En medio de proceso constituyente y la labor que se está desarrollando en la comisión de Derechos Humanos de la Convención, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la doctora en Derecho y académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudia Iriarte, abordó los acuerdos y presentaciones que se han hecho ante esta instancia.
Lo anterior, considerando que su tarea es redactar una propuesta de catálogo de derechos de la Constitución y sus garantías para hacerlos efectivos, a través de la recepción de audiencias públicas, en las cuales la sociedad civil ha podido participar compartiendo sus inquietudes e ideas respecto de los derechos que deben guiar la acción del Estado.
Consultada por el trabajo de esta convención y la perspectiva de género que tendrán estos derechos fundamentales, Iriarte detalló que en esta etapa de trabajo de la Convención “cada comisión inicia su propio desarrollo que está combinado con un proceso de audiencias públicas, que ellos invitan o bien de personas que particularmente plantean el interés de ir y presentan su solicitud, y van escogiendo a aquellos que son de su interés, tratando de salvaguardar la diversidad que se exprese y sobre todo la representación lo más plural posible de todas las ideas y sectores de la sociedad”.
En ese sentido, la académica agregó que “junto con eso, se ha avanzado en un período que se ha abierto para recibir mociones de la propia ciudadanía o propuestas de moción popular en las diversas comisiones”, apuntando que en particular en la relativa a Derechos Fundamentales “la técnica de trabajo es partir formando una especie de catálogo de derechos y, en esa perspectiva, han ido recibiendo ya sea las opiniones que se presentaron (…) y las ideas sobre derechos específicos”.
Así, comentó que “los derechos o planteamientos que junten 15.000 firmas pasan a ser una propuesta presentada por un grupo de convencionales”.
Asimismo, Iriarte consideró central una mirada de género en el sistema de derechos, señalando que esta tiene un conjunto de perspectivas, tales como la de una vida libre de violencia que, a su juicio, “es un derecho que en nuestro ordenamiento jurídico sería absolutamente novedoso. Está creado en el derecho internacional de los Derechos Humanos, específicamente en la convención Belém do Pará”.
En segundo lugar, mencionó como fundamental aquello que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos: “esto sí que es nuevo, no es tan robusto aún en el sistema internacional de los Derechos Humanos”.
En ese sentido, apuntó que “su fundamento tiene que ver con superar, con entregar herramientas para abordar de mejor forma lo que son los elementos de discriminación estructural que están en el sistema, porque se basa en un modelo sobre estructuras sociales que históricamente han discriminado y, desde ese punto de vista, no solo se refieren a los derechos de la mujer, sino sin duda a las disidencias sexo genéricas porque obviamente hay una temática tanto de violencia como de derechos sexuales y reproductivos que están en la base de derechos de esta población”.
También se refirió a la importancia de regular el derecho al cuidado, de modo “que este sea un proceso que se basa en el principio del rol social del cuidado o más bien como se ha desarrollado el rol social de la reproducción”.
Consultada sobre la manera en que deberían quedar consagradas estas garantías en la legislación chilena, Iriarte reconoció que “estamos en una encrucijada o un desafío muy similar a lo que fue en el desarrollo de la constitución de 1925 en Chile y en ese período en otros países en la recepción del constitucionalismo del Estado social, que nos implicó nuevos derechos y nuevos sistemas de garantías”.
De manera que expresó que “en nuestro país no solo van a haber nuevos derechos respecto de las mujeres, va a haber nuevos sistemas de garantías vinculados a estos derechos, pero además nuevos sistemas de garantías vinculados a lo que es la realidad de la mujer y de las disidencias sexo genéricas, con lo cual ahí va a haber toda un área absolutamente nueva que va a tener su correlato en un ordenamiento jurídico que está bajo la Constitución”.
En esa línea, sostuvo que “sin duda se va a requerir un nuevo Código de Familia o alguna legislación que modifique sustancialmente porque es cierto que las instituciones menos democráticas o más verticales, jerarquizadas del Código Civil han sido modificadas, pero los principios, la lógica de la familia no”.
En tanto, respecto a sus proyecciones sobre la discusión en torno al aborto en el proceso constituyente- y a raíz del rechazo del Congreso al proyecto de despenalización- la académica Claudia Iriarte se refirió a la presentación de la iniciativa popular de parte de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto y agregó que el avance en esta materia “va a depender de hasta dónde se llegue el propio texto constitucional y eso va a determinar qué se requiere para el futuro, para reformar una legislación, una institucionalidad y eso sin duda que va a estar complejo”.
Por lo que apuntó a la importancia del movimiento de las mujeres en estas conquistas, añadiendo que “no queda otro camino que el ejercicio de la soberanía para lograr este avance sustancial, que se logre en la Constitución para que efectivamente se convierta en un derecho”.