“Quieren que muera en la cárcel”
La dirigente birmana y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, depuesta por el golpe de Estado militar en Myanmar (Birmania) el 1° de febrero pasado, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión. ¿Los cargos?: incitar a la revuelta contra los militares y violar las normas estipuladas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y eso no es todo, pues le aguardan nueve cargos más, algo que a sus 76 años podrían privarla de libertad por el resto de sus días. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a la inmediata liberación de la dirigente denunciando que el juicio en su contra fue “amañado”. Amnistía Internacional, por su parte, acusa a los golpistas de querer “asfixiar” las libertades civiles.
Martes 7 de diciembre 2021 16:24 hrs.
La absurda condena emitida por la “justicia” birmana, ejecutora de los dictados militares, era esperada -no obstante- como la primera de las muchas sentencias que esperan a Aung San Suu Kyi, depuesta por el golpe de Estado militar el pasado febrero. En total son once cargos los que pesan sobre ella y las condenas sumarían varias décadas de prisión. Entre ellos destacan los de corrupción, fraude electoral, violación de secretos oficiales y hasta importación ilegal de ‘walkie-talkies’. En otras palabras, una serie de acusaciones por parte de la Junta militar golpista para sacarla del ámbito político y así no pueda oponerse a sus planes de reinstaurar la dictadura en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania.
Junto a ella ha sido condenado a la misma pena el ex presidente del país, Win Myint, quien era su aliado en la Liga Nacional para la Democracia (LND). Dicho partido arrasó en las elecciones del año pasado, las segundas que se celebraron de forma libre tras las de 2015, y parecía haber consolidado la transición a la democracia después de ¡¡60 años!! de dictadura. Furiosos por su humillante derrota, los militares dieron el golpe de Estado en febrero alegando un fraude electoral, uno que no vieron ni los birmanos que votaron en masa por la LND, ni los observadores internacionales que certificaron la limpieza de los comicios.
Aunque a los periodistas no les está permitido acceder a los juicios y a los abogados de Aung San Suu Kyi y Win Myint se les ha prohibido hablar, el Gobierno birmano en el exilio ya ha informado que los presuntos culpables niegan todas las acusaciones. “Ella está bien, pero los generales están preparando condenas de prisión que suman 104 años. Quieren que muera en la cárcel”, denunció ante la BBC el Doctor Sasa, uno de los dirigentes del Gobierno de Unidad Nacional que intenta devolver la democracia a Birmania desde el exilio.
Pero será difícil, por no decir imposible, porque los militares están reprimiendo a sangre y fuego las protestas contra el golpe de Estado, que han dejado ya más de 1.300 muertos y 10.600 detenidos. El domingo, los soldados embistieron con un vehículo contra la multitud que se manifestaba pacíficamente por la democracia en Yangón (como rebautizaron los militares a la vieja capital, Rangún).
Nacida en 1945 en la élite de Rangún, la dirigente condenada es hija del general Aung San, héroe de la independencia asesinado cuando ella tenía solo dos años. Educada en los mejores colegios y en Oxford, trabajó en la ONU, donde conoció a su marido, el profesor británico Michael Aris, con quien tuvo dos hijos. Al volver a Birmania para visitar a su madre enferma en 1988, en plena revuelta contra el dictador Ne Win, tomó el liderazgo del movimiento democrático y ganó las elecciones de 1990, anuladas por la Junta militar.
Así, pasó bajo arresto domiciliario durante 15 años, lo que la separó de sus hijos y le impidió despedirse de su marido antes de que éste falleciera de cáncer en 1999. Justamente esos sacrificios personales como consecuencia de su lucha por la democracia la hicieron merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1991.
(Imagen: RFI / AFP)
La absurda condena emitida por la “justicia” birmana, ejecutora de los dictados militares, era esperada -no obstante- como la primera de las muchas sentencias que esperan a Aung San Suu Kyi, depuesta por el golpe de Estado militar el pasado febrero. En total son once cargos los que pesan sobre ella y las condenas sumarían varias décadas de prisión. Entre ellos destacan los de corrupción, fraude electoral, violación de secretos oficiales y hasta importación ilegal de ‘walkie-talkies’. En otras palabras, una serie de acusaciones por parte de la Junta militar golpista para sacarla del ámbito político y así no pueda oponerse a sus planes de reinstaurar la dictadura en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania.
Junto a ella ha sido condenado a la misma pena el ex presidente del país, Win Myint, quien era su aliado en la Liga Nacional para la Democracia (LND). Dicho partido arrasó en las elecciones del año pasado, las segundas que se celebraron de forma libre tras las de 2015, y parecía haber consolidado la transición a la democracia después de ¡¡60 años!! de dictadura. Furiosos por su humillante derrota, los militares dieron el golpe de Estado en febrero alegando un fraude electoral, uno que no vieron ni los birmanos que votaron en masa por la LND, ni los observadores internacionales que certificaron la limpieza de los comicios.
Aunque a los periodistas no les está permitido acceder a los juicios y a los abogados de Aung San Suu Kyi y Win Myint se les ha prohibido hablar, el Gobierno birmano en el exilio ya ha informado que los presuntos culpables niegan todas las acusaciones. “Ella está bien, pero los generales están preparando condenas de prisión que suman 104 años. Quieren que muera en la cárcel”, denunció ante la BBC el Doctor Sasa, uno de los dirigentes del Gobierno de Unidad Nacional que intenta devolver la democracia a Birmania desde el exilio.
Pero será difícil, por no decir imposible, porque los militares están reprimiendo a sangre y fuego las protestas contra el golpe de Estado, que han dejado ya más de 1.300 muertos y 10.600 detenidos. El domingo, los soldados embistieron con un vehículo contra la multitud que se manifestaba pacíficamente por la democracia en Yangón (como rebautizaron los militares a la vieja capital, Rangún).
Nacida en 1945 en la élite de Rangún, la dirigente condenada es hija del general Aung San, héroe de la independencia asesinado cuando ella tenía solo dos años. Educada en los mejores colegios y en Oxford, trabajó en la ONU, donde conoció a su marido, el profesor británico Michael Aris, con quien tuvo dos hijos. Al volver a Birmania para visitar a su madre enferma en 1988, en plena revuelta contra el dictador Ne Win, tomó el liderazgo del movimiento democrático y ganó las elecciones de 1990, anuladas por la Junta militar.
Así, pasó bajo arresto domiciliario durante 15 años, lo que la separó de sus hijos y le impidió despedirse de su marido antes de que éste falleciera de cáncer en 1999. Justamente esos sacrificios personales como consecuencia de su lucha por la democracia la hicieron merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1991.
(Imagen: RFI / AFP)
La absurda condena emitida por la “justicia” birmana, ejecutora de los dictados militares, era esperada -no obstante- como la primera de las muchas sentencias que esperan a Aung San Suu Kyi, depuesta por el golpe de Estado militar el pasado febrero. En total son once cargos los que pesan sobre ella y las condenas sumarían varias décadas de prisión. Entre ellos destacan los de corrupción, fraude electoral, violación de secretos oficiales y hasta importación ilegal de ‘walkie-talkies’. En otras palabras, una serie de acusaciones por parte de la Junta militar golpista para sacarla del ámbito político y así no pueda oponerse a sus planes de reinstaurar la dictadura en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania.
Junto a ella ha sido condenado a la misma pena el ex presidente del país, Win Myint, quien era su aliado en la Liga Nacional para la Democracia (LND). Dicho partido arrasó en las elecciones del año pasado, las segundas que se celebraron de forma libre tras las de 2015, y parecía haber consolidado la transición a la democracia después de ¡¡60 años!! de dictadura. Furiosos por su humillante derrota, los militares dieron el golpe de Estado en febrero alegando un fraude electoral, uno que no vieron ni los birmanos que votaron en masa por la LND, ni los observadores internacionales que certificaron la limpieza de los comicios.
Aunque a los periodistas no les está permitido acceder a los juicios y a los abogados de Aung San Suu Kyi y Win Myint se les ha prohibido hablar, el Gobierno birmano en el exilio ya ha informado que los presuntos culpables niegan todas las acusaciones. “Ella está bien, pero los generales están preparando condenas de prisión que suman 104 años. Quieren que muera en la cárcel”, denunció ante la BBC el Doctor Sasa, uno de los dirigentes del Gobierno de Unidad Nacional que intenta devolver la democracia a Birmania desde el exilio.
Pero será difícil, por no decir imposible, porque los militares están reprimiendo a sangre y fuego las protestas contra el golpe de Estado, que han dejado ya más de 1.300 muertos y 10.600 detenidos. El domingo, los soldados embistieron con un vehículo contra la multitud que se manifestaba pacíficamente por la democracia en Yangón (como rebautizaron los militares a la vieja capital, Rangún).
Nacida en 1945 en la élite de Rangún, la dirigente condenada es hija del general Aung San, héroe de la independencia asesinado cuando ella tenía solo dos años. Educada en los mejores colegios y en Oxford, trabajó en la ONU, donde conoció a su marido, el profesor británico Michael Aris, con quien tuvo dos hijos. Al volver a Birmania para visitar a su madre enferma en 1988, en plena revuelta contra el dictador Ne Win, tomó el liderazgo del movimiento democrático y ganó las elecciones de 1990, anuladas por la Junta militar.
Así, pasó bajo arresto domiciliario durante 15 años, lo que la separó de sus hijos y le impidió despedirse de su marido antes de que éste falleciera de cáncer en 1999. Justamente esos sacrificios personales como consecuencia de su lucha por la democracia la hicieron merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1991.
(Imagen: RFI / AFP)
