmente decía que no pero ahí hacía las cosas, no tuvo una iniciativa. Más bien nosotros notamos si no una docilidad hacia las actuaciones de los agentes del Estado, podríamos llegar incluso a ver una actitud negativa que le impedía actuar con la debida imparcialidad y alejó por lo tanto la posibilidad de una pronta justicia para la víctima”, sostuvo Cruz.

La acción del fiscal Jaime Retamal terminó en la decisión de no perseverar con la investigación, algo que para Cruz coronó una serie de actuaciones que demostraban desinterés por el caso.

“Él ya tenía toda una carrera en Fuerzas Especiales, reconocida entidad en la represión durante el movimiento social, al movimiento estudiantil, a las manifestaciones. Pero al momento de ser formalizado este carabinero por el cuasi delito de Debrott, resulta que ya había sido formalizado por apremios o torturas a un joven en San Bernardo. Hay unas imágenes que se difunden del estallido social donde se aprecia dentro de la comisaría de San Bernardo un detenido que dentro de un carro policial es torturado. Y nos enteramos que se trata del mismo oficial de Carabineros”, agregó el abogado.

Cruz sostiene que luego de esta situación se enteraron que el oficial de Carabineros “estaba formalizado y por torturas o apremios en San Bernardo, misma comuna donde recordemos fue brutalmente agredida Fabiola Campillai”.

“Cuando vamos a la formalización del joven Debrott, el tribunal pregunta: ‘¿Hay algún otro antecedente?’. Y el fiscal nada dijo en la formalización, lo cual es altamente sospechoso. ¿Por qué al preguntarle al fiscal si un imputado tiene algún otro antecedente policial, penal o al menos del Ministerio Público, dijo que no?”, cuestionó el penalista.

Además, Cristián Cruz señala que en este caso se intentó aplicar el mínimo de responsabilidad en contra del oficial Sanzana, al considerar que el hecho se trataba de un simple “cuasi delito”, algo que dista de otras acusaciones que pesan contra funcionarios policiales por hechos similares.

En ese sentido, recuerda que en el caso de un suboficial de Carabineros en la ciudad de Rancagua se le acusó de “homicidio frustrado”, mientras que al ex capitán de la policía uniformada que disparó contra Fabiola Campillai lo formalizaron por apremios ilegítimos. En tanto, a Sanzana la Fiscalía le imputó un delito de menor grado con el objetivo de conseguir una condena inferior e incluso una absolución.

“Tenemos un descriterio, porque según el fiscal es como se califica y eso inhibe la posibilidad de igualdad, de seriedad y de objetividad a la que está obligada la Fiscalía. Y en medio de todo este río revuelto, terminan ganando los victimarios”, consideró Cruz.

Pero a pesar de la actitud del Ministerio Público, el tribunal que investiga la causa decidió que se acuse a Sanzana Olhaberry, quien es hijo de una funcionaria de la Fiscalía y oficial en retiro de Carabineros, algo que para el jurista podría relacionarse con la actitud del persecutor que finalmente desistió de ir a juicio.

Respecto de la determinación del tribunal dada a conocer la semana recién pasada, Cruz indicó que como querellantes “creemos que es muy importante porque no sólo permite la posibilidad de justicia, sino porque demuestra y da cuenta de la Fiscalía de abandonar a esta víctima que no es un caso aislado. Lamentablemente son decenas los casos en que el Ministerio Público o sus fiscales deciden no continuar la persecución de delitos perpetrados por agentes del Estado”.

Se espera que los alegatos comiencen en las próximas semanas donde deberá intervenir, además de la defensa del oficial investigado, los querellantes por parte de la familia, de la Universidad de Santiago y del INDH que también se sumó a la acusación en contra de Sanzana.