Durante esta mañana la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, dio cuenta de los problemas que se han suscitado al interior de la Comisión de Derechos Indígenas y Plurinacionalidad respecto a la implementación de la participación y consulta indígena. Esto, dado que no se ha aprobado el documento base para la consulta al interior de la instancia y porque además, no se disponen de los recursos para llevar a cabo el proceso, acusó Loncón, imputando este escenario a la falta de cooperación del poder constituido.

Una situación que abordó la representante del pueblo Colla y vicepresidenta de la mesa ampliada de la Convención, Isabel Godoy, quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile afirmó que la dilación en este tema ha sido provocado por el “grupo de Elisa Loncón”.

Y es que con el reparo de un grupo de constituyentes, el documento base de la consulta indígena fue aprobado en el pleno de la Comisión de manera general, señaló. No obstante, cuando se abrió el plazo para ingresar indicaciones llegó una propuesta de adecuación para reemplazar el documento aprobado que fue firmado por Loncón, Tiare Aguilera y Luis Jiménez, entre otros convencionales.

El disenso, explicó Godoy, radicó en que “nosotros estamos ateniéndonos a lo que dice el Convenio 169 que dice que las medidas administrativas o legislativas deben ser consultadas, entonces tenemos que llegar con una propuesta de normas al pueblo, no podemos llegar con el documento en blanco y menos si estamos con los plazos acotados entonces nosotros en el documento base, planteamos algunas normas pero que no son cerradas”, indicó la representante del pueblo Colla, en contrapunto a la postura que fue defendida por la presidenta de la Convención y que buscaba suprimir las propuestas de normas. 

“Con el documento de adecuación que ellos hicieron es pasar a llevar a todos los pueblos porque ellos van a imponer un documento encima que es construido desde algunos pueblos”, sostuvo Godoy, interpretando el hecho como “una pasada de máquina” por la cual como pueblo Colla han optado a la libre determinación, “nosotros vamos a usar el instrumento que el pueblo Colla determine que va a usar y el pueblo Quechua también lo manifestó así“, señaló.

Es así que el nudo de la Comisión radicó en resolver si la moción ingresada consistía en una indicación al documento base, o bien, una reforma a lo aprobado en general, disenso que se ha arrastrado hasta hoy en circunstancias que el plazo para enviar el insumo a la Secretaría Técnica ya está vencido, razón por la cual, señaló Godoy, “se deberá hacer una enmienda al reglamento para poder correr los plazos y poder seguir con lo de la consulta indígena“.

En cuanto al resto de las causas que han atribuido al rezago en la consulta indígena, Godoy, denunció que el Estado no está cumpliendo con la provisión de recursos, lo que transgrede la disposición que mandata Convenio 169 de la OIT, aseveró.

“Aquí no está cumpliendo con un convenio que está ratificado por Chile entonces ese presupuesto debería haberse estimado y enviado en el presupuesto 2022 pero se mandó en una rendición aparte al Congreso y el Congreso no ha estado a la altura del proceso, o sea nosotros esperábamos que por último que quedara en el tesoro público para que después desde el tesoro público se pudiera hacer la bajada con los recursos y en estos momentos no están garantizados estos recursos”, criticó.

Bajo este escenario, Godoy explicó que se han barajado métodos alternativos para realizar la consulta. “Estamos buscando los mecanismos, la universidad local que hay acá que nos puede ayudar con la sistematización, también hemos acudido al PNUD que nos pueda ayudar con la misma sistematización y en la región con el Gobierno Regional y las municipalidades sobre todo por los salones que hay que tener para hacer la convocatoria”.

Asimismo se ha planteado la idea de desarrollar encuentros auto-convocados, añadió, “los indígenas siempre nos juntamos a comer churrasca, esa es nuestra costumbre, entonces también puede ser autogestionado. Estamos buscando todos los mecanismos para poder garantizar que se haga el proceso de consulta porque sin la consulta indígena lamentablemente el texto constitucional carecería de legitimidad y nosotros perfectamente podríamos impugnarlo“.

Por otro lado y abordando el mes quinto de la Convención, la vicepresidenta de la mesa ampliada valoró que pese a las dificultades que se han ido suscitando, los plazos propuestos se han ido cumpliendo adecuadamente. En esa línea criticó el hecho de que los medios de comunicación “mantengan en la retina de la ciudadanía” que a esta altura, el órgano constituyente ya debería tener un texto preliminar de constitución

“No es así y si fuera de esa manera, sería mucho más fácil y rápido y lo haría alguna universidad, alguna institución, pero acá se trata de que este proceso es distinto. Acá se requiere de participación popular y participación indígena por lo tanto son pasos que se van cumplimento y los primeros pasos se han ido cumpliendo, que era la instalación misma de la Convención y eso lo cumplimos en tres meses, que no es menor”.

En esa línea, comparó que “en la dictadura se demoraron cinco años en hacer el texto completo y afuera se han demorado nueve meses en hacer el puro reglamento y ahora estamos de lleno en lo que es el proceso de participación popular con la plataforma instalada y el proceso de participación indígena y también están llegando algunas iniciativas de norma a la Convención por lo tanto con todas las dificultades que hemos tenido, estamos cumpliendo”, aseguró.