Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 5 de octubre de 2022

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El efecto de la eventual derogación del Decreto que pondría fin a los recursos del Programa de Inclusión Escolar

El punto 707 del Programa de Gobierno del presidenciable del Frente Social Cristiano encendió alertas en la comunidad educativa, que mira con preocupación los efectos que esta propuesta provocaría en caso de ser implementada.

Lorena Moreno Berroeta

  Viernes 26 de noviembre 2021 17:58 hrs. 
CHILE-EDUCACIÓN

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El Decreto 170 que «Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para la educación especial» se promulgó en el año 2009 durante el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cuando Mónica Jiménez era la titular del Ministerio de Educación.

A grandes rasgos, en sus artículos 1, 2 y 3 explica los tipos de diagnósticos de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), que les permitirían acceder a las subvenciones para la educación especial, los que dependerían si las necesidades educativas especiales de los niños, niñas y adolescentes son transitorias o permanentes. El dinero de esta subvención, según el Decreto 170, está focalizado a colegios especiales y regulares, ya sean municipales o particulares subvencionados, siempre que implementen el Programa de Integración Escolar, conocido como PIE.

En ese sentido, su promulgación permitió crear un marco regulatorio de los sujetos que serían directamente beneficiados con esta subvención. Además, a través del Decreto 170 se dispusieron los requerimientos necesarios que los establecimientos educacionales deberían cumplir ante el Ministerio de Educación, y la competencia de los profesionales que participarían del proceso académico, para lograr un óptimo desarrollo educativo con estudiantes que necesiten de acompañamiento debido a sus NEE.

Además, el artículo 15 de esta normativa detalla que el profesional competente para participar en el PIE es “aquél idóneo que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”. Este registro, implementado el año 2010, define que los profesionales que pueden inscribirse deben contar con el título profesional de “de Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial, título de Fonoaudiólogo(a), título de Psicólogo(a), título de Psicopedagogo(a)”, y ellos podrán evaluar y diagnosticar a estudiantes que ingresan al PIE y a otro tipo de educación especial.

Por otro lado, el artículo 86 del mismo establece que los cuatro requisitos fundamentales para la implementación de un PIE son la “contratación de recursos humanos especializados”, la “coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del programa de integración escolar”, también la “capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado al desarrollo profesional de los docentes de educación regular y especial”, y la “provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las estudiantes”.

Todas estas medidas, y en particular la primera, son parte de un trabajo en conjunto que permite integrar a estudiantes con necesidades educativas especiales en las aulas de clases. Sin embargo, durante los últimos días, el Decreto 170 ha estado en la palestra debido al Programa de Gobierno del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast ya que, específicamente en su punto 707, se refiere a la derogación en su eventual Administración.

“A su vez la derogación del Decreto 170/2009, permitirá reponer el apoyo itinerante de especialistas y centros de recursos especializados, como estrategias de inclusión para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad. El objeto de esta medida es fortalecer el trabajo intersectorial y recuperando la experiencia y conocimiento desarrollados por las organizaciones de la Sociedad Civil que durante largo tiempo han trabajado con esta población”, se expone en el programa del candidato conservador.

A juicio de las comunidades educativas, y de padres y apoderados cuyos hijos pertenecen al PIE, esta propuesta significaría un retroceso para la enseñanza de miles de niños, niñas y adolescentes que han sido beneficiados desde la promulgación de esta normativa, quienes incluso a través de redes sociales se han organizado para defender el Decreto 170.

Para el académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Mauricio López, lo anunciado en el programa presidencial de José Antonio Kast “es una mala iniciativa porque las escuelas van a dejar de recibir un financiamiento que es súper importante para la contratación de estos profesionales de apoyo que, además, está súper demostrado que son un apoyo importante para el desarrollo y la inclusión” para estudiantes con necesidades educativas especiales.

“Lo que establece el Decreto 170 son los criterios para que las escuelas reciban la subvención de educación especial, que es una subvención adicional a la subvención regular para contar, sobre todo, con profesionales que apoyen la inclusión. Eso es lo que está en el papel. Es un decreto que establece criterios para que las escuelas, dependiendo del número de estudiantes y de sus características, puedan postular a una subvención adicional, a un financiamiento público estatal adicional, para poder apoyar los procesos de escolarización, de aprendizaje, de algunos estudiantes que están diagnosticados con discapacidad y lo que se conoce como necesidades educativas especiales”, explica López.

El Decreto 170 es un instrumento que permite financiar a los establecimientos educacionales, enfocado en la subvención de la educación especial. Con los dineros entregados por el Ministerio de Educación a los colegios beneficiados, ya sea municipales o particulares subvencionados, es posible contratar a profesionales que apoyen en el proceso educativo de estos menores, como psicólogos, educadores diferenciales, fonoaudiólogos y/o terapeutas ocupacionales. Este ingreso de recursos, a juicio de López, no debería basarse en la evaluación de estudiantes diagnosticados, sino ser permanente en beneficio de toda la comunidad educativa, y no para justificar el dinero ante el Ministerio de Educación.

“Es un financiamiento que debería ser estable en las escuelas, porque es un financiamiento que necesitan siempre. Pueden tener más o menos estudiantes con discapacidad, pero los recursos y los profesionales van a ser siempre necesarios. Entonces, no tiene mucho sentido que ese financiamiento sea por estudiante porque eso obedece a la misma lógica del financiamiento por asistencia, por matrícula. Estos financiamientos son los que permiten a la escuela funcionar con todos los recursos que necesitan, y deberían ser estables y no sujetos a la matrícula o a la cantidad de niños. Se pierde muchísimo tiempo en llenar formularios. Ese tiempo se podría dedicar a que los profesionales trabajen directamente con estudiantes y en actividades de elaboración con los docentes de asignaturas. Lo que dice la evidencia, que está documentada en la investigación internacional, es lo que lleva a la inclusión: el trabajo colaborativo entre los profesionales de apoyo y los profesores regulares”, señala el experto, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Además, López explica que la presencia de estos profesionales en los establecimientos educacionales permite apoyar a todos los estudiantes, y no solamente a aquellos que han sido diagnosticados. “Eso es lo que conocemos hoy día como ámbito de la inclusión educativa a nivel internacional y lo que dice la investigación educativa es que esa es la manera correcta de pensar los apoyos: que los profesionales con los que cuente la escuela puedan apoyar a todos los estudiantes y no solamente a los que están identificados, porque eso también es un problema”, sostiene.

“Esta distinción que se hace entre necesidades educativas especiales es una distinción, en la mayoría de los casos, muy ambigua porque todos los estudiantes pueden tener necesidades de apoyo, pueden necesitar un apoyo profesional más específico. Esta distinción que se hace, entre quienes tienen necesidades educativas especiales y quienes no, deja en juicio una distinción muy ambigua y poco clara. Entonces, el hecho de que las escuelas cuenten con profesionales de apoyo y que éstos puedan apoyar a todos los estudiantes es muy beneficioso”, destaca el académico.

No obstante, al ser consultado sobre los eventuales efectos de la propuesta de José Antonio Kast, López aseguró que, si bien el Decreto 170 podría mejorarse para apoyar a las comunidades educativas, actualmente “hay que mirar todos los aspectos críticos en interés por mejorar la inclusión, pero evidentemente, una iniciativa que implique derogar y retirar un financiamiento, sin hacer ninguna otra intervención, es totalmente regresiva”, precisó.

Colegio de Profesores del Biobío por idea de derogación: Menores con NEE “no tendrían apoyo de especialistas en las escuelas”

Por su parte, para el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de la Región del Biobío, Jorge Barriga, la eventual derogación del Decreto 170 es un retroceso gravísimo en la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con NEE, quienes no contarían con el apoyo de los especialistas que hoy permiten su integración. “Entonces, derogarlo es dejar a nuestros estudiantes a la deriva. Ahora, a cambio del Decreto 170, él propone centros de recursos. Eso es aún más privatizar la educación pública”, sostiene.

Esa privatización, a juicio de Barriga, se refleja en la segunda parte del citado punto 707 del Programa de Gobierno de Kast, donde se aborda la participación de organizaciones de la sociedad civil a través de un trabajo intersectorial, lo que genera dudas en el Magisterio.

“No está claro si estos centros de recursos serían externo al establecimiento, a la escuela, o serían personas que sean contratadas por estos centros de recursos y trabajarían dentro de la escuela, porque no lo especifica. Sólo aparece que crearía estos centros de recursos. No sabemos en qué condiciones, no sabemos quiénes serían y un tema que nos molesta, quizás a los que estamos más involucrados como en educación y no tanto en el día a día de un apoderado, me refiero, porque es una nueva ventana para lucrar con educación”.

Además, Barriga asegura que existe preocupación en los padres por esta propuesta, ya que afectaría directamente el proceso educativo de sus hijos que son beneficiados por esta normativa.

“Yo soy profesor, hago aula todos los días. He conversado con apoderados que tienen a sus hijos e hijas en el decreto 170, le he preguntado cuál es su opinión. Muchos no sabían, algunos no saben, y otros que sí estaban informados están sumamente asustados, porque ven un temor. Nuestras colegas educadoras diferencial dan un trabajo de tremenda calidad hacia estos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el candidato propone cerrar esa posibilidad. Es gravísimo lo que está en la propuesta del candidato Kast”, recalca Barriga.

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