Nos cuenta Roberto Cornejo Espósito que -en Chile- antes de la llegada de los españoles, en el territorio comprendían unos 25 a 28 millones de hectáreas de bosques nativos. Sin embargo, desde la independencia hasta el proceso de colonización del sur en el siglo XIX dos terceras partes de los bosques fueron arrollados por el fuego.

La explotación de la minería y sus fundiciones destruyeron buena parte de los bosques en la zona central. Los colonos alemanes en el sur, los destruirían en forma sistemática para abrirse paso en la agricultura.

El Estado guiaba y promovía que ardiera gran parte del territorio que no estaba destinado a arder. Así las leyes de colonización y explotación de la tierra, por un lado, el desarrollo del ferrocarril y la conectividad por el otro, y la soberanía territorial eran “razones” suficientes para acabar con el “aislamiento” que significaban los bosques nativos en estas latitudes.

Durante las últimas décadas las empresas forestales han sido causantes de sustituciones de cerca de 300.000 hectáreas de bosque nativo. Sumado que entre el periodo 1985 y 2021 un total de 218.413 incendios forestales con cerca de 2.665.367,47 de hectáreas afectadas. Es decir, en el último quinquenio (2017/2021) un promedio 165.546,03 hectáreas al año se han quemado

Cada año, 27 mil hectáreas de bosque nativo son eliminadas en Chile. En el sur, desaparecen el roble y raulí: 9 mil de las 27 mil hectáreas que desaparecen anualmente corresponden a bosque nativo primario, con especies vírgenes, poco alteradas por el hombre y adultas, con más de 800 años de vida.

En el marco de las Naciones Unidas, para marcar los límites en intervenciones humanitarias, se ha aplicado el concepto de “responsabilidad de proteger” por parte del Estado a sus ciudadanos de catástrofes y que incluiría tres aspectos: responsabilidad de prevenir, de reaccionar y de reconstruir, sin embargo, hemos visto que, en el caso de Chile, el Estado ha estado ausente en esas tres acciones ¿Cuáles son las políticas de prevención que realiza? ¿Y las de reacción? ¿Ha reconstruido todo el daño que este mismo avaló y direccionó? Ni siquiera ha querido construir una institucionalidad acordé al real problema que significa que año a año tengamos más de 6.760 incendios forestales al año, entonces, si el Estado está ausenté, ¿qué hacer? ¿cómo organizar la defensa de la vida?

La enorme magnitud de la desertificación y avance del desierto es una lucha de la vida contra la muerte, y hoy son los mapuche quienes, desde su cosmogonía, luchan por todos nosotros. Por eso creemos que lo que sucede en la Araucanía (Wallmapu) no solo se trata del pueblo mapuche contra el Estado, sino el capital contra la naturaleza. Pues René de Chateaubriand tiene razón cuando escribió: Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen.

Las políticas necesarias para este siglo XXI deben en primer lugar, estructurarse  desde la comprensión histórica de reparar, no solo desde las desigualdades que ha provocadas a las personas y comunidades, si no también debe hacerse cargo de los distintos desequilibrios que el capitalismo extremo ha generado en la Naturaleza. Mientras, pareciera que el cuidado social y ecológico sigue estando depositado en activistas, mapuches y dirigentes socioambientales cada vez más articulados, en un Estado debilitado o controlado por intereses de mercado.

Ricardo Pérez Abarca- Enfermero, Departamento de Enfermería Universidad de Chile

Cristián Cepeda Oropesa- Sociólogo, Instituto Patagónico de Estudios Culturales