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Año XIV, 3 de octubre de 2022

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Otra vez contra los migrantes en Iquique: Organizaciones denuncian nuevos desalojos por parte del Gobierno

Este nuevo operativo recuerda a los hechos acontecidos hace unos meses, desde donde aún no se entregan respuestas ni soluciones a la crisis migratoria que afecta al norte del país.

Lorena Moreno Berroeta

  Sábado 13 de noviembre 2021 14:21 hrs. 
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La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes denunció un nuevo desalojo de migrantes que acampaban en el borde costero de la ciudad de Iquique, hecho ocurrido el tarde del viernes 12 de noviembre. A través de un comunicado público, condenaron el actuar de las autoridades ya que afirmaron que “es el lugar posible, transitorio hasta salir adelante y regularizar su situación migratoria, obtener sus papeles, trabajar decentemente y poder arrendar”.

A juicio de las organizaciones, este desalojo hizo recordar el anterior ocurrido en la Plaza Brasil de la misma ciudad, cuando Carabineros expulsó a la población migrante que acampaba en el lugar, sin darles ninguna solución o apoyo en sus demandas ni necesidades. Incluso, luego de ese desalojo se realizó una marcha antimigración, que terminó con la destrucción y quema de las pertenencias de esas personas.

“Independientemente de considerar que se necesita una verdadera política migratoria que supere la inacción como método para hacer del maltrato la orientación central del gobierno actual, comunicacionalmente ocultado en discursos ‘muy arreglados’ y alejados de las prácticas realizadas a diario”, sostienen en el comunicado.

Además, desde la Red aseguran que la resolución que autorizó el desalojo es “ilegal por omitir la posibilidad de interponer recursos administrativos”, lo que legalmente debe ser indicado de manera expresa en dicho documento.

“Nadie puede negar que la Resolución Exenta Nº 3098/2021 de 22 de octubre de 2021, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá vulnera los derechos de las personas migrantes, al negárseles conocer la legislación interna, y la posibilidad de presentar recursos administrativos para obtener la revocación o suspensión de la orden de desalojo. Por lo señalado, el acto es ilegal y atenta gravemente contra los derechos de las personas migrantes afectadas”, señalan.

Asimismo, hicieron un llamado al sistema judicial para que reconozca la ilegalidad de este acto que, a su juicio, causa la Nulidad del Derecho Público, establecido en los términos de los artículos 6º y 7º de la Constitución.

Por otro lado, también denuncian que las autoridades no han respetado “los estándares fijados por el derecho internacional de los Derechos Humanos en materia de desalojos forzados”, que permiten resguardar los derechos constitucionales de todas las personas que habitan un país.

Incluso, desde las organizaciones destacan que la dignidad de los seres humanos es el fundamento de una sociedad, por lo que deben cumplirse los estándares del derecho internacional para resguardar los derechos humanos. Sin embargo, a juicio de la Red, “existen argumentos suficientes para arribar a la convicción de que efectivamente el ‘actuar’ del gobierno central y sus representantes locales no han respetado estándares fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para los desalojos forzados”, lo que indicaría que esta decisión es arbitraria e ilegal.

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